Cuando llega una tormenta sus rezagos pueden convertirse en grandes oportunidades. El año pasado con el temor de una pandemia y las súbitas medidas para su contención, la humanidad enfrentó un desafío sin precedentes en la historia moderna. Sin embargo, el aislamiento preventivo y los cambios sociales permitieron diferentes lecciones en el sector de la salud, pero también en los diferentes ámbitos de la vida en sociedad. La justicia no fue la excepción.
Durante meses juzgados y tribunales estuvieron cerrados, pero se allanó el camino para que a través de plataformas virtuales se pudieran presentar tutelas y diferentes medios de control constitucional que no pueden paralizarse por su relevancia para el Estado de Derecho. En forma gradual la realización de audiencias, presentación de demandas y hasta la consulta de expedientes electrónicos fueron mostrando que la innovación es una de las características más valiosas de las personas.
La virtualidad acercó al ciudadano a la Administración de Justicia. La impersonalización de las relaciones procesales es un desafío, tiene sus inconvenientes, pero también grandes ventajas a las que no se puede renunciar. La posibilidad de presentar poderes sin tener que ir a una Notaría para reconocer la firma de un ciudadano, la realización de consultas en línea y tener un contacto expedito con funcionarios y servidores ha sido una gran conquista de los últimos 365 días. La celeridad de los procesos y de las audiencias también se ha potencializado por cuenta de los nuevos esquemas procesales.
Oralidad, bajo un sistema mixto y por audiencias, con virtualidad parecieran combinarse para contribuir a solucionar el eterno problema de la congestión judicial. En forma personal durante la semana en curso tuve la posibilidad de escoger si una audiencia se realizaba en forma presencial o virtual y al unísono los concurrentes decidimos que el computador era una mejor herramienta para tramitar el contradictorio. No se puede renunciar a la presencialidad, pero la virtualidad se debe mezclar con ella para seguir mejorando un servicio esencial como la administración de justicia.
En un diplomado reciente organizado por la Escuela Superior de Administración Pública y otras entidades públicas en relación con el control fiscal, la auditoría y la participación ciudadana tuve la posibilidad de sorprenderme. Se congregaron virtualmente centenares de personas de diferentes regiones del País a escuchar y expresar sus puntos de vistas sobre el funcionamiento institucional de la justicia y los órganos de control. Fue un privilegio personal saber que desde el sur del País hasta el norte ciudadanos decidían acompañar un determinado tema, tenían el espacio para enseñar y para aprender. Estas medidas rompen brechas pedagógicas y acercan los ciudadanos a los diferentes órganos del Estado.
También fue sorpresivo para mí que una Comisión Regional de Moralización facilitara su concurso para que esta clase de iniciativas preventivas y formativas fueran de conocimiento universal. Estos cuerpos colegiados creados por la Ley 1474 de 2011 cuentan con la confluencia de diferentes actores de la Rama Judicial y los Entes de Control y tienen funciones encaminadas al combate y prevención de la corrupción, a partir de los lineamientos de la Comisión Nacional de Moralización. Sin embargo, en este piloto una Comisión entendió que la base para el combate del delito no es la represión, sino la educación ciudadana y la cultura. La virtualidad ha permitido que el éxito de este evento tenga una difusión de un alcance mayor al seguramente esperado por sus organizadores.
Muchas cosas quedan por mejorar en la prestación del esencial servicio de administración de justicia, pero sin duda la virtualidad hace parte del camino para cumplir ese propósito.
