Gilberto Zaraza Arcila
El reducido crecimiento económico, el fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible la no deducibilidad de las regalías del impuesto de renta, la falsa expectativa de billonarios ingresos por litigios de la DIAN contra evasores y deudores morosos, aunados a los déficit fiscal, de cuenta corriente y del Fondo de Estabilización de precios de los combustibles y el enorme aumento de la deuda externa que dejó el gobierno anterior, redujeron y limitaron las fuentes de financiación.
Ante el bajo recaudo realizado por la DIAN, el presupuesto del 2024 fue recortado en 20 billones de pesos. Y el del 2025 fue presentado al Congreso desfinanciado en 14 billones de pesos si se le suman los 2 billones de pesos de subsidio a la energía. El presupuesto fue aforado en $523 billones, distribuidos así: Gastos de funcionamiento $328 billones, el 62.7%, con un incremento del 6.4% con respecto al año anterior. Servicio a la deuda $112.6 billones, el 21.5%, aumentado en un 21.7% con relación al 2024. Y para inversión $82.4 billones, solo el 15.7%, disminuida en 17%.
Cuando el país requiere incentivar y aumentar la inversión para reactivar la economía y generar empleo, el gobierno erróneamente la disminuye y aumenta los gastos de funcionamiento con burocracia innecesaria, ineficiente e improductiva como hizo con el Ministerio de la Igualdad que no despega y con más embajadas y consulados.
La disminución de la inversión es realizada en los sectores que tienen mayor impacto social. Los mayores recortes en Deporte y recreación -66%. Agricultura -47%. Inclusión social y reconciliación -37%. Las TICs -33% y Cultura -25%. Y aumenta el presupuesto en entidades politizadas e ineficientes como la Fiscalía en un 25.4%, Planeación 21.5%, Registraduria 9.9% y Justicia 9.6%.
La ortodoxia económica recomienda en época de penurias y limitaciones, reducir gastos de funcionamiento, controlar la corrupción y aumentar la inversión. Pero el gobierno va en contravía. Para obtener los recursos que faltan pretende presentar una nueva reforma tributaria llamada ley de financiamiento, que necesariamente tendrá que incrementar tributos que desincentivan la inversión y aumentan el riesgo de una recesión económica. Aunque el ministro de hacienda ha dicho que es para reducir el impuesto a la renta del 35% al 30%, que representan 20 billones de pesos menos de ingresos, sin especificar la fuente que los compensará. Lo que genera pérdida de confianza inversionista.
La eficiente ejecución presupuestal es un mecanismo de activación de la inversión, el empleo y el crecimiento económico, pero el gobierno ha hecho lo contrario, registra la más baja ejecución de la ultima década.
Tiene un enorme reto que cumplir con el Plan de Desarrollo, pero para ejecutarlo necesita más recursos, que solo puede obtener incumpliendo la regla fiscal. Sin embargo, hay que abonarle que ha resultado más ortodoxo en el manejo fiscal que los gobiernos de derecha.
La inversión forzosa es una alternativa, siempre y cuando vaya acompañada de una mayor disminución de las tasas de interés por parte del Banco de la Republica. Pero la empresa privada prefiere inversiones concertadas y no impuestas. El gobierno que reiteradamente ha mencionado un acuerdo nacional pero no concreta, debe llevarlo a la práctica, pero incluyendo como punto central concertar la reactivación económica, que no incluyó en la última invitación; lo que demuestra que no tiene claridad, prospectiva, ni planeación de lo que necesita para salir de la crisis.
