*John Harry Reales Martínez
Carta abierta al alcalde (e) de Armenia José Fernando Ospina Gómez y al secretario de Educación municipal Mario Alberto Álvarez Marín
Cordial saludo.
Ante el anuncio de la ministra de educación nacional con respecto al regreso de las clases presenciales cualquiera que sea su modalidad, tengo para manifestar lo siguiente:
Bajo el uso de la estadística se ha pretendido hacernos creer que la curva sobre la pandemia ha venido descendiendo, lo cual no es cierto y por el contrario las cifras que día a día se dan por parte del gobierno, de las cuales dudo que sean las reales, muestran que de acuerdo con la cantidad solo de las pruebas realizadas crecen de forma exponencial. Esto sin contar con las personas asintomáticas que pudieren ser un número muy grande y sin cuantificar, por la condición misma de ellos.
La estadística es una herramienta muy útil, la cual puede ser utilizada según se quiera para mostrar u ocultar información de acuerdo a los intereses que se tengan. Por ello es necesario definir las variables que permiten el juego estadístico, cosa que aún el gobierno no define y se limita a especular con la frase “aplanamiento de la curva”. La alcaldesa de Bogotá Claudia López ha demostrado hasta la saciedad que con el confinamiento ordenado por ella en la cuidad y copiado a regañadientes por el presidente, el crecimiento de la pandemia fue limitado; pero con la apertura escalonada de varios sectores productivos del país, se ha dado un crecimiento que en ocasiones duplica y/o triplica los casos de contagio.
Con el confinamiento obligatorio el gobierno ganó tiempo para crear la infraestructura necesaria para atender la pandemia y con ello evitar un alto número de decesos como ocurrió en otros países los cuales no estaban preparados para atenderla; esto trajo como consecuencia no solo el desastre económico sino también un abultado número de pérdida de vidas humanas. Con la apertura paulatina y consuetudinaria día a día de los sectores el contagio va a seguir creciendo y pareciera que el gobierno ya hizo las cuentas y cálculos del número de colombianos que no solo pudieren llegar a contagiarse, sino también a fallecer.
La reapertura no solo pone al grueso de la población trabajadora en riesgo de contagio, sino también a sus familias y por ende a los estudiantes. Ya han sucedido casos documentados en los cuales una persona que se contagió, luego involucró al resto de su núcleo familiar y varios de ellos fallecieron.
Intuyo y puedo entender que el afán de aperturar las escuelas y colegios del país puede obedecer a la necesidad creada de tiempo atrás de convertir a las instituciones educativas en guarderías o centros de cuidado de niños y adolescentes, dando oportunidad a los padres para que estos puedan ejercer sus distintas actividades laborales. Todo esto cambió tanto el rol de los maestros como el de las escuelas y colegios, pasando de centros de instrucción y educación a sitios de tenencia y cuidado; de esta manera, el estado convirtió a los educadores en cuidadores. A esto obedece la propuesta del gobierno en el sentido que a partir del 1 de agosto, se reinicien las clases presenciales.
Ante esto, existen variables a cerca de salud de los estudiantes, maestros, sus familias y comunidad en general que no se han tenido en cuenta, como también las responsabilidades jurídicas que pudieren derivarse de este hecho. Por ejemplo, las “enfermedades de base” que sufren estudiantes y docentes. Este solo hecho, se convierte en un elemento importante que por lo que veo no se ha evaluado.
Un solo estudiante asintomático se convierte en un vector de contagio para el resto de la comunidad educativa ya que es casi imposible conocer la tenencia del virus y el contacto permanente entre ellos representa un gran riesgo para todos los interactuantes, ya que como lo ha mostrado el gobierno nacional en sus diferentes publicidades, el contagio puede darse con tocar una llave del baño, o poner cualquier parte de su cuerpo en contacto con una superficie contaminada o el compartir cualquier elemento propio de la vida escolar.
