Por Rogelio Guevara Villamil
Hace pocos días en un periódico local apareció este titular: “campesino caficultor en vía de extinción”. Por supuesto que este anuncio no sorprendió a nadie porque desde hace ya bastante tiempo se sabe de sobra que el campesino no cuenta con lo más elemental para llevar a cabo su trabajo. Pero no es solamente el cultivador de café el que está pasando dificultades, si miramos hacia otros departamentos, Boyacá, por ejemplo, donde el fuerte del cultivo son la papa y la cebolla vemos que han perdido su trabajo porque no ha habido demanda para sus cosechas.
Pero lo (no sé si curioso o triste) de todo esto es que se ve en televisión a funcionarios del alto gobierno dando a conocer programas dirigidos al campo anunciando auxilios para el sector agrario, recursos que nunca llegan a los que verdaderamente los necesitan. Hace poco en virtud de la emergencia originada por el covid 19, se inventaron el reencauche de Agro Ingreso Seguro y como era de esperarse sucedió igual aunque ya sin uribito. Lo de ahora tiene un nombre más rimbombante, de más impacto, más sugestivo, se llamó Ingreso Solidario; (el dicho popular reza: “la misma perra con distinta guasca”).
Y es que los más beneficiados con este programa que se lanzó dizque para aliviar a los pequeños y medianos productores del campo en Colombia resultaron ser grandes terratenientes y multinacionales mientras que a los que verdaderamente arañan la tierra, los que dejan todo en el surco les reparten, si acaso, migajas que de nada sirven porque después de cada cosecha la deuda aumenta y los bancos acosan y amenazan aunque se le mienta al pueblo todos los días a través de los medios hablando de rebajas de intereses y ampliación de los plazos para pagar. Algo irónico, que ensancha la brecha y reafirma al nuestro como uno de los países más desiguales y por ende más corruptos es el sueldo del gerente de la federación nacional de cafeteros, mientras el caficultor raso está prácticamente trabajando a pérdida, el gerente recibe algo más de cien millones de pesos mensuales.
Esta pandemia ha dado para todo y en medio de esta democracia se sigue gobernando por decreto, como este que le da el puntillazo al campo colombiano: decreto 523 de abril 7 de 2020 por medio del cual se abren de par en par las puertas a las importaciones sin arancel especialmente de alimentos (trasgénicos) de los Estados Unidos con el argumento de asegurar la alimentación de los colombianos. Entonces cómo es posible que frente al pueblo pregonen a los cuatro vientos auxilios y asistencia técnica para el agro, pero al tiempo le dan el golpe de gracia que lo condena a seguir mendigando o a su desaparición total.
Ahora que se habla tanto de calidad de vida, la del agricultor colombiano se ha degradado hasta tal punto que se hace imposible vivir de lo que produce el campo; anteriormente de una cosecha de maíz, por ejemplo, se guardaban las semillas para la siguiente, pero eso está totalmente prohibido, es casi un delito; el ICA les mete candela y obliga al campesino a comprárselas a las mismas multinacionales que producen los insecticidas para la fumigación, es decir, les cuadran el negocio redondo. Por eso algunos se han visto obligados, como en los aciagos tiempos aquellos, a vender la parcelita por lo que les den e irse a engrosar los cinturones de miseria en las ciudades.
Estamos asistiendo a la extinción del campo por decreto.
