William David Grisales Suárez
Transcurría noviembre de 2001 y en la república Argentina, crecía la incertidumbre que llevaría esta economía a una inminente quiebra. La falta de pericia en el manejo de la refinanciación de la histórica deuda externa que tuvieron los anteriores dos gobiernos se fusionaba con la incapacidad del presidente Fernando de la Rúa para estabilizar el país, termino este por descargar toda la responsabilidad de esta bomba de tiempo en su entonces ministro de economía Domingo Cavallo, una especie de Alberto Carrasquilla, más experimentado, menos arrogante, soberbio e irritante. Todo un experto en economía y operaciones financieras que en su desesperada búsqueda por cubrir el hueco fiscal que le habían causado los desaforados intereses a los que había ascendido la deuda, transformó la moneda local (Austral) en peso argentino, y no contento con esto busco equipararlo al dólar americano. Una pésima idea. Ya que como es común en las democracias latinoamericanas los grandes capitales se fugaron y en dólares, los dineros sueltos y ahorros de la población quedaron como garantía o colchón líquido en la economía interna. La burbuja terminó por estallar y con ella la incontenible crisis social del 2001, la ciudadanía volcada masiva y anárquicamente en las calles saqueando, cazando gatos, perros y caballos para poder comer, el presidente escapando en un helicóptero desde la terraza de la Casa Rosada y un gobierno de facto llegando a tratar de apagar la llamarada social. Esta introducción para contextualizar el lúgubre panorama que se cierne sobre Colombia con la macabra reforma tributaria del gobierno uribista que preside Iván Duque Márquez.
Si bien el peso colombiano depreció un 4.29% según cifras del Banco de la Republica desde el inicio de la pandemia, lo que nos lleva a tener una moneda débil y parcialmente devaluada, el texto de la “Ley de Solidaridad” como pretenciosamente la han bautizado para camuflar su carácter impositivo y rapaz, lo único que conseguirá es empobrecer aún más a la ya decadente clase media colombiana, la misma que durante décadas se ha forjado a pulso y que de una u otra forma lleva a cuestas las débiles bases tributarias de la economía de nuestro país. Pese a lo impopular de esta medida que se ha ido filtrando con el paso de los días ante la opinión pública desde la casa de Nariño siguen empleando la vieja táctica de divulgar un parcialmente real borrador del texto que graba los productos más básicos de la canasta familiar. “Nos regalan el problema para después vendernos la solución que pagaremos en cómodas pero costosas cuotas”. Los argumentos apocalípticos de carrasquilla y compañía nos plantean una bancarrota estatal a la vuelta de la esquina, el país está desfinanciado pese al derroche cínico de este gobierno que se mofaba de criticar la “mermelada santista”, de ninguna manera apelarán a grabar las grandes actividades económicas, ni más faltaba. Acá quien tiene que pagar los platos rotos es el mono de la pila, según el ministro de hacienda “hay que ponerse la mano en el corazón” para hacerle la segunda a un gobierno tan indolente que mientras la pobreza crece descomunalmente como no se veía desde la época más cruda del conflicto armado, se dedica a despilfarrar el erario en multimillonarios contratos para compra de sofisticados equipos y armamento a los Estados Unidos, mobiliario y vehículos para las diferentes carteras y dependencias centrales, burocracia desbordada como en ningún otro gobierno, al mejor estilo de Hugo Chávez, el presidente Duque gasta cerca de 300.000 millones de pesos en sus vanidades faranduleras, el programa más soso, aburrido y poco interesante de la televisión colombiana donde el mandatario hace gala de sus dotes de presentador y conductor dando a conocer datos imprecisos y haciendo promesas que no podrá cumplir como la reconstrucción de San Andrés y Providencia, la ejecución del cronograma de vacunación o bajar el desempleo a un digito.
Pero volvamos a la reforma. Durante la campaña de 2018 el pupilo de Álvaro Uribe se rasgaba las vestiduras en los debates televisados criticando los incrementos en las cargas impositivas que para ese entonces planteaba su antagonista el ex presidente Juan Manuel Santos. Lo tildaba de tirano y desfasado, inconsciente e incapaz de reducir el gasto público. Duque fue más allá. Planteo una ley de recortes burocráticos en caso de resultar electo, disminución de salarios, gastos de representación entre otros, que mala memoria tiene el presidente, nunca la llevó a cabo desde que ejerce el poder. El texto de su reforma centra el mayor recaudo líquido en una tasa grabable gradual a algunos productos de la canasta básica, asimismo a trabajadores que devengan más de dos millones quinientos mil pesos para 2021, más de millón ochocientos mil pesos para el año 2022 y más de un millón seiscientos mil pesos en 2023 con la excusa de mantener y expandir la política asistencial, los subsidios estatales, el sostenimiento de la empleabilidad pública y la liquidez permanente del Estado, donde ya está contemplado el presupuesto para un gobierno en el que Duque ya no estaría al frente del país en agosto de 2023, y dando por descontados los 50 billones que se roba al año el flagelo de la corrupción, esa que no da tregua ni se apiada del pueblo colombiano.
La pregunta aquí es: ¿cuál es el afán inconmensurable de este gobierno en descargar la mayor parte de la carga impositiva en los hombros de la ciudadanía y no en los grandes capitales locales y multinacionales? ¿En qué momento el Iván Duque presidente decidió contradecir al Iván Duque senador que era férreo opositor y ácido crítico de lo que hoy defiende? Este gobierno lleva la incoherencia y el cinismo como estandarte. Al día de hoy incumplió el 80% de sus promesas de campaña y la excusa general es la pandemia, sus costos y efectos, el heredado déficit fiscal y, como no, la masiva migración de extranjeros vecinos.
En realidad, la asistencia al pueblo colombiano ha sido prácticamente minoritaria, clasista e inequitativa. Será que esta reforma lo que busca es mermar la clase media y hacer más dependientes a los nuevos pobres para mantener una tendencia ideológica en decadencia durante algunos años más en el poder… el balón está en el campo del Congreso de la Republica, que tienen la responsabilidad histórica de hacer escuchar la voz soberana e inconforme que al unísono rechaza la reforma de la ignominia. Desde la época de la violencia de los carteles del narcotráfico durante los años 90 en el país no se percibía un ambiente tan tenso a nivel social, político y económico.
