Por Daniela Garzón Zuluaga
En alguna de las columnas pasadas les conté un poco del pueblo en el que crecí, Pijao, el pequeño pueblo sin prisa, rodeado por grandes montañas, con un 98% rural, y un 2% urbano, para el año 2015 contaba con una población de 6139 habitantes, es decir 263 menos que los falsos positivos ocurridos entre el 2002 y el 2008. La semana pasada la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, después de casi tres años de investigación dio a conocer las 38 páginas del Auto de priorización Interna de la Sala de Reconocimiento de Verdad; en el caso 03 que formalmente se llama “Muertes ilegalmente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, es decir los denominados “falsos positivos”. Hasta el momento la Fiscalía General de la Nación había reportado 2248 asesinatos a civiles a manos de militares, entre los años 1988 y 2014, sin embargo la investigación realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz, nos mostró que la cifra de ejecuciones extrajudiciales es de 6402, 4154 más víctimas de las reportadas por la Fiscalía, sin mencionar que lo más de seis mil “falsos positivos”, no ocurrieron entre los años 1988 y 2014, sino entre los años 2002 y 2008, los seis primeros años de gobierno de Albaro Uribe Vélez.
¿Se acuerdan de Pijao?, el pequeño pueblo ubicado en la cordillera, bueno, los 6402 asesinatos presentados por agentes del Estado como bajas en combate, equivale a un poco más de la población de Pijao; imagínese que el Ejército Colombiano, asesina a todos los habitantes del pueblo, incluyendo niños y ancianos, los visten como guerrilleros, y los presentan como muerte en combate, a cambio obtiene ascensos, vacaciones, o dinero, y el gobierno presenta un avance victorioso en cuanto a las políticas de seguridad, que hasta el día de hoy se nos debe; los habitantes del resto del país, desconocen de lo ocurrido en Pijao, se alegran, pues la violencia que atormenta el país está por terminar, recuperan las tierras que habían dejado atrás por miedo a la muerte, mientras, tal vez, al otro lado de la calle, su vecina llora la muerte de su hijo, el cuál el Estado le dijo que era guerrillero, y que murió en combate, hijo que todavía llora mientras busca respuestas, no entiende por qué lo asesinaron, y por qué fue presentado como guerrillero; pero, ese es el precio de la “seguridad”, 6402 personas.
Durante el 2002 y 2010 se documentó 11460 miembro de grupos armados ilegales muertos en combate, teniendo en cuenta que se debe descontar los 6402 “falsos positivos”, podemos llegar a la conclusión de que las víctimas de “falsos positivos”, representa 1 de cada 2 muertes reportadas como bajas en combate, lo que quiere decir más de la mitad de los resultados de una política pública de seguridad fueron producto de acciones criminales que presentó a civiles indefensos como miembros de grupos armados ilegales muertos en combate con el Ejercito Nacional.
