La exgobernadora Amparo Arbeláez Escalante no solo enfrente en la Corte Suprema el caso de la donación del lote del estadio de Calarcá a la Fundación Abrazar, una entidad de naturaleza privada, lo que está prohibido expresamente por la Constitución Política de Colombia, sino que ahora le apareció otra donación de otro lote de la gobernación, a otra entidad privada, esta vez de carácter religioso.
El primer caso lo hizo a través de la ordenanza 025 de 2007 por medio de la cual ‘regaló’ a Abrazar, cuyo presidente de la Junta Directiva era el exgobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, caso que está en la etapa de juicio oral en la Corte Suprema de Justicia, un lote de terreno conocido como el estadio Guillermo Jaramillo Palacios.
En el caso de Arbeláez Escalante se le señala como autora de los delitos de prevaricato por acción en concurso heterogéneo con celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación y además como coautora del delito de fraude procesal.
Por su parte, Jaramillo Cárdenas es señalado como coautor del punible a título de interviniente del contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado y coautor delito de fraude procesal continuado en calidad de interviniente.
El nuevo caso
El nuevo caso está relacionado con la Ordenanza 003 del 2007 por medio de la cual la exgobernadora Arbeláez Escalante le dona (regala) a una comunidad religiosa Capuchinos de Cataluña y la Fundación Hernán Mejía, un lote de terreno de 25.600 metros cuadrados, en la vereda El Congal, en jurisdicción del corregimiento de Barcelona, municipio de Calarcá.
La Veeduría ciudadana Red Veerte hizo la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación, investigación que asumió la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. El principal argumento de la Veeduría es que los bienes públicos tienen prohibición constitucional de ser donados, cedidos a título gratuito o regalados a instituciones de carácter privado.
La misma veeduría hace otras denuncias sobre ordenanzas que entregan lotes, a título oneroso, en el gobierno de Julio César López Espinoza. EL QUINDIANO consultó sobre este particular a varios abogados, que conceptuaron que cuando la cesión es onerosa o en venta, como en el caso denunciado de las acciones de la Gobernación en la Zona Franca, no aplica la prohibición constitucional.
