Felipe Martínez Vera
El 2021 llegó con grandes retos para el Gobierno de Iván Duque. La pandemia persiste, fuimos uno de los últimos países de la región en iniciar la vacunación y ésta no llega al ritmo esperado; el tercer pico ha llevado al límite el sistema de salud en varias regiones y las cifras de fallecidos han superado los cálculos epidemiológicos. Como si esto fuera poco, el DANE revela que el año pasado la pobreza creció y que actualmente 2.4 millones de hogares no pueden tener tres comidas al día.
En este contexto, el Gobierno Nacional presentó ante el Congreso una reforma tributaria bajo el título de “Ley de Solidaridad Sostenible”. El rechazo a este proyecto llevó a que miles de personas se movilizaran el 28 de abril en, prácticamente, todos los municipios del país. La movilización social no se detuvo allí, se convirtió en un paro nacional permanente.
Después de varios días justificando la necesidad del proyecto de Ley y tratando de contener la protesta social, el 2 de mayo el presidente Duque anunció que lo retiraría. Al día siguiente sobrevino la renuncia del Ministro de Hacienda, su autor. Sin embargo, la movilización social no se detuvo. El 19 de mayo se hundió en el congreso la reforma a la salud, otro proyecto del gobierno que convocaba marchas en su contra. Y a pesar de esto, el descontento con el gobierno, el hambre y la pobreza, entre otras razones, hizo que la gente se mantuviera en las calles.
En todo este tiempo de protesta y movilización social se han publicado evidencias de vandalismo en el marco de las protestas y excesos de la Fuerza Pública. El Gobierno optó por desmentir o justificar cualquier acto que implicara un presunto exceso en el uso de la fuerza y tratar de focalizar la atención hacia el vandalismo. Ante esta situación se pronunció la comunidad internacional, además senadores y representantes a la cámara solicitaron una moción de censura contra el Ministro de Defensa. Con todo y eso, el gobierno evidencia mínima voluntad de negociación: el presidente hizo dos viajes a Cali pero en ninguno accedió a reunirse con los manifestantes; priorizó reuniones con gremios y partidos políticos, y cuando tenía que reunirse con el Comité de Paro, tomó la decisión de delegar esta responsabilidad en un funcionario cuya renuncia ya había aceptado.
La dilación en las negociaciones, las reuniones del presidente y los movimientos del gabinete ministerial permiten pensar que el Gobierno Nacional está buscando consolidar una coalición que le permita conservar su Ministro de Defensa y aprobar las reformas tributaria, a la salud y demás que tienen planeadas. Al respecto, el Centro Democrático y sus aliados naturales (Conservadores, MIRA, Opción Ciudadana y Colombia Justa y Libre) tienen el 35.86% de las curules en el senado y el 33.32% en la Cámara de Representantes. Con esas cifras, le es indispensable allegar nuevos partidos a la anhelada alianza. Pero tiene algunas limitaciones, por ejemplo, el aparente descalabro en los acercamientos con el partido liberal; así que le quedan Cambio Radical y el partido de la U. ¿Quizás por eso los nombramientos de las nuevas ministras de Comercio y de Cultura, y el ofrecimiento del Ministerio de Ciencia al partido de la U?
Sin embargo, dentro de la U hay senadores y representantes que tienen grandes diferencias con el gobierno de Duque, y al interior de Cambio Radical tampoco parece haber unanimidad, o por lo menos, eso se ha dejado ver en los debates de la moción de censura a Diego Molano. Así pues, parece que la negociación terminará siendo personal y no con las bancadas. De lograr consolidar la coalición, el ejecutivo podría imponer la visión que ha construido, pero sería una jugada muy arriesgada de cara a las elecciones del próximo año.
