Como ocurre con frecuencia, las reacciones mediáticas y de la opinión pública ante el uso de la fuerza legítima por parte del Estado, son quejumbrosas y exageradas, y llaman al engaño del televidente, el oyente o el cibernauta. Aparecen representantes de partidos políticos, colectivos de víctimas (o mártires, tal vez), oportunistas de turno y demás, advirtiendo el carácter represivo y antidemocrático de las autoridades, que intentan callar el grito de libertad. La primera impresión del domingo, ante la irrupción de la Policía de España y los Mossos d’ Esquadra (policía autonómica de Cataluña) en los puestos de votación para el referendo independentista, convocado por la Asamblea Nacional Catalana y la Generalitat de Cataluña, es que en España hay una dictadura impuesta desde Madrid y, por órdenes de Mariano Rajoy, se hizo sentir para impedir que los catalanes ejercieran el “derecho a decidir”, tan proclamado por el nacionalismo. Por todos los canales de noticias del planeta, en la prensa y en las redes sociales, rodaron las imágenes de policías asestando porrazos y arrastrando por el suelo a quienes se resistían a entregar las urnas del referendo ilegalmente convocado.
Las consecuencias de lanzar un desafío tan grande a la unidad de España, que no únicamente al Estado español (en términos separatistas-nacionalistas), eran y han sido siempre previsibles. Carles Puigdemont no es el único president al que se le ha ocurrido proponer la separación definitiva de España y la construcción de un estado independiente. Ya Artur Mas, el inmediatamente anterior, y otros como Pasqual Maragall y José Montilla, siguiendo el ejemplo de Jordi Pujol, lo hicieron. Ha sido la constante desde 1978, y el conflicto ha tenido distintos niveles de intensidad, siendo los últimos siete años los más complejos, en la medida en que las pretensiones soberanistas han ido cada vez más lejos. Partidos como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Candidatura d’Unitat Popular (CUP), que han ampliado el espectro de fuerzas nacionalistas y han relegado a terceros lugares a los partidos constitucionalistas en Cataluña (es decir, aquellos afines a la idea de España), ciertamente se encuentran en su punto más alto de popularidad y hoy ejercen presión sobre Puigdemont, para que declare cuanto antes la independencia.
Si el referendo del 1° de Octubre terminó en actos vandálicos, saqueos a comercios, ataques a las sedes del Partido Popular, de Ciudadanos de Cataluña y del Partido Socialista de Cataluña, en Barcelona, Tarragona, Reus y otras ciudades catalanas, la proclamación de la independencia podría desembocar en situaciones más graves, pues el choque en la calle entre los movimientos más radicales y las fuerzas de seguridad estatales, ejerciendo su deber constitucional de restablecer el orden, será inevitable.
El discurso del Rey Felipe, este 3 de Octubre, fue claro y contundente, al expresar su compromiso con la unidad de España y la necesidad de que se mantenga el apego de todos al ordenamiento jurídico. En una exhibición del maximalismo que caracteriza a los movimientos nacionalistas de cualquier lugar, la respuesta al Rey ha sido que nada ni nadie los detendrá, con lo cual se comprueba que entienden poco de institucionalidad, talante democrático y respeto a la ley. El presidente del Gobierno, Rajoy, ha expresado que lo único que debe hacer el presidente de Cataluña es renunciar a la declaración unilateral de independencia. Lo contrario, reconocerla, sería ceder al chantaje y permitir el inicio del fin de España.
Juan David García Ramírez
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