Nelson Guzmán Baena
Cuando se andaba presentando o socializando el proyecto de Ley que luego daría origen a la fastuosa Ley 100 de 1993 de Sistema de Seguridad Social Integral que después se catalogó de la inseguridad social, directivos de la Central Unitarias de Trabajadores CUT Regional Quindío recibimos en las instalaciones de la Asamblea Departamental creo que a los integrantes de la Comisión Séptima, donde incluso había un Senador que era del pueblo y se les planteó que esa norma no le servía a la nación menos a los intereses de la salud y pensionistas, jubilados y que solo le era rentable a quienes la estaban promoviendo, entre ellos al señor innombrable, que los asalariados no tendríamos con que cubrir los costos de derechos fundamentales y por ende los resultados nefastos tan cantados por los colombianos como el que las personas tenían que comprar hasta los medicamentos porque no se lo tenían disponible, pagar cuota moderadora y sino perdían el derecho a la atención, las citas médicas tardías, tratamientos especializados y quirúrgicos distanciado, y de baja calidad, los empleados de la salud incluyendo los héroes de la pandemia sin cancelarles a tiempo sus salarios y hasta el cierre de hospitales; dejando poblaciones enteras sin ninguna atención médica hospitalaria y las cuestionadas EPS recibiendo por anticipado o puntualmente sus presupuestos pagados por los contribuyentes y “sometiendo” entre ellos mismos a gobernantes o delfines quienes se integraban como dueños de las mismas que no saben curar un mal de amor sino disfrutar del amorío de la abultada ganancia, los cuales se desviven por los billetes en rama aunque paguen con malos servicios. De no haber sido por las grandes movilizaciones que se libraron por el pueblo colombiano en especial los jóvenes, las IPS construcciones y herencias de nuestros abuelos hubieran quedado en manos de estos mantenidos y vampiros de la salud; menos mal que los jóvenes se alzaron y retrocedieron esta otra política errónea.
Por ello hay suficiente razón cuando nos unimos a una sola voz, nos movilizamos, tomamos las calles y coreamos que se acaben las EPS, las pésimas atenciones en salud, que se respete los derechos existenciales primordial la vida y que de una se entierre la mal formada Ley 100 que viola principios universales como la solidaridad, la integralidad, la uniformidad y más. El clamor ha sido que se cambie el modelo de salud imperante. Lo raro y poco estudiado es como olvidamos de la noche a la mañana lo que nos pone a llorar colmando inmensos terrenos de lágrimas y naufragando en ellas hasta fenecer.
Ahora que aparece el Pacto Histórico P.H. y que debe cumplir un mandato popular los mismos de siempre los de la suculenta riqueza se oponen a la transformación de lo que a ellos tanta leche y oro les ha generado durante estos 30 años, por ende es conveniente precisar que nos dice de carne y hueso el nuevo proyecto de ley presentado por la ministra de Salud Carolina Corcho que la matonearon por su capacidad intelectual, compromiso social y hasta algunos que han sufrido de los rigores sanguinarios de esta Ley 100, la repudiaron. Otros hechos que masacra: 1) el aumento de las mesadas pensionales dado por su Artículo 14 de acuerdo al IPC que sube todo el año y finalizando el mismo disminuye vertiginosamente, de esta cruel manera pierde capacidad de consumo el pensionado. 2) El alto costo del aporte a la salud. 3) Obligar a los trabajadores y especialistas de la salud a laborar sin cancelarles sus salarios a tiempo; como se vivió en la pandemia del Covid 19.
Ahora me parece conveniente que tomemos de las páginas 29 a la 40 de Taller Revista de análisis de la actualidad política Publicación del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales – CEIS Edición No. 52 de junio 2023 y nos nutramos con las precisiones del científico Román Vega Romero Coordinador Global del Movimiento para la Salud de los Pueblos-MSP y en específico en algunas de sus observaciones al nuevo proyecto de Ley 339 de 2023: reforma del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
1)No es revolucionaria ni afecta a la económica informal o popular que rodea a las IPS, clínicas u hospitales.
