Momentos de escucha

28 junio 2024 9:43 pm

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Jhon Fáber Quintero Olaya

La Corte Constitucional es una de las corporaciones judiciales más importantes del país. Sus decisiones no sólo repercuten en el ejercicio del poder público, sino en la forma como vive el ciudadano a nivel individual y social. La dosis personal, el aborto, la muerte digna y múltiples asuntos no legislados encuentran en una sentencia un valioso instrumento. El desplazamiento forzado y la crisis penitenciario y carcelario también son cuestiones de política pública que encuentran un seguimiento judicial detallado.

Por ello, los anuncios de interceptaciones irregulares a Magistrados son de la mayor gravedad en el sistema democrático. El pasado no perdona y, en este caso, la evocación del DAS y las condenas por cuenta de una situación parecida en el gobierno Uribe estuvieron en el orden del día en la semana que termina. La Revista Semana fue contundente en su portada e hizo alusión a actividades irregulares de inteligencia al magistrado Ibáñez, Vicepresidente de la Corte Constitucional.    

Condenable, desde todo punto de vista, una actuación como esta de ser cierta. Sin embargo, las preguntas alrededor del especulativo suceso también son parte del debate. El jurista nunca se declaró víctima en sus intervenciones públicas de lo acontecido. Existe una diferencia notoria en el calibre de su misiva al presidente de la Corte y la rueda de prensa que concedió poco después de que se hiciera público el indicio o rumor de las chuzadas.

La fiscal general con su aplaudible prudencia sacó un comunicado ante la extraña filtración de la posible transgresión irregular de la intimidad. La funcionaria manifestó su apoyo y esfuerzo integral para el esclarecimiento de la denuncia. El proceso penal ya está andando y sus conclusiones seguramente serán emitidas con el paso de las semanas. La ponderación del órgano acusatorio muestra un cambio de estilo que también es de contenido para la institucionalidad. La acción penal se construye con pruebas y con reflectores, por lo que esta ponderación en el manejo de las indagaciones genera confianza y expectativa.

Los señalamientos al gobierno por este tema son irresponsables, máxime cuando no se tiene evidencia de alguna agencia o entidad que haya elaborado la siniestra empresa de retornar a las escuchas que siempre condenaron. El presidente calificó de prensa “mossad” a quienes escribieron líneas sobre el tema, lo cual no es aconsejable en el jefe de Estado. Sin embargo, no existe ningún tipo de material que apunte hacia Petro.

El Director Nacional de Inteligencia ha brindado todo tipo de explicaciones, entre ellas, la ausencia de aparatos para la intervención de comunicaciones a altos dignatarios de la justicia. La Inspección Nacional de Inteligencia certificó que en forma razonable no se vislumbraba antecedente operacional sobre jueces. Luego, pareciera que los oficios de la JEP y las viejas cartas de la Corte Suprema de Justicia no sean más que una paranoia bien fundada en la historia de la vida pública colombiana de comienzos de siglo.

No obstante, la única inteligencia de Estado no es la de la DNI, por lo que el concurso del Ministerio de Defensa y de la administración en general es fundamental para evitar que se sigan construyendo estas narrativas perversas. Las reuniones interinstitucionales y el apoyo a la Fiscalía en este momento van a ser fundamentales para el esclarecimiento de la verdad en una época donde este valor es cada vez más caro. Las cadenas de infamias y la ausencia de control de las redes sociales hacen de la irresponsabilidad verbal una característica propia del mundo actual. Ahora bien, las chuzadas fueron reales y, por ello, los controles para evitar su repetición deben estar en permanente prueba.     

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