Con una titánica labor Claudia López y Angélica Lozano sacan adelante la consulta anticorrupción para erradicar este cáncer del campo político y sus actores protagónicos.
Son más de cuatro millones las firmas que respaldan esta trascendental iniciativa democrática y cívica. Expresión del repudio popular a una práctica descompuesta de quienes manipulan y desconocen la voluntad electoral de millones de personas que concurren con su voto para constituir el poder público en sus diversas manifestaciones y niveles.
El Quindío y su capital Armenia, también Calarcá y Circasia, están viviendo el golpe de la delincuencia perfumada con el saqueo de sus recursos colectivos, adelantada por mafias y camarillas criminales que pasan por encima de normas éticas mínimas. El asalto perpetrado ha sido brutal. El golpe a la sociedad civil demoledor. Duele que miles de millones de pesos terminen en los bolsillos de parásitos sociales que ahora piden clemencia en la Fiscalía y a los jueces de garantías mientras cientos de miles de personas ven agravados sus problemas sociales porque la inversión pública en bienes y servicios no se hace tal como se ha programado en los planes de desarrollo y de acción.
Para los casi 600 mil quindianos la Consulta anticorrupción es un aire de esperanza y un aliento estimulante.
López y Lozano han logrado constituir una potente subjetividad social a la que debemos sumarnos con entusiasmo y mucha voluntad.
Para el 5 de junio se fijo la fecha de su votación en el Senado con el respaldo de 70 parlamentarios que ojalá no cambien su postura dado el oportunismo y el cinismo que caracteriza a los politiqueros del poder legislativo.
Nuestro apoyo acá debería consistir en una intensa campaña pedagógica y de medios para dar a conocer las principales preguntas de dicha consulta democrática.
Hago mi aporte y retomo esas cuestiones fundamentales.
¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes SMLV, fijando un tope de 25 SMLV como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución Política?
¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado?
¿Aprueba usted establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo, que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes, en todo tipo de contrato con recursos públicos?
¿Aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución?
¿Aprueba usted obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobbistas, proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos?
¿Aprueba usted obligar a todos los electos mediante voto popular a hacer público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo; incorporando la facultad de iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su potencial red de testaferros como su cónyuge, compañero o compañera permanente, a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, y a sus socios de derecho o de hecho?
¿Aprueba usted establecer un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y las Juntas Administradoras Locales?
Con estos interrogantes debemos adelantar una gran campaña de debate con toda la ciudadanía en todos los espacios de la sociedad civil.
El 5 de junio debe ocurrir una gran movilización sobre el Congreso y una vez aprobada la Consulta hay que reunir 11 millones de votos por la misma y que 6 millones le digan si.
Es la hora de la sociedad civil y de la multitud indignada. Es la hora de la democracia ampliada y compleja.
Nota. El Procurador General, Doctor Fernando Carrillo, ha denunciado que en el Quindío y Armenia el retraso del Programa de Alimentación Escolar /PAE esta afectando más de 50 mil estudiantes siendo ello culpa directa de las actuales secretarías de Educación. Fuera con los sinvergüenzas que se atornillaron en los cargos por ser fichas del clientelismo político corruptor. No mas excusas y maniobras dilatorias de los señores Arias y Cobaleda con su cuento de la Bolsa tercerizada.