(…) Los acuerdos para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera, suscritos entre el gobierno colombiano y la insurgencia de las FARC-EP, desde nuestro punto de vista, pueden llegar a contribuir a estructurar una nueva sociedad en la que todos los colombianos tengamos espacio para la vida con dignidad. En efecto, el análisis detallado de los seis puntos desarrollados en algo más de 310 páginas así lo testimonian.
No obstante, dichos acuerdos, tal como están redactados y acordados, son una guía que debe tener aplicación en territorios reales y concretos. He ahí la mayor dificultad que afrontarán los textos de Bogotá al momento de su implementación. No es lo mismo, aunque suene a una verdad de Perogrullo, aplicar los acuerdos, referentes al tema de las tierras en el departamento del Cauca, por ejemplo, a hacerlo en el departamento del Quindío. Varias razones.
Una, el concepto de latifundio. No es lo mismo éste en ese departamento que en el nuestro. Allí las extensiones hacendatarias se pueden medir por miles de hectáreas mientras que en el departamento más pequeño del país, conforme a lo informado por el DANE en desarrollo del Tercer Censo Nacional Agropecuario y, por regla general, los predios rurales no sobrepasan las mil doscientas hectáreas. (Aclaro que dicho censo hace alusión a la existencia en nuestro departamento de un territorio apto para la actividad agropecuaria de casi 120 mil hectáreas de las que 16 personas son propietarias de 57 mil!!!!). Por supuesto que los precios son otro factor para determinar ese flagelo aquí y allá. Los costos de la tierra en el Quindío son exageradamente elevados. La inversión hecha por el narcotráfico y otros sectores especuladores han contribuido en grado sumo al incremento desbordado del costo de la tierra en estos parajes.
En tales condiciones, la implementación de los textos de La Habana en este territorio será compleja. Las resistencias de terratenientes, narcotraficantes, instituciones se harán patentes en la medida que se acerque el momento de hacer realidad práctica el tema de la Reforma Rural Integral.
Para continuar desarrollando el tema de los acuerdos del punto 1 entre el gobierno y las FARC-EP tenemos que conocer algunos de los aspectos rurales de nuestro departamento: en primer lugar, nuestro territorio tiene un área total de 193 mil doscientos doscientos ochenta y cinco hectáreas, de las cuales 124 mil están dedicadas a la actividad agropecuaria y 42 mil 716 se hallan cubiertas de bosques nativos.
Del área dedicada a la actividad agropecuaria tenemos que 23 mil 617 están relacionadas con el pasto, algo más de 21 mil se encuentran enrrastrojadas y 77 mil 885 tienen una dedicación agrícola. A su vez, este segmento de nuestra geografía tiene una dedicación de 75 mil 621 hectáreas al desarrollo de cultivos, 447 están en descanso y en barbecho se hallan 1817 hectáreas.
Así, se encuentra que en el área de producción agropecuaria existen 11720 Unidades de Producción Agropecuaria, UPAs, con una cobertura total de 178.825 hectáreas en las cuales se emplean 22.649 asalariados de los que 20760 son hombres y 1889 son mujeres. De los algo más de 66 mil habitantes del campo, su proceso de envejecimiento nos coloca en el tercer lugar a nivel nacional. Hay que decir que el Producto Interno Bruto del departamento tiene un alto componente en la actividad agropecuaria, pues la vocación económica del departamento depende del desarrollo campo, pues el sector conformado por la agricultura, la caza, la silvicultura, la ganadería y la pesca representó el 21,4 % del total del PIB (…)
