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El atraco de Valorización y las instituciones públicas de Armenia

12 abril 2018 4:20 am
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Con la información acumulada sobre las características y dimensiones del atraco hecho a los recursos y bienes públicos de Armenia en el Programa de Valorización, organizado desde el año 2014 por la Alcaldía municipal de la ciudad muchos nos estamos preguntando por el papel de las instituciones publicas encargadas de la gobernanza (procedimientos técnico administrativos) y la gobernabilidad (procedimientos de consenso político).

¿Se derrumbó el Estado y su gobierno? ¿colapso la infraestructura pública, particularmente aquella que tiene que ver con los controles a la contratación y al gasto oficial?

Una de las grandes preocupaciones en los años recientes respecto de los municipios es su desarrollo y fortaleza institucional a propósito de la expansión del Sistema General de Participaciones y del de las Regalías petroleras y mineras. El Departamento de Planeación Nacional publica por ley anualmente un Ranking de los

1123 municipios existentes en Colombia. En ese Raking la Alcaldía de Armenia ha figurado en los primeros lugares junto a ciudades como Palmira, Bello, Mosquera, Barranquilla y otros.

Efectivamente al consultar la página web de la alcaldía de la ciudad el ciudadano que lo hace se encuentra con varios instrumentos de control muy importantes como el Plan Anticorrupción (Ver  https://drive.google.com/file/d/12SUnr7dl5Vt2AWT_nHdTen98DbqrdsOt/view ); el Mapa de riesgos y el Sistema de Gestión Integrado de Calidad Meci.

A lo anterior debe agregarse la acción de la Contraloría municipal, de la Personería, del Concejo Municipal y de las interventorías a los proyectos que se desarrollan en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo.

Se supone que un vigoroso tejido institucional como el descrito es el adecuado para impedir los desfalcos como el de valorización y los atracos como el que protagonizo hace unos años David Barros Vélez.

Sin embargo, tal cosa no se ha dado lo que plantea la necesidad de revisar tales instrumentos.

La sociedad civil y las veedurías ciudadanas deberían focalizarse en demandar del actual alcalde una actualización y adecuación de tales documentos y generar un proceso adecuado para que mediante la interacción con la ciudadanía se logre meter en cintura el robo permanente de los recursos públicos.

En ultimas, por la experiencia conocida, es prioritario generar un clima adecuado a la participación ciudadana masiva en el seguimiento de la ejecución de los programas centrales del Plan de Desarrollo y las inversiones involucradas para el efecto.

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