Por Fabio Olmedo Palacio
Recién graduado como abogado, me entregaron la responsabilidad de cobrar la cartera morosa de una importante cadena de almacenes de electrodomésticos. Pasados unos meses de cumplir exitosamente con mis responsabilidades, me correspondió desplazarme a un barrio del sur de Armenia con las autoridades competentes, para practicar una diligencia de embargo de un televisor, que una familia no había podido pagar, entrando en mora e incumpliendo en esta forma el contrato que se había firmado entre las partes. La escena no se ha borrado de mi mente, siendo las cuatro de la tarde, llegué al sitio acompañado de las citadas autoridades y tan pronto abrieron la puerta de esa humilde casa, estaban sentados dos niños en el suelo viendo un programa infantil. Para resumir la historia, terminamos entre todos pagando las cuotas atrasadas para no proceder a quitarle a los niños su televisor, me dirigí de inmediato donde el gerente de la compañía y renuncié a esta parte del litigio, en primer lugar , porque no tenía corazón para este tipo de procedimientos, a los que mi carrera y profesores no me habían preparado y en segundo lugar, porque estaba incumpliendo el compromiso adquirido con la firma, que esperaba que un buen y diligente abogado, cumpliera y salvaguardara lo establecido en el contrato firmado entre el comprador y el vendedor.
El juramento policial, desconocido por el patrullero Zúñiga, en uno de sus apartes dice: “juro en mi calidad de policía, servir a la sociedad, salvaguardar la vida y bienes, proteger al inocente contra el engaño, al débil contra la opresión o intimidación, al pacífico contra la violencia y el desorden y respetar los derechos constitucionales de todas las personas como la libertad, la igualdad, la justicia”. La corte constitucional, ha sido completamente clara en su jurisprudencia de los últimos años, donde le ha reiterado a los alcaldes que están facultados para organizar sus territorios y de realizar los inventarios de los asentamientos de alto riesgo al igual, que les ordena impedir las ocupaciones ilícitas apoyándose en la organización policial, pero por supuesto estos procedimientos, tienen una línea roja que impide que las autoridades actúen de forma arbitraria en estas expulsiones. Aquí encontramos que las autoridades locales, para el caso de las personas ubicadas en zonas de alto riesgo, tienen las herramientas legales y administrativas y están obligados a proveer de una vivienda digna a quien no la tienen con servicios públicos esenciales, zonas verdes y de esparcimiento, el no hacerlo, puede llevar al funcionario a que lo investiguen por prevaricato por omisión.
Mucho se ha comentado en estos días, sobre si la actuación del patrullero Zúñiga, es correcta o es una clara insubordinación a la institución policial y a las obligaciones que él juró cumplir. Con cálculos evidentemente politiqueros, algunas bancadas de la oposición, piden que se condecore al patrullero por la omisión legal de sus deberes, cuando esos mismos grupos tuvieron la oportunidad de solucionar esta inequidad de vivienda para familias vulnerables y de bajos recursos y no lo hicieron. En el gobierno de Gustavo Petro, como alcalde de la capital colombiana y su coalición de izquierda, se les entregó por parte del gobierno nacional, la posibilidad de construir 12.000 viviendas gratis y en 4 años de su mandato, sólo construyó 2.500 de éllas, cuando en el resto del país se cumplieron todas las metas. En vivienda de interés social, el distrito en esa misma administración no ejecutó millones en subsidios entregados por la nación, impidiendo en esta forma que miles de familias de estrato 1,2 y 3, tuvieran acceso a lo que muchos colombianos queremos, un techo digno. La conclusión de la Contraloría Distrital y CAMACOL fué que Gustavo Petro se rajó en vivienda gratis y de interés social, contrastando esto con la posición politiquera y oportunista de estos mismos actores en medio de la pandemia.
En titulares recientes, las autoridades han dado cuenta de la detención de los “tierreros”, bandas criminales que se mueven por todo el país organizando invasiones a bienes públicos y privados, aprovechándose de la necesidad de vivienda de muchos compatriotas y de la mediocridad de algunos mandatarios locales y regionales, que no cumplen con sus deberes constitucionales o actúan con sus estructuras políticas de la mano de estos grupos al margen de la ley. Por todas estas razones, considero que el PATRULLERO ZÚÑIGA está en el lugar equivocado y debería dedicarse a otras actividades, donde seguramente podrán explotar mejor su potencial.