El hecho de que el ministerio expida unos lineamientos generales para el regreso a clases, no significa que las medidas de bioseguridad estén dadas para evitar un posible contagio; esto requiere de una gran inversión económica la cual no se sabe quién la vaya a asumir. Por ejemplo los estudiantes deberían llevar una prueba reciente de no tener el virus y la cual debe repetirse por lo menos cada cuatro días tiempo en que se produce la incubación. El costo de los tapabocas, los cuales deben cambiarse a diario; los productos y elementos de desinfección a la entrada de las instituciones educativas, el suministro del jabón para el constante lavado de manos, el suministro de caretas especiales, la limpieza constante de los diferentes espacios escolares incluidos puertas, llaves de los baños, barandas, paredes, etc. Como puede verse, la situación en materia de bioseguridad y sus costos es compleja.
Podía uno pensar que con la mapificación del virus podría resolverse el problema y con ello abrir algunas instituciones donde el contagio no sea alto o ligeramente moderado, pero recuerde que por apetencia tanto de padres como de estudiantes muchos de ellos recorren grandes distancias para asistir a establecimientos que están fuera del perímetro de sus residencias, lo cual implica un alto riesgo de contagio no solo en el transporte público, sino llevarlo a sus hogares.
Con respecto a la capacidad instalada, le recuerdo que gracias a las relaciones técnicas determinadas por el ministerio de educación nacional, en la gran mayoría de los colegios existe un “hacinamiento” de estudiantes. Para resolver este problema el gobierno ha propuesto como solución la “alternancia”, lo cual en vez de resolverlo, lo agrava ya que la rotación se convierte en otro vector de contagio por la entrada y salida constante de los mismos.
Como puede observarse, la situación es bastante complicada ante el momento de pandemia que vivimos para que se dé un regreso a clases a partir del primero de agosto. La encuesta que hizo la secretaría de Educación municipal (SEM) sobre el tema arrojó que por inmensa mayoría 88% contra el 12%, una negativa para que se retomen las clases presenciales bajo cualquier modalidad. La ciudadanía tiene claro que el regreso a clases presenciales sería un acto de irresponsabilidad y casi que llevar tanto a estudiantes, maestros y a sus familias a un genocidio por lo ya descrito en el presente escrito.
Consideraciones
Los números del gobierno dan cuenta del alto contagio de profesionales de la salud, los cuales si saben del manejo de este tipo de patologías y aunque tienen claramente definido un protocolo de bioseguridad por ser la primera línea de defensa, ya hay un buen acumulado de contagios y fallecimientos de ellos. Los maestros no estamos preparados para atender esta crisis y menos contamos con los elementos adecuados de protección.
Mi labor es la de docente, no la de cuidador. Por lo tanto no voy a asumir la responsabilidad de estar detrás de un estudiante para que se cuide y evitar así su contagio.
¿Quién garantiza que los estudiantes no lleguen con el virus a las instituciones?
No asumo ninguna responsabilidad jurídica (civil o penal) frente al posible contagio de algún estudiante.
No creo que las mismas sean de los rectores ni las instituciones, si la orden del retorno a clases proviene de la SEM.
¿Quién asume las responsabilidades del contagio de los maestros y sus familias?
¿Se conocen cifras de educadores o de sus familias con respecto a contagios?
¿Qué pasa con los docentes mayores de 60 años?
¿Quién asume las consecuencias y complicaciones derivadas de la morbilidad o enfermedades de base como las llama el gobierno, de estudiantes y docentes ante el contagio?
Mientras el gobierno mantiene cerrados los bares, discotecas, restaurantes y sitios de concentración masiva, manda a que los estudiantes vuelvan a clases presenciales con todas las circunstancia agravantes ya descritas.
¿No es esta una lógica inversa?
Si se atiende el 12% de manera presencial y el 88% de forma virtual, esto sería una sobre carga laboral para el docente. ¿Quién responde por su salud mental y física?
¿Está el gobierno municipal en capacidad de asumir dichas responsabilidades?
El gobierno nacional se lavó las manos con unos lineamientos generales para el regreso a clases y como siempre embarcó a los entes territoriales en una sin salida.
*Docente de Biología y Química.
Institución Educativa: Enrique Olaya Herrera de Armenia. Ingeniero Agroindustrial.
Especialista en Gerencia para Ingenieros Especialista en Gestión Pública.
