Por Jhoan Felipe López Castillo
La guerra no terminó de morir y la paz no ha terminado de nacer, por ello nuestra tarea es exigir en cada rincón del país la implementación integral del Acuerdo de Paz firmado en el 2016, instrumento que aporta una agenda reformista dirigida a la superación de las causas históricas del conflicto armado.
Por eso, argumento que la paz no es un asunto abstracto ni retórico, sino que es un asunto político y de política, es un campo de tensión y confrontación -por las vías democráticas- con quienes quieres seguir siendo serviles a los escenarios estructurales que profundizan la violencia y la guerra; a saber, el gobierno nacional, los gobiernos locales aliados a este, los actores armados legales e ilegales y los sectores gremiales que asumieron muy bien la premisa de “volver trizas la paz”.
O desde otra perspectiva, la construcción de paz consiste en crear las condiciones para superar el despojo y la concentración de la tierra, la acumulación de ganancia en pocas manos, la exclusión política, el desempleo, la indignidad de la vida. Es decir, las caracterizaciones del régimen político en Colombia el cual tenemos que transformar.
Ahora bien, y aterrizando el debate al contexto quindiano, considero que el tan anhelado paraíso que históricamente y de manera mística se ha construido, no existe. Lo que existe, son unas condiciones estructurales concretas que son caldo de cultivo para que la violencia impere en barrios del centro y de la periferia de la ciudad y de la mayoría de sus municipios.
En el caso de Armenia, tenemos cifras preocupantes producto de la territorialización de la criminalidad organizada, la cual ha desarrollado mecanismos punitivos y de control fiscal ilegales –unas veces al margen del Estado y otras veces cohonestado con este-. Cifras que son motivo para que haya una agenda política fuerte en relación a la garantía de derechos humanos y de política social.
A saber, el índice de homicidios x 100.000 habitantes en la capital quindiana es superior a la media nacional, es decir, mientras que en Colombia el índice de homicidios por 100.000 habitantes es de 24,8, en Armenia es de 28,7. Por otro lado, el índice de hurtos x 100.000 habitantes también es superior a la media nacional, 87,5 en Armenia mientras que en Colombia está en 56,7. Sumado a ello, son repetidas, constantes y van en aumento las amenazas a líderes/as como también los asesinatos a quienes ejercen liderazgos locales según lo he demostrado en anteriores columnas[1].
Así pues, promover políticas sociales agresivas, especialmente en el contexto de pandemia y pos pandemia que estén enfocadas en la prevención primaria de las vulneraciones a los derechos a la vida, la integridad, la seguridad de personas y grupos en cada rincón del departamento es una urgencia manifiesta. Pero también, políticas de prevención secundaria, políticas de seguridad pública para que la policía y el aparato penal ataque dichas criminalidad, eso sí apartándose de cualquier posible alianza. En últimas, prevenir la conflictividad con una oferta fuerte de servicios en aquellos lugares donde esta se materializa, de ahí la conexión entre política social y construcción de paz, es decir, la paz con justicia social.
Así las cosas, hago un llamado para que la Alcaldía de Armenia siente cabeza, organice su estructura y construya gobernabilidad. Cada segundo que pasa se traduce en asesinatos, en amenazas y en violaciones a los derechos humanos. No es serio por parte de la administración que el consejo de paz de Armenia aún hoy no tenga plan de acción, que no cuente actualmente con representante en la secretaría técnica y que no haya una ruta clara para agenciar tan importantísimo escenario.
Y, por último, quiero saludar e invitar a todas/os a estudiar el reciente decreto 0441 del 31 de julio de 2020 de la Gobernación del Quindío, el cual crea el grupo de reacción rápida para personas, grupos y personas en situación de riesgo. Dicho mecanismo debe activarse de manera inmediata dadas las difíciles circunstancias que atravesamos en materia de derechos humanos y construcción de paz.
[1] Otro fenómeno que es caldo de cultivo para la criminalidad organizada es el creciente desempleo en jóvenes en la ciudad de Armenia. Este ascendió a 41,3% -el sexto más alto a nivel nacional-en el segundo trimestre del 2020. También la pérdida de los 51.736 puestos de trabajo en tiempos de pandemia en la ciudad agudizará no solo la precarización de la vida de miles, sino la cooptación de la criminalidad organizada de jóvenes que ingresan a la delincuencia de la subsistencia.