2)Transformación de las EPS a gestoras de salud y vida.
3)Avance a favor de la garantía del derecho a salud.
4)Atención primaria en salud (APS) para garantizar una respuesta integral (promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación).
5)Régimen laboral de los trabajadores y trabajadoras de la salud que no solo ha precarizado sus condiciones de empleo y trabajo para asegurar ganancias a los negociantes de la salud, sino que ha afectado la calidad de la atención a los pacientes y a la población.
6)Se busca fortalecer la intervención del Estado frente al modelo de la Ley 100 que fomento la mercantilización y privatización del sistema de salud y redujo la capacidad de dirección, propiedad y administración pública de las instituciones de salud por parte del Estado.
7)El proyecto de Ley avanza en crear un horizonte de seguridad social garantizada mediante financiamiento fiscal/parafiscal, un fondo publico único pagador administrado por el Estado a través de la Administradora de los Recursos de Salud (ADRES), y fondos regionales/ territoriales de salud para superar la intermediación financiera mayoritariamente privada del aseguramiento público en salud.
8)Un paso adelante aspirar a garantizar el giro directo de los recursos a los prestadores de servicios con un pago regulado mediante tarifas, una dirección y gestión con participación social en los espacios de decisión.
9)El 80% de la red total hoy es privada, mayoritariamente con ánimo de lucro. Como consecuencias se han configurado verdaderas multinacionales y corporaciones nacionales de prestación privada de servicios.
Entre los oligopolios nacionales figuran el grupo SARMIENTO ANGULO propietario del Centro de Tratamiento e investigación sobre el cáncer (CTIC); el grupo ARDILA LULLE, propietario de la Fundación Cardiovascular de Colombia, que negocia con la atención del daño que a la salud produce su otro negocio de bebidas azucaradas. GRUPO SURA, multinacional de la EPS Suramericana y la ARL, Sura de la cual forman parte Sura Aseet Management, Suramericana de seguros, Bancolombia, Argos y Nutresa. ASOBANCARIA (Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia) agremia a 37 entidades financieras, varias de las cuales con inversiones en grandes clínicas y aseguradores del país.
Estos grupos nos carcomen vivos y seguimos creyendo en estos pulpos de infinitas cabezas. Como recuerdo aquí mismo al economista Julio Silva Colmenares en su libro “Los verdaderos dueños del país” (1977). Ni siquiera una mínima reforma admiten los irracionales de las EPS y del sector empresarial y financiero
10)El costo total estimado de prestación de supuestos servicios primarios (que no realizan) a cargo de las EPS en 2023 es de más de $24 billones. Leamos (24.000.000.000.000).
11)Se debe implementar el punto 1 del Acuerdo de Paz del 2016 sobre Reforma Rural Integral en su sección de modelo de atención especial en salud.
12)Los CAPS (Centro de Atención Primaria en Salud) entrarían a reemplazar funciones de las EPS.
Colegas educadores me plantean que mucha de la infraestructura educativa puede jugar su papel social para este servicio en particular. Sobre todo, en el sector rural.
13)Indudablemente hay que tener en cuenta el impacto en la implementación de este proyecto, las restricciones de disponibilidad presupuestal, del Marco de Gasto de Mediano Plazo y del Marco Fiscal de Mediano Plazo.
14)Como era de esperarse el proyecto de Ley del gobierno del Presidente Petro ha sido rechazado o readecuado por los negociantes de la salud, especialmente por los aseguradores (EPS) y las fuerzas políticas contrarias al P.H. que representan sus intereses, quienes han radicado sus propios proyectos de ley para mantener intacto el actual sistema de aseguramiento en salud.
¿Por ahora la pregunta y recordando la página musical ¿Usted qué haría? de Amanda Miguel y Diego Verdaguer: Miren si se pudiera/borrar las cosas/que hicimos mal/. O que nos hicieron mal.
*Responsable Comisión Técnica e Investigación de la U.I.S. (Unión Internacional de Sindicatos) de P y J (Pensionistas y Jubilados) de la F.S.M. (Federación Sindical Mundial). Septiembre 4 de 2023.
