Este año, 8.5 millones de niños colombianos se vieron afectados por el cese de clases que tuvo en vilo a Colombia durante un mes. Las movilizaciones de docentes se replicaron en varias partes del país y durante varias semanas se mantuvieron en el centro de la atención. Las grandes ciudades vieron su cotidianeidad alterada luego de que los docentes salieran a las calles a demandar mejoras salariales. Pancartas, reclamos a viva voz, fueron algunos de los elementos que se unieron para dar un sólo mensaje: el sistema educativo está saturado. Lo cierto es que el paro es sólo la parte más visible de un sistema que está en crisis y que presenta condiciones alarmantes.

Colombia es el país de América Latina que menos invierte en educación. Así lo confirma un informe presentado semanas atrás por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde). Según lo demuestra el estudio, en Colombia no se invierte ni 10% o 20% de lo que se gasta en otros territorios de la Ocde. Frente a este panorama, María Antonieta Cano, miembro de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), aseguró que “por estudiante debe haber una inversión de 10.000 dólares como sucede en casi todos los países industrializados”. La realidad es que el monto actual destinado, está lejos de esa cifra. Actualmente, el país invierte US$3.245 por estudiante, la cifra más baja en toda América Latina, seguida por México que destina US$3.703.

La falta de inversión es tan sólo una de las causas del deterioro actual del sistema educativo colombiano. Entre los reclamos de los docentes, uno resonó con fuerza. Los diferentes paros no tuvieron una sóla motivación, es decir, no sólo se reclamaban mejores salarios, sino también mejores condiciones para los estudiantes.

ías atrás, el presidente Juan Manuel Santos reconoció que en el país, sólo la mitad de los bachilleres logra ingresar a la educación superior. Según su estimación, cuando llegó al poder, el porcentaje estaba por encima del 37%, mientras que actualmente el porcentaje es del 50%. Hoy en día, uno de cada dos colombianos que se gradúan de bachilleres, no tienen acceso a la educación superior. “Todavía tenemos un largo camino por recorrer”, aseguró Santos. Lo cual es cierto, el país todavía no presenta un sistema educativo acorde a las necesidades que se registran.

Un sistema sólido, debe estar en total coordinación con los objetivos a cumplirse. La educación permite disminuir los niveles de desigualdad y por ende también, los de pobreza. La calidad educativa repercute directamente sobre las capacidades que los estudiantes logren desarrollar. Y si esa base no es buena, tampoco lo serán las oportunidades de crecimiento de los jóvenes.

Cuando el Estado no escucha, a la ciudadanía no le queda otra opción más que salir a la calle y movilizarse para luchar por lo que quiere conseguir. De este modo, instituciones públicas y privadas decidieron salir a marchar por su situación financiera. El rector de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Adolfo León Atehortúa, fue quien convocó a las universidades estatales a movilizarse contra el Gobierno frente al modelo actual de financiamiento.

El reclamo se debe principalmente a la distribución de los recursos. En especial, se critica la forma en la que el financiamiento favorece a programas como “Ser Pilo Paga”. Dicho programa de créditos universitarios para estudiantes de escasos recursos despertó polémicas luego de que el Consejo de Ministros de Colombia, anunciara que él mismo había permitido cerrar la brecha de acceso a la educación superior. Según datos aportados por el Icetex, el 87,42% de los créditos que entrega dicha institución están destinados a estudiantes que ingresan a universidades primarias, mientras que sólo el 12,58% es para las públicas. Son 30.000 estudiantes los que forman parte del programa. De los cuales el 82% realiza sus estudios en universidades privadas y el 18% lo hace en alguna institución de educación pública del Estado. Así lo evidencia las cifras presentadas por el Ministerio de Educación.

La preocupación de aquellos que se movilizaron en defensa de la educación pública es que de los 1,9 billones de pesos que el Ministerio de Educación, anunció que se aumentarían para 2018, 900.000 millones serán destinado al financiamiento de Ser Pilo Paga. Lo que hará que se mantenga la dinámica de desfinanciación de la educación superior pública.

Las cifras ponen en evidencia la falta de financiación de la universidad estatal, lo que a su vez genera una gran brecha entre los estudiantes que tienen acceso a la educación privada y aquellos que llevan a cabo sus estudios en instituciones públicas. Esa brecha contribuye al crecimiento de la desigualdad, lo que desfortalece la movilidad social.

El reclamo de los académicos y de las instituciones no es desconocido por los políticos. Si hay algo en lo que todos están de acuerdo es que se necesita una reestructuración de fondo del sistema financiero de la educación. Ese sería el punto de partida para reorganizar el sistema actual y poder dirigir los recursos disponibles a las áreas que más lo necesitan y así poder lograr cambios reales, que ayuden al fortalecimiento de la educación, para así brindarle más oportunidades a los colombianos.