Por Jhon Fáber Quintero Olaya
La Constitución Política de 1991 es el resultado de una historia y el comienzo de otra. El contenido de esta obra fundamental es una verdadera carta ideal de derechos, deberes, instituciones y en general de una sociedad en la que como lo indica su artículo 2 se promueve “la prosperidad general”. La prestación de servicios públicos, la descentralización territorial y el respeto de la dignidad humana son otros rasgos distintivos del modelo de Estado adoptado desde el comienzo de los 90. Sin embargo, la práctica de este paradigma aún requiere de un gran esfuerzo colectivo.
Las protestas del último año que concentró diferentes sectores sociales e institucionales demuestra que aún estamos muy lejos de lograr los cometidos constitucionales. No se trata de hacer apología del vandalismo, pero tampoco de estigmatizar el inconformismo de miles o, tal vez millones, de personas que salieron a las calles pidiendo mejores oportunidades de empleo, salud, educación, justicia, entre otros estímulos. Los elegidos por los ciudadanos no pueden ser indiferentes a este reto y simplemente eclipsar la protesta bajo la premisa de los bloqueos y la violencia cuando los problemas estructurales de la sociedad siguen sin principios de solución y, por ende, el porvenir desencadenará nuevas jornadas de manifestaciones.
Si como sociedad no tenemos la capacidad de escucharnos y de generar el dialogo necesario para encontrar los caminos correctos y las decisiones idóneas va a ser imposible que las metas del Constituyente sean el faro para una mejor Nación. Puntos elementales de dialogo para ir moldeando programas, proyectos y de esa forma lograr que en los diferentes lugares del territorio patrio se sienta presencia institucional. Ese es el verdadero reto para los próximos decenios.
Sin embargo, el camino parece aún colmado de dificultades. Las recientes declaraciones del Gobierno Nacional y el comunicado difundido como respuesta al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no va en la vía correcta e la fraternidad. El informe del organismo internacional hace una serie de recomendaciones, algunas complejas, otras sencillas, pero todas ellas encaminadas a la solución de la problemática conocida por los observadores en su visita de los días 8 al 10 de junio.
La respuesta al comunicado de la CIDH no se hizo esperar y el mismo 7 de julio se publicó un pronunciamiento de la Cancillería en el que, entre otros aspectos, rechaza la creación de un “Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad” por “la fortaleza institucional” y el cumplimiento de los compromisos internacionales de Colombia con el Sistema Interamericano. Con una argumentación un tanto altiva el Ministerio de Relaciones Exteriores se aparta de la existencia de estigmatización, exceso del uso de la fuerza y la separación de la Policía Nacional del sector Defensa.
Los planteamientos del Gobierno Nacional, algunos de ellos razonables, se alejan de una actitud abierta al dialogo y a la reforma que son necesarias para impedir el uso de la fuerza estatal en contra de personas inocentes, pero también para hacer realidad los mandatos constitucionales. No es cegarnos ante sugerencias y las prístinas situaciones por mejorar, sino analizar con humildad cada afirmación para fortalecer nuestra imagen internacional en materia de derechos humanos, pero principalmente la dignidad y los derechos de las personas. Ese sería un buen homenaje a las tres décadas de la actual Carta Constitucional.
Adicional: Felicito al jurista quindiano Jaime Andrés López Gutiérrez por su nuevo libro sobre los 30 años de la Constitución Política de Colombia. Su obra sin duda servirá de insumo pedagógico para seguir creciendo en el respeto al sistema jurídico, al derecho y las instituciones.