Después de la denuncia ciudadana sobre contaminación de la quebrada La Francia y el río Santodomingo con efluentes provenientes de la Porcícola Granjas Campeón, vereda Santodomingo Bajo de Calarcá, el 3 de enero, la CRQ visitó el lugar a los 4 días.
boletín de prensa CRQ (7 de enero) se refirió a una “supuesta contaminación” causada por “posible ruptura del sistema de motobomba” e informó que luego de revisar tres puntos de la quebrada “no se observa fuente hídrica contaminada”, ni se percibió “olor diferente al que debe tener una granja porcícola”. Concluye de lo anterior que debió ser un “vertimiento puntual y en un solo momento”. Declaraciones que hizo la “autoridad ambiental” sin haber realizado análisis de aguas ni haber hecho la investigación técnica suficiente.
Pasa por alto la “autoridad ambiental” que van más de 10 años de constantes denuncias, sobre lo mismo, de vecinos de la vereda, del sector de Matusalén y residentes de los barrios del centro y sur oriente de la ciudad de Calarcá, barrios Manantial, Las Aguas, La Primavera, Naranjal, Guaduales, Versalles, La Huerta y otros. Y olvida que la empresa ha justificado esas situaciones como accidentes: “explosión de una motobomba”, “falla del biodigestor”, “lluvias intensas”, “falla en mangueras de riego”, “una vaca que rompió una manguera” o la “falla del empate de dos mangueras”… excusas que la CRQ ha aceptado como ciertas.
Con razón la empresa considera que el ICA y CRQ son sus “aliados estratégicos” (Revista Porcicultura colombiana, edición especial 200, abril – mayo 2.015, página 10). Lo cual no debería ser porque la CRQ existe no para ser “aliada estratégica” de quienes contaminan sino para, entre otras cosas, “ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire… …lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.”
Parece olvidar la “autoridad ambiental” que el año pasado debió ordenar el cierre temporal de esa empresa al comprobarse, después de denuncias de la comunidad, vertimientos de aguas residuales sin contar con los permisos ambientales (Res. 581 de marzo 15 de 2019). Cierre que duró 8 meses y fue consecuencia de una investigación administrativa que demoró seis años y medio (¡por favor!) durante los cuales la empresa pasó de varios centenares de cerdos hasta más de 7.000 en algunos momentos. Y solo habían pasado seis días después de levantada la sanción (Res. 851 de octubre 3 de 2019) cuando empezaron a presentarse de nuevo los mismos problemas y las mismas denuncias de la comunidad.
Más convincente fue el diputado Luis Carlos Serna quien afirmó que ese tipo de contaminación se presenta en varios municipios del Quindío, que “las sanciones deben ir más allá de lo económico”, que “debe cambiarse el tono” pues no puede ser que quienes contaminan el agua simplemente paguen y no más, que se están envenenado las aguas, que esa es una “acción criminal” y que el departamento “no aguanta más impactos ambientales” de ese tipo.
Estas denuncias son un llamado a CRQ, alcaldía de Calarcá, concejo de Calarcá, gobierno Departamental y entidades de control para que asuman su obligación de velar por el bien común, nuestro patrimonio natural y el derecho de todos a gozar de un ambiente sano. Se trata de la salud y el bienestar de miles de personas, hoy afectadas, frente a los intereses de una empresa. Algo deben hacer.
