Por Aura Marlene Ríos Chaparro

En reciente pronunciamiento, el ministro de Justicia, Wilson Ruíz, anunció que, al haber sido modificada por el Congreso de la República, la Ley 270 de 1996, luego de 25 años de intentos infructuosos, dicha reforma será la panacea que estábamos esperando, en la medida que, según el ministro, dicha reforma asegura que el 3% del presupuesto anual de la Nación, sea destinado a la Administración de Justicia.

Dicho lo anterior, vale la pena preguntarse si, ¿la lentitud y represamiento de expedientes judiciales, se da por falta de presupuesto?, para responder a este interrogante, es menester analizar dos variables. Como primera medida, con qué herramientas cuenta la Rama Judicial, para tramitar los más de 1.500.000 expedientes al año, entre procesos penales, civiles y acciones de tutela; en segundo lugar, hay que examinar, si tiene el personal suficiente para evacuar esa carga laboral, veamos:

Como lo he manifestado en oportunidades anteriores, desafortunadamente tuvo que llegar una pandemia para que la Rama Judicial pensara en actualizarse y dejara el atraso acumulado con el paso de los años. Por fortuna los órganos encargados, echaron mano de la Covid-19, para dar un paso a la modernidad y pensar que era posible la virtualización de la justicia. Hasta antes de la pandemia, era impensable una audiencia virtual en materia civil o familia, o remitir un escrito por correo electrónico, y ni hablar de llamar para pedir información de un expediente. Todo esto se tornaba imposible, en la medida que el atraso en materia de tecnología era evidente; despachos judiciales sin teléfono, ni internet, utilizando computadores del siglo pasado, y, aun así, cada Juzgado en ciudades como Bogotá, tiene un reparto de aproximadamente 1.000 expedientes en materia civil, muy arcaico en mi concepto.

Tras la llegada de la pandemia, el 16 de marzo del 2020, el Consejo Superior de la Judicatura, tomó la terminación de cerrar todos los Despachos Judiciales para prevenir el contagio, tiempo durante el cual perduró la denegación de justicia, salvo algunas excepciones. Posteriormente, tras cuatro meses de pandemia, es decir, para julio del 2020, los entes responsables, entendieron que el camino era salir del atraso y entrar en el mundo digital; fue así como tomaron la determinación de abrir los despachos de manera virtual, habida consideración, que, si se quedaban esperando que la Peste terminara para reabrir, les iría a tocar dejar de laborar por largo tiempo. Hoy llevamos año y cuatro meses de pandemia, pero gracias a la virtualidad, en el mes de julio que se aproxima, la Rama Judicial cumplirá un año administrando justicia virtualmente, claro está, con algunos inconvenientes por falta de recursos y capacitación, en todo caso, trabajando como todas las demás entidades del sector público y privado, sin excusa alguna.

Así las cosas, puede tener razón el ministro Ruíz, en la medida que, un mayor presupuesto para la Rama Judicial garantizará la digitalización del 100% de los expedientes y demás tramites virtuales, así mismo, permitirá contar con una plataforma fortalecida, capaz de admitir que los Jueces dicten sus decisiones en tiempo justo, de tal manera, que los usuarios de la justicia tengan acceso a la misma de manera ágil y efectiva, dentro de los términos estipulados en la Ley. Ya es hora de acabar con el mito que hizo carrera entre los abogados litigantes de antaño, según el cual, la vida útil de un profesional de esa rama, eran dos procesos ordinarios, cada uno tardaba 20 años en resolverse.

Ahora bien, en cuanto al personal con que cuenta la Rama Judicial, considero, no es insuficiente, en la medida que, entre Jueces y Magistrados de Tribunal, según cifras dadas por el Ministerio de Justicia en días pasados, el país cuenta con cerca de 5.000 Jueces, sin tener en cuenta los demás empleados y colaboradores que pueden sumar perfectamente 25.000, con lo cual estaríamos hablando de una nomina de 30.000 funcionarios judiciales. Luego, no se trata de incrementar la burocracia, considero que, la solución es dotar de herramientas tecnológicas que permitan cumplir de manera eficiente con la tarea.

Finalmente, ávidos esperamos, que culmine el proceso de digitalización en todo el territorio nacional, así como la entrada en vigencia del expediente digital en tiempo récord. Ojalá, el incremento del presupuesto no vaya a terminar en desviación de recurso, nombramientos de amigos en altos cargos, contratos amañados y demás, como suele ser costumbre en el sector público.

“La peor forma de injustica, es la justicia simulada.”

Platón