Por Jhon Fáber Quintero Olaya
El Presidente de la República “simboliza la unidad nacional” y aunque se puede estar en desacuerdo con algunas decisiones del Ejecutivo, debe rechazarse cualquier atentado contra la vida del Jefe de Estado. La vida es un derecho sagrado, según se colige del artículo 13 constitucional y de ninguna forma el asesinato puede tener colores políticos. Ya en la historia colombiana se cuenta con un negro antecedente de genocidio por cuentas de las ideas y no es admisible repetir penosas circunstancias. Líderes y candidatos presidenciales han entregado su vida por sus ideas.
El atentado al Presidente de Colombia del 25 de junio de 2021 es bastante grave por lo que representa para la vida y la estabilidad institucional de un País, pero también porque al parecer se utilizó suelo extranjero para planear el mortal operativo. El artículo 9 superior precisa que “las relaciones exteriores” del Estado se fundamentarán en “el respeto a la autodeterminación de los pueblos” y la “política exterior” del país se orientará a “la integración latinoamericana y del caribe”.
Por tanto, constituye una agresión internacional que se facilite una parte de territorio extranjero para que allí se instalen grupos irregulares y puedan organizar un atentado contra quien “simboliza la unidad nacional”. Los Estados cuentan con el monopolio de la fuerza y se encuentran compelidos a la persecución de delito en cualquier parte de su jurisdicción. El alzamiento en armas y actividades conexas requiere de una fuerte reacción estatal para la judicialización de quienes llevan a cabo semejantes acciones. La cooperación internacional es fundamental en esta materia cuando el crimen trasciende las fronteras.
También es de idéntica gravedad que exmilitares colombianos hayan participado en la muerte violenta del Presidente de Haití, Martine Moïse, a comienzos del mes de julio del año en curso. No sólo es repudiable que un nacional haya concurrido a semejante acto de barbarie, ingresando a una vivienda y masacrando una persona, al tiempo que su esposa logró sobrevivir a este brutal comportamiento. ¿Hasta dónde llegan las ambiciones desmedidas de poder?
La concurrencia de personas que fueron entrenadas por el Estado Colombiano para la defensa de la soberanía nacional en este execrable acto debe generar una serie de alertas respecto a la legalidad de las actividades que llevan a cabo algunas compañías nacionales y extranjeras en Colombia. El reclutamiento de los exsoldados se produjo en suelo cafetero y los desplazamientos debieron tener una coordinación endógena e internacional. Por ende, los controles del Estado en esta materia se deben reforzar.
De igual forma, el acompañamiento a los héroes de la patria en retiro y sus familias tiene que reestudiarse con el fatídico suceso, puesto que para que más de 20 personas con la única similitud de su formación castrense, hayan decidido concurrir a otro Estado y cometer un homicidio de esta naturaleza, algo tiene que estar fallando en el acompañamiento psicológico que debe hacerse a una persona que ha manipulado armas y se incorpora a la vida civil. Las costumbres, formación y actividad diaria de quienes combaten por la soberanía y los derechos ciudadanos obligan al diseño y aplicación de un protocolo de adaptación a la coexistencia pacífica en comunidad. El cambio abrupto del retiro y el ajuste mental y físico a unos nuevos hábitos de vida obligan a una intervención estatal que prepare a sus servidores para una merecida pensión y una existencia tranquila en un tiempo donde aún son laboralmente productivos para la sociedad.
revisiones al modelo migratorio, funcionamiento de empresas de vigilancia, limitantes a los servicios de “seguridad” y de acompañamiento psicológico limitarán la repetición de estos lamentables sucesos. El rechazo internacional a la connivencia con la violencia también hace parte de una adecuada política de integración Latinoamericana y del Caribe. No se puede vestir de sangre la bandera sin importar el color.