Esta es la primera entrega de tres artículos sobre comisiones de la verdad que escribí sobre este tema que ha suscitado tanta discusión en los últimos días. Contrario a lo que muchos creen no es un invento colombiano, ni una exigencia de las Farc. Según el Ministerio de Justicia, en su apartado sobre justicia transicional “las comisiones de la verdad son órganos creados para investigar patrones de violencia ocurridos en un país durante un tiempo determinado, y son parte de las diferentes medidas para responder a violaciones masivas a los derechos humanos ocurridas en el pasado y con el fin de lograr una transición hacia la paz. Cada sociedad define las condiciones particulares de su comisión de la verdad. Por lo general, se caracterizan porque recogen información directamente de las personas afectadas, son oficiales, de carácter temporal y no judicial”.
Lo anterior quiere decir que, las comisiones están hechas para que como en el caso colombiano, luego de más de cinco décadas donde se registraron cantidades de atrocidades cometidas en el marco del conflicto armado interno, podamos confrontarnos frente a frente (víctimas y victimarios) con nuestro pasado, buscando garantizar la no repetición de los hechos narrados en ellas.
Decía qué, no es un invento de Colombia, ni una exigencia de la difuminada Farc. Varios portales recogen experiencias de este tipo. Y Suráfrica es quizá uno de los referentes a la hora de hablar de comisiones de la verdad. En el 2002, se entregó el documento “Comisión de la Verdad y la Reconciliación”. Su mayor crítica obedece a que, a pesar de la diversidad lingüística de este país, solo se socializó en inglés a comunidades que no dominaban dicha lengua. El informe recogió testimonios de más de 20.000 víctimas de la política estatal conocida como “El apartheid” que atravesó gran parte del Siglo XX.
La comisión de la verdad de Argentina, conocida como la “Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP)”, fue presidida por el escritor y humanista Ernesto Sábato. La comisión se encargó de investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridos en la Argentina entre 1976 y 1983 a manos de la dictadura militar. Se habla de unos 30 mil desaparecidos durante este brutal periodo. Como producto se conoce el libro ¡Nunca más!, también conocido como “Informe Sábato”. Más adelante, se concedería indulto a cerca de 280 militares, implicados en torturas, muertes y desapariciones, hecho que sería duramente condenado por los miembros de la comisión. Se han realizado varias reediciones del libro que también han suscitado críticas.
En Guatemala funcionó de 1994 a 1999 la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, integrada por 3 miembros (1 de ellos extranjero). Su vecino El Salvador, entre 1992 y 1993 conformó la “Comisión de la Verdad para El Salvador”, la cual fue integrada por el ex presidente de Colombia Belisario Betancur, un congresista venezolano y un exjuez de EEUU. Trabajaron durante ocho meses y se recogieron más de 22 mil testimonios de víctimas de un conflicto que se inició en 1972 y que concluyó casi 20 años después.
Los brasileros merecen especial capítulo en este aparte. En 1990 fue conformado de forma secreta, el Proyecto Brasil Nunca Más; documento que describió los castigos y torturas a los que fueron sometidas las víctimas y que, incluye testimonios de la labor de agentes de la CIA, quienes enseñaron "Métodos científicos para arrancar confesiones y obtener la verdad". Dos de sus integrantes fueron asesinados. De forma paralela, las Fuerzas Armadas publicaron su propia verdad, la cual sería conocida como “Brasil Sempre”, documento donde justificaron sus acciones, para según ellos “salvar a la patria del monstruo del comunismo y del caos interno”.
En el año 1980, Sendero Luminoso y el Movimiento Tupac Amarú (1984), se enfrentaron al estado durante los 12 años que duraron las dictaduras militares en Perú. Con la llegada de Alberto Fujimori a la presidencia se intensificó el conflicto, las fuerzas oficiales replegaron a los grupos armados ilegales, no sin antes cometer crímenes contra la población civil justificados en su lucha contra el terrorismo (no es lejano a nuestra realidad). En el año 2001, se conformó lo que se conocería como Comisión de la Verdad y Reconciliación, esta determinó que durante el conflicto no menos de 70 mil personas murieron. La comisión concluyó que, Sendero Luminoso era el responsable del 55% de las muertes y el 45% restante de las muertes habían sido cometidas entre los militares, la policía, otras fuerzas de seguridad y cada uno de los gobiernos durante el conflicto, cometiéndose la mayoría de ellas, durante el gobierno de Fujimori.
Algunas de estas han sido de carácter no oficial, como el Comité impulsor del Juicio contra García Meza, quien el 17 de Julio de 1980 se hizo al poder por medio de un golpe de estado en Bolivia. Este comité, se encargó de investigar masacres de opositores políticos, desapariciones forzadas, torturas, y expulsiones ilegales del país acontecidas durante el ejercicio de la dictadura. En 1992 se lograría condenar a 30 años de cárcel a García Meza y otros cincuenta implicados.
Por su parte, Chile crea la “Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación” que, en 1990 buscó esclarecer los hechos más graves en materia de violación de derechos humanos acontecidos durante la Dictadura Militar de Augusto Pinochet, desde 1973 y que finalizaría en 1988 con un plebiscito.
Atravesando el pacifico sur, a más de 17,729 kilómetros, se encuentra Timor Oriental, que creó la “Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación” y recogió lo acontecido desde 1974, cuando luego de anunciar la independencia de Portugal, dos partidos recién creados se disputaron el poder por la vía de las armas. El informe determinó que 102.800 timorenses murieron por asesinatos, desnutrición o enfermedad. A su vez, este permitió la reconciliación y reintegración de victimarios que cometieron crímenes menores, quienes confesaron sus actos a través del "Proceso de Reconciliación Comunitaria".
Estos acontecimientos soportados en las comisiones de la verdad, han permitido la mayoría de veces, esclarecer múltiples casos de violaciones a los derechos humanos. Como su objetivo lo plantea, a su vez, han facilitado el proceso de reconciliación, a partir del reconocimiento del otro, mediante la comprensión del fenómeno armado acontecido, que es uno de los principales factores a tener en cuenta a la hora de superar un conflicto.
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