A propósito de la política de seguridad del actual gobierno, dos disposiciones —cuando menos— suscitan reparos en lo que respecta al precepto institucional que les subyace.
La primera de ellas atañe al Decreto 2362 de 2018, el cual extiende por un año más la suspensión general de los permisos para el porte de armas en todo el territorio nacional. No obstante, dicho decreto abrió la posibilidad para que el Ministerio de Defensa Nacional estableciese lineamientos por los cuales se permitiese la expedición de autorizaciones especiales para el porte y tenencia de armas. Así, dicho Ministerio, en la directiva 06 de 2019, expedida el 18 de febrero, estipuló los lineamientos y directrices para la expedición de autorizaciones especiales y excepciones para el porte de armas de fuego. Con ello, se garantiza la posibilidad de que quienes deseen portar un arma y cumplan satisfactoriamente con el proceso de evaluación y análisis logren acceder a un permiso de porte especial.
Antes de ser promulgado dicho decreto, las bancadas en la Cámara de Representantes del Partido Centro Democrático y del Partido Conservador habían instado al presidente Duque a flexibilizar la expedición de los salvoconductos, como medida para garantizar el derecho a la legítima defensa de los colombianos que así lo exijan.
No obstante, esta directriz podría acarrear un desconocimiento del principio de exclusividad en el uso de las armas, bastión fundamental para todo Estado moderno. Aunado a esto, la adopción de un régimen más laxo y permisivo a la hora de expedir salvoconductos podría ocasionar un incremento en los ya preocupantemente altos índices de homicidios. Además, la mencionada directriz desestima los pronunciamientos de la Corte Constitucional, la cual ha señalado, particularmente en la sentencia C-082/2018 que los particulares no tienen una obligación de actuar para la defensa del orden público.
La política de seguridad en este caso debería centrar sus intenciones en promover y fortalecer, por medio de un esfuerzo interinstitucional, medidas encaminadas a incautar el armamento ilegal que circula actualmente en el mercado negro colombiano. Entre el 2010 y el 2018, cerca del 75% de los homicidios cometidos anualmente se ejecutaron con armas de fuego, lo que demuestra la insuficiente capacidad institucional para reducir el impacto de las armas ilegales en la tasa de homicidios. Por ello, abrir la puerta a la posibilidad de aventar más armas a la calle, esta vez de forma legal, es un enorme despropósito.
El segundo pilar de la política de seguridad del presente gobierno genera mayor preocupación aún. Desde los primeros días de su gobierno, el presidente Duque exhortó a la ciudadanía a hacer parte de las denominadas “Redes de Participación Cívica”, una estrategia con la cual se busca que los civiles informen a las Fuerzas Militares de cualquier acción sospechosa para mejorar los tiempos de respuesta y el despliegue efectivo de unidades policiales y militares.
Esta estrategia replica una propuesta que fue originalmente implementada durante la administración de Álvaro Uribe. A lo largo de sus ocho años de gobierno, Uribe puso en marcha las llamadas “Redes de Cooperación Ciudadana”. En el año 2007, entre febrero y abril, WikiLeaks filtró tres cables diplomáticos enviados desde la embajada de Estados Unidos en Colombia a Washington en donde se recogía información que señalaba que dichas redes de informantes habían estado conformadas por exparamilitares desmovilizados. Los líderes paramilitares de entonces, hoy extraditados a los Estados Unidos, pactaron un acuerdo con el gobierno para que sus redes de informantes se incorporaran a las redes de cooperantes del ejército. La múltiple presencia de Grupos Armados Organizados y de Organizaciones Residuales que se configura actualmente presenta un panorama factible para la reedición de estas circunstancias.
Aparte del eventual manejo criminal que podría dársele a esta red, la estrategia de configurar una “Red de Participación Cívica” desconoce el principio de distinción, el cual establece la prohibición jurídica de que los civiles sean involucrados en tareas de preservación del orden público a través del uso de la fuerza o en ejercicio de labores de inteligencia, como lo señala la Corte en la sentencia C-251/2002. Así entonces, estaríamos de nuevo ante un enfoque que desestima las posibilidades institucionales de las Fuerzas Armadas y convoca a los civiles a adentrarse en funciones que jurídicamente no les corresponde, más allá del deber de solidaridad. Estas decisiones no son sólo inconvenientes e improcedentes, sino que también promueven la desinstitucionalización de las estrategias de seguridad ciudadana y orden público.
@danbusfer
