Carolina Corcho Mejía*
Se prepara el inicio de la próxima legislatura que se instalará el 20 de Julio, en donde se cumple casi dos años del Gobierno del Cambio que tiene un resultado agridulce en su agenda legislativa, dado que en cuanto a reformas estructurales, logró aprobar la reforma tributaria que fue mutilada por a Corte Constitucional en más de 6 billones de recaudo, se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo en donde la Corte Constitucional ha impugnado el procedimiento de conciliación llevado a cabo por el Congreso, y una reforma pensional que fue sancionada esta semana, y que también será demandada ante la Corte. Los dos primeros años se han caracterizado por un bloqueo institucional al proyecto reformista del gobierno de Gustavo Petro.
En el tercer año de Gobierno se suelen debilitar los ejecutivos frente al Congreso, la legislatura que llega tendrá como presidente del Senado a Efraín Cepeda del Partido Conservador que ha fungido como opositor y se encuentra en disputa la definición del presidente de la Cámara de Representantes, que correspondería por un acuerdo político, al partido verde, no obstante, existe una división al interior de esta colectividad entre el ala opositora y la gobiernista. Aún no está claro quien vencerá en esta puja por la presidencia de la Cámara. Todo augura que las relaciones del gobierno con el Congreso continuarán manteniendo la inestabilidad que la ha caracterizado hasta ahora.
De acuerdo a los expresado por el Presidente de la República la agenda legislativa que se propondrá será igual de nutrida que las anteriores, se propone dar continuidad al trámite de la reforma laboral que ha superado su paso por la Comisión Séptima de la Cámara, en donde sufrió un recorte de los artículos relativos a los derechos de la organización sindical, pero se mantiene en el sentido correcto en la recuperación de derechos recortados en la ley 50, se reconocen festivos, dominicales y todas las consideraciones del contrato laboral. Se avanzará en el ajuste de la reforma pensional, que fue anunciado por el ministro del Interior saliente Luis Fernando Velasco, pero aún no se conoce el detalle del ajuste.
Se va a presentar de nuevo la reforma a la salud, que cuenta con un articulado acotado de 47 artículos que mantiene las líneas esenciales de la reforma que se hundió en el Congreso de la República, se privilegia los artículos que requieren trámite congresional y se excluyó aquello que puede ser desarrollado vía decreto porque existe marco legal. La estrategia de la oposición frente a esta reforma es aupar la presentación de otros proyectos de ley presentadas con organizaciones de la sociedad civil del sector salud, los contenidos de estos articulados buscan restituir el poder de las EPS en el manejo de los recursos públicos de los colombianos, sólo que les quitan el riesgo financiero, es decir, manejarían los recursos sin ninguna exigencia de requisitos financieros ni respaldo patrimonial, si existe déficit o quiebra, esto sería asumido por los colombianos con sus impuestos, a través de la ADRES, que de acuerdo a estas propuestas de la oposición, asumiría el riesgo financiero.
Se presentaría también la ley de servicios públicos que adelantan el DNP, la Superintendencia de Servicios Públicos, los ministerios de Minas, Ambiente, Vivienda y Tics, que lo que busca es dejar a los ciudadanos como el eje central de la regulación, regular la relación del ciudadano con los prestadores del servicio, se busca el fortalecimiento de la prestación de servicios públicos y focalizar con mejor criterio la destinación de subsidios.
El Ministro entrante Juan Fernando Cristo expresó que se presentaría de nuevo el proyecto de ley estatutaria de educación, que naufragó en el último debate de plenaria de Senado de la República después de que el articulado fue envenenado por la oposición en una enmienda, que dio al traste con el sentido de la reforma, dado que con los cambios introducidos la reforma apuntaba a constitucionalizar la privatización de la educación, lo que implicó una enorme movilización de FECODE que determinó el hundimiento del proyecto de ley. Por lo pronto no se conoce cuál sería el nuevo articulado, no obstante, FECODE ha expresado que su interés prioritario en este momento es abocarse a una reforma del sistema general de participaciones SGP, dado el retroceso que este tuvo en la reformar del año 2000 que afectó a sectores como el de salud y educativo en más de 250 billones de pesos hasta el momento.
Otro proyecto de ley que está sobre la mesa, es el de sometimiento de organizaciones criminales de alto impacto y bandas urbanas ligadas al narcotráfico, que es un marco normativo fundamental para que sea viable el avance de la Paz Total que fue consagrado en la ley 2272 de 2022, no obstante la Corte declaró inexequible las facultades que otorgaba el Congreso al Presidente de la República para establecer el marco de sometimiento a la justicia, por lo que se requiere el trámite congresional dado que no existe una herramienta legal que posibilite que llegue a algún acuerdo los diálogos que se adelantan los grupos armados que no tienen reconocimiento político como el Clan del Golfo, o las bandas urbanas ligadas al narcotráfico de Antioquia, del Chocó, de Buenaventura y de Santa Marta, entre otras.
Por último, se ha señalado que se va a presentar la ley ordinaria de jurisdicción agraria, en el marco de la ley estatutaria recientemente aprobada, en la cual quedó pendiente el artículo relativo a la restitución de tierras por vía administrativa cuando no hay opositor, esto se hundió en la conciliación de la ley estatutaria, y debe ser retomado en la ley ordinaria, esto es fundamental dado que se calcula que alrededor de 8 millones de hectáreas se encuentra en procesos judiciales, estas leyes serán fundamentales para agilizar estos proceso de restitución de tierras.
Sobre la presentación de estos proyectos de ley, el Presidente de la República manifestó en su última intervención en la ONU, que apelaría a la figura del Fast Track, no obstante, así como la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente requiere mayorías congresionales, esta figura de trámite rápido de leyes, requeriría mayorías absolutas en el Congreso para tramitar un acto legislativo que autorice este tipo de trámite, y allí volvemos a la misma situación que hemos descrito, las mayorías que convoca el gobierno en el Congreso de la República son inestables. Ya veremos qué pasará.
*Exministra de Salud, médica psiquiatra
TOMADO DE REVISTA SUR.
