El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia condenó a Néstor Jaime Montoya Berrío por el delito de hurto agravado y acceso abusivo a sistemas informáticos, en calidad de autor, a título de dolo y como consecuencia, condenarlo a la pena principal de 9 años de prisión y 160 salarios mínimos legales mensuales vigentes al año 2020.
Pero el despacho falló favorablemente al procesado al darle una fianza de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes ingresándolo en un subrogado penal al que, según la decisión de primera instancia, tuvo oportunidad de tener por no presentar antecedentes penales en el Sistema Penal Oral Acusatorio –SPOA, entre otras.
La abogada defensora del Fondo de Empleados de la Universidad del Quindío, entidad a la que ente sujeto pertenecía y cometió la acción al margen de la ley, apeló la decisión y se irá a segunda instancia ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia.
Los hechos
Néstor Jaime Montoya Berrío, que manejaba directamente la Tesorería del Fondo de Empleados de la Universidad del Quindío, es el responsable directo del faltante de $769 millones 799.211, en la entidad, según denuncia instaurada ante la Fiscalía General de la Nación por el gerente de este organismo de economía solidaria en la región José Fernando Jaramillo, y firmada también por la contadora del organismo Luz Adriana Gutiérrez Gordillo y la Revisora Fiscal Luz Dary Gómez Giraldo.
El empleado Néstor Jaime Montoya Berrío, que tenía acceso a las claves del sistema contable de los dineros del Fondo, realizó durante los últimos 9 años un ‘jineteo’ a las cuentas de la entidad, lo que lograba ocultar borrando y modificando constantemente los registros contables.
Tomaba el dinero, borraba y modificaba los registros, utilizaba ese efectivo en actividades aún desconocidas, y luego lo regresaba, para lo cual tenía que volver a borrar y modificar registros.
Sin embargo, por orden del gerente José Fernando Jaramillo se hizo un arqueo general, tras las sospechas de la falta de dinero, y se halló que en caja debieron circular $1.125 millones 260.267, pero en realidad solo se hallaron $355 millones 461.066, lo que indicaba un faltante de $769 millones 799.211.
El gerente Jaramillo tomó la decisión inmediata de suspender al empleado Néstor Jaime Montoya Berrío, que llevaba 27 años vinculado a la entidad, pedirle el token de bancos, todas las claves y las llaves de la caja fuerte, bóveda, oficinal principal y alterna.
En su relato a la Fiscalía, el gerente José Fernando Jaramillo confirma que el señor Montoya Berrío reconoció su falta y efectivamente dijo ser el autor del faltante.
“El denunciado, llorando y pidiendo perdón, aceptó la responsabilidad de manera verbal del faltante del dinero, manifestando que era el responsable del faltante y que tomó los dineros para cubrir deudas de la anterior representante legal del Fondo de Empleados de la Universidad, señora Fanny Guerrero Pérez…”.
Por otra parte, tres empleados más del Fondo hicieron denuncia penal contra el mismo individuo Montoya Berrío, por haber utilizado sus perfiles y claves del software institucional de la entidad, sin sus consentimientos. La empleada Mónica Pilar López Rojas manifiesta que le dio a Montoya el número de usuario y clave personal del software como un hecho de confianza en él.
En tanto, los empleados Fabio Botero Giraldo y Hernán Darío Villa manifestaron que jamás le dieron al señor Montoya el nombre del usuario y la clave personal para ingresar al software y desconocen cómo las obtuvo.
Esta última denuncia se presenta porque el implicado Montoya estuvo separado, por sospechas del gerente Jaramillo, del cargo de la Tesorería, lo que implicó el cambio de los usuarios y claves de ingreso al sistema. Aparentemente todo siguió igual, normal, y el señor Montoya volvió a su puesto. Ahora, la investigación interna ha descubierto y probado que durante ese tiempo en que Montoya estuvo desvinculado de la Tesorería se presentaron también los movimientos de ‘jineteo’ y se borraron y modificaron los registros contables, razón por lo cual todo se veía normal aparentemente. Se comprobó que fue el propio Montoya quien borró y modificó los saldos contables, utilizando las claves de sus tres compañeros de oficina, razón por la cual no fue descubierto.
Personas vinculadas con el Fondo se preguntan cómo la contadora de la entidad, Luz Adriana Gutiérrez Gordillo, y la propia Revisora Fiscal Luz Dary Gómez Giraldo pasaron por alto en sus informes los faltantes durante nueve años.
Al consultarle al gerente Jaramillo sobre esta anormalidad, explicó que él asumió el cargo en el 2014, y tanto la contadora como la Revisora Fiscal entregaron certificados donde se acreditan las cuentas y la normalidad de los procedimientos contables y financieros.
“El principio fundamental de una buena gerencia es la confianza en su equipo de trabajo. Yo confié en esos reportes, porque así aparece en los libros”, sostiene.
Sin embargo, Jaramillo explicó que a raíz de una visita de rutina de la Superintendencia de Economía Solidaria, se notó que a comienzos de este año, en los reportes del 29 de enero y el 18 de febrero, no había certificados de saldos de los arqueos correspondientes. Aunque este no fue un obstáculo para que la oficina fuera aprobada por la Superintendencia, internamente se empezó la investigación y se llegó a evidenciar el faltante de los $769 millones.
