Jhon Fáber Quintero Olaya
La historia se repite, dirían los amantes de la historia, por lo que su estudio siempre resulta oportuno. El mes de noviembre de 1985 fue uno de los más recordados en la cronología reciente del País. La toma del Palacio de Justicia por el M-19 fue reemplazada en los titulares de la época por la erupción del Nevado del Ruiz, quedando gravemente afectado el municipio de Armero en el Departamento del Tolima.
Las víctimas fatales por el desastre natural han generado tantas interrogantes como la irrupción al corazón de la justicia por la extinta organización guerrillera. La ausencia de planeación y evacuación de los sectores aledaños al volcán y las responsabilidades políticas y administrativas de los líderes de la época son cuestiones que generan múltiples perspectivas en la actualidad. Sin embargo, el error del ayer es la oportunidad del mañana y así lo ha entendido la institucionalidad en el 2023.
Las reuniones de Gobiernos Nacional y Locales alrededor de una nueva manifestación del Ruiz, el seguimiento geológico y la activación de los instrumentos de contingencia son de resaltar. No se ha esperado una desgracia para reaccionar, sino que las autoridades se están preparando para preservar la vida de los ciudadanos y utilizar la razón humana para equilibrar lo inevitable con la capacidad de adaptación del ser humano.
El abandono de sus tierras por los connacionales no es una decisión fácil porque cultivos y bienes generan preocupación. Sin embargo, ¿de qué vale el oro y la riqueza cuándo la existencia está en riesgo? La protección del patrimonio de los moradores de los municipios cercanos al Nevado, sin duda, es responsabilidad del Estado, pero en el grado de prioridades del riesgo no está la defensa material, sino, en un primer término, de la vida digna como el bien jurídico más preciado que existe.
Los frecuentes movimientos sísmicos provocados por la actividad volcánica demuestran que el riesgo es latente y la alerta amarilla declarada por el Ejecutivo conlleva una responsabilidad compartida, puesto que también los coasociados somos participes de la mitigación del riesgo. El acatamiento de las instrucciones y el oportuno suministro de información son fundamentales para que los planes de contingencia sean efectivos. Por ello, debemos complementar la valiosa labor de funcionarios públicos propositivamente.
Esta nueva experiencia de la naturaleza, además del Covid 19, genera grandes reflexiones en materia de política pública. Verbigracia, la actualización de las herramientas de ordenamiento territorial es una necesidad aplazada de Departamentos y Municipios. Las determinantes de riesgo no se encuentran incorporadas en estos documentos y los avances en materia ambiental por cuenta de la dinámica de los recursos tampoco son expresadas en lineamientos de carácter urbanístico.
Los Planes de Ordenamiento Territorial mayoritariamente son de comienzo de siglo y su actualización siempre se ve truncada por cuestiones de orden técnico o económico, generando graves riesgos para la seguridad jurídica, la actividad económica y la prevención de riesgos. Una de las apuestas del Gobierno Nacional, en esta materia, debe ser no sólo la actualización del catastro multipropósito, sino también la de lograr que a nivel local se logre planear la actividad territorial en forma idónea con los usos de suelo y las limitantes ambientales y de riesgo.
Una adecuada planeación de eventos naturales debe pasar por una proyección de largo plazo y, para ello, es fundamental la revisión de esquemas, planes y planes básicos de ordenamiento territorial. El Ruiz se ha pronunciado y las autoridades demostraron que avanzamos en su atención, pero aún queda un largo camino en la prevención y planeación. En esta ocasión no bailamos al ritmo del volcán.
