No se puede pretender estigmatizar la reacción de la sociedad civil y la iniciativa democrática que aplaude la acción judicial, así sea incierta, no obstante el cúmulo de evidencias, como en el desesperante caso de la exgobernadora Sandra Paola Hurtado y su emergente consorte, ciertamente sumido en una sospechosa impunidad derivada de extrañas consideraciones políticas asociadas con la coyuntura electoral.
Que se sepa acá nadie, desde el campo civilista, democrático, libérrimo y legal, quiere emular a un Torquemada inquisidor con campañas fundamentalistas de un tono moral desueto ni mucho menos hacer un maquiavelismo a la manera como se le asocia con el oportunismo político, bien distante de la esencia del pensamiento del creador de la ciencia política expresada en su clásico e inmortal texto El Príncipe.
Bajo oportunismo
Es que algunas mentes extraviadas y plagadas del más bajo oportunismo, tal vez porque sean beneficiarias cotidianas de las presupuestos públicos, pretenden que la justicia no opere, como en el flagrante caso del señor Carlos Mario Álvarez, el titular de la alcaldía de Armenia, encartado hoy en un serio lio criminal contra la buena fe pública y los intereses sagrados del Estado.
Decir que Carlos Mario Álvarez se declaró inocente para enlodar la acción judicial sugiriendo una oscura manipulación retaliatoria de los otros actores involucrados para promover la inacción del ciudadano es cuando menos perverso y demagógico.
Se necesita mucha mala leche para entrar a sugerir, utilizando un medio de reconocimiento público, que las medidas tomadas respecto de este funcionario son ilegales.
Craso error. Juicio morboso que desconoce el ABC de la técnica jurídico penal.
Sospechoso
Hasta el momento ha ocurrido un hecho penal contundente. Se ha dictado una medida de aseguramiento contra un sospechoso de haber cometido varios delitos contra la administración pública y sus recursos fiscales. Bien es sabido que un paso de esas dimensiones ocurre, como lo dispone el Código Penal, cuando la persona involucrada es un peligro para la sociedad, cuando la misma tiene la intención de huir o cuando pretende adulterar y eliminar las pruebas.
En este caso hay unas pruebas bastante sólidas que sustentan la determinación del fiscal encargado de este caso.
Derecho penal
Por supuesto para quienes hemos estado atentos a todo este problema en función de movilizar la sociedad civil no existe la idea de desconocer el debido proceso penal. Obviamente hay que presumir la inocencia del imputado hasta que un juez de conocimiento no profiera una sentencia definitiva; hay que garantizar principios esenciales del derecho penal como los de contradicción, doble instancia y asistencia técnico jurídica adecuada, dada una situación de absoluta indigencia del indiciado.
Pero demandar el debido proceso no significa la parálisis de la sociedad y de sus organizaciones frente a una agresión del tamaño que se ha perpetrado por los agentes delincuenciales que han sido atrapados por uno de las mecanismos de protección del interés colectivo.
Usar la prensa, los editoriales y los registros noticiosos para presionar la impunidad francamente es un insulto a la sociedad de Armenia y del Quindío. Inadmisible y repudiables esas desafortunadas voces.
Clientelismo
Ojalá la designación de un nuevo alcalde para Armenia, que debe hacerla el gobernador según lo dispone el Régimen Administrativo Municipal, no se de en los términos de la lógica del clientelismo y el pago de favores a las maquinarias electoreras prevalecientes en la vida regional merced a los privilegios que se derivan de haber sido favorecidos sus jefes gamonalicios con abundantes contratos preelectorales entre los meses de diciembre y enero, según las muy documentadas denuncias hechas por el Contador General de la República.
Destape
Por último, que no de último, conviene señalar que ojalá este destape anticorrupción por el que atraviesa Armenia y el departamento llegue hasta zonas podridas como la Corporación Autónoma del Quindío y la Universidad del Quindío, institución esta que se niega a dar información, con argumentos falsamente legales, sobre su contratación en obras civiles y en las auditorías contratadas por la Agencia Nacional de Infraestructura. En la universidad falta transparencia en su gobernabilidad que supuestamente certificó el Consejo Nacional de Acreditación recientemente, tal vez por falta de información o desinterés de ese organismo donde ciertamente se presentan procesos de corrupción en el trámite de las acreditaciones de la alta calidad.
Clientelismo
En el CNA hay clientelismo, corrupción, venta de acreditaciones de calidad y toda clase de vagabunderías orquestadas por la exministra Gina Parodi sus protegidos, antiguos funcionarios del Sena. A mi tanta propaganda y elogio del señor Echeverri, mandamás de la UQ, no me impresiona porque se de sus oscuros manejos en este importante centro académico regional carcomido por el burocratismo y la tiranía de un reyezuelo valido de ciertos fueros sin fundamento, que se presentan como parte de la autonomía universitaria. Francamente es una extravagancia el dinero público que se utiliza para pagar tanto seudo periodista fletado y tanta propaganda inútil en ciertos medios.
