Jhon Fáber Quintero Olaya
En la actual coyuntura nacional relacionada con la reforma al sistema de salud colombiano salió a flote uno de los grandes flagelos del mundo contemporáneo relacionado con nuestra mente. Enfermedades como la depresión y la ansiedad cada vez son más constantes en un mundo que cuenta con realidades paralelas: la social y la virtual. Los efectos de los medios tecnológicos y la pandemia en la integridad personal de los ciudadanos y en su forma de pensar son aspectos de estudio científico.
La Organización Mundial de la Salud ha expresado que la salud: “es un estado de completo bienestar, -físico, mental y social-, y no la simple ausencia de enfermedad”, por lo que trasciende a un concepto eminentemente físico y prevé una armonía tanto orgánica como emocional. La Ley 1751 de 2015 en su artículo 2 prevé que este derecho es “autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo”. En forma previa a esta preceptiva estatutaria se había proferido la Ley 1616 de 2003, la cual define la salud mental como un “estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad”.
De acuerdo con la Corte Constitucional la referida normativa “impone claras obligaciones en materia de cubrimiento, atención y política pública dispuesta para la integral atención en salud mental”. Sin embargo, el cumplimiento de esta integralidad debe ser cuestionado en momentos donde la estructura primaria de atención en salud se encuentra en revisión por el legislativo. Es pertinente que la salud mental haga parte del escrutinio que se lleva a cabo en el Congreso.
EL QUINDIANO reveló en noticia reciente que sólo en lo transcurrido del 2023 este Departamento cafetero ha reportado 13 suicidios cuando el año no llega ni siquiera al primer trimestre. Desde niñas hasta personas adultas han decidido acabar con sus vidas, generando un impacto personal y familiar, pero también una herida social tal vez por la omisión en el tratamiento y atención de enfermedades que por naturaleza son silenciosas. La corresponsabilidad en materia de salud cobra especial importancia en estos aspectos, por cuanto la confianza necesaria para un tratamiento oportuno es fundamental para la preservación de la vida.
Los centros educativos también tienen una cuota grande de deberes en esta política pública, por cuanto la formación oportuna y la orientación pedagógica de los estudiantes se convierte en una importante labor preventiva de pensamientos o actos mortales. De igual forma, la batalla cognitiva contra conductas discriminatorias se encuentra en el centro de la discusión de escuelas, colegios y universidades. La humanidad como componente básico del estudio de la persona es la puerta del respeto y la convivencia pacífica.
La salud mental es más que una decisión y su amparo implica el esfuerzo individual, pero también la solidaridad y el acompañamiento del sistema, incluyendo familia, amigos y sociedad en general. ¿Qué puede pensarse de nosotros si somos indiferentes ante la muerte silenciosa de nuestros seres queridos?; ¿Acaso no quisiéramos tener una mano amiga para entender qué no estamos solos y qué las dificultades pueden resolverse?
La salud mental es un desafío para todos porque requiere de cohesión y comprensión. La decisión está en nuestras manos.
Adicional: El Consejo de Estado ha suspendido otro acto administrativo del Presidente Petro. El Decreto 227 de 2023 a través del cual se reasumen funciones de orden regulatorio, es decir, relacionadas con el marco tarifario de servicios públicos fue objeto de esta importante medida cautelar de la Corporación judicial. La separación de poderes sigue funcionando y el Gobierno debe reflexionar sobre sus límites normativos.
