El artículo 3º de nuestra Constitución reza de una manera simple y entendible que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes.
Ya en el artículo 133 de la misma carta, puntualiza concretamente que los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común.
El elegido es responsable ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura. Quiere decir todo lo anterior que senadores, representantes a la cámara, diputados y concejales son sencillamente empleados nuestros y deben trabajar para quien les dio el puestico y no haciendo componendas burocráticas, despilfarrando el erario público, colaborando en el incremento de la corrupción, cohonestando con presidente, gobernadores y alcaldes en el saqueo de los dineros que con tanto esfuerzo todos los colombianos pagamos en impuestos y manejando a su antojo este país como si fuera una finca. Estos dos artículos son determinantes al afirmar que el poder público es hijo del pueblo y a él debe someterse, porque el ejercicio de esos cargos los decide solamente el pueblo.
La democracia representativa se refiere a la participación directa de los ciudadanos en el manejo, fiscalización y gestión de la cosa pública. Nosotros otorgamos mandato a quien elegimos y por eso todos estos personajes se deben es a nosotros y tienen el deber de trabajar como nuestros empleados. Una definición valiosa de Democracia afirma que es un sistema político en el que se gobierna bajo el control de la opinión pública, la cual no solo sirve para enjuiciar la conducta de políticos y gobernantes – sino que es una concreción del espacio público, en el cual se construyen el sentido común y la voluntad general. Aquí cabe perfectamente la definición de la democracia representativa en el sentido de que es aquella en la cual el pueblo se gobierna por representantes (congresistas-diputados y concejales) que elige a través del sufragio.
Determinada la condición laboral de estos servidores públicos, necesitamos es eliminar de plano ese nefasto sistema reeleccionista que nada positivo le ha traído a todo el país. Les dio por sentarse a calentar banca y a gastar calzones de por vida y siempre son los más ineficientes y pésimos empleados en esas corporaciones, con escasas excepciones. Entonces manos a la obra en esta trascendental tarea de renovar sin reelección, estas entidades del Estado. Por favor no reelegir a nadie que haya ocupado cargo público cualquiera que sea su denominación. Miremos el desastre re-eleccionista de Álvaro Uribe degenerado por Juan M. Santos, y por ningún motivo volvamos a meter las de andar. Sean inteligentes al votar.
