Jhon Faber Quintero Olaya
La vida y la muerte son caras de una misma moneda. Fernando Villavicencio, cuyo apellido coincide con un Departamento colombiano, tuvo en común con esta tierra algo más que su identificación. La nacionalidad de sus asesinos hoy genera una verdadera tragedia para Ecuador y para Colombia que tienen una extensa geografía común, pero también una historia e idiosincrasia que genera una hermandad inseparable.
El periodista y político que fuera brutalmente acribillado en plena campaña política por la presidencia del vecino país había realizado múltiples denuncias alrededor de la corrupción y la mezcla de dineros de dudosa procedencia con la clase política latinoamericana. En sus redes sociales defendía con contundencia y pasión la pulcritud en el liderazgo, al tiempo que sostenía que sus expresiones eran de valientes.
El eslogan de campaña del ex Asambleísta planteaba estaba virtud y hacía apología del tiempo como un presente en el debate electoral de su nación. Diferentes medios de comunicación lo increparon en relación a sus acusaciones y siempre indicó que su mayor fortaleza era la mayoría de ciudadanos buenos que representaba. El doctor Villavicencio no tuvo miedo por su vida, pero la perdió injustificadamente por expresar lo que pensaba y en medio de lo que debería ser una fiesta democrática.
Lamentablemente este no fue un hecho aislado, puesto que se evocará lo sucedido en Haití hace ya un par de años. La participación también de ciudadanos colombianos en la muerte violenta del Presidente en ejercicio de la isla evidencia que los caminos de construcción social y los pactos sociales por la paz habilitan nuevas culturas, costumbres y formas de ver el mundo más acorde a los derechos humanos y el progreso de la sociedad. El reto es grande, pero vale la pena recorrerlo.
Las cosas no quedaron allí, sino que un alto funcionario de la Fiscalía paraguaya fue brutalmente asesinado en las bellas playas colombianas cuando celebraba su compromiso matrimonial y el nacimiento de su hijo. Una fiesta fratricida por cuenta de sus investigaciones y resultados contra el crimen. Poco tiempo ha transcurrido entre ese acontecimiento y el homicidio de Fernando Villavicencio.
Los hechos parecieran aislados, pero tienen en común el terrible impacto internacional, la pérdida de la vida humana y la autoría de ciudadanos colombianos en la decisión de cegar la existencia. No podemos seguir repitiendo estos ciclos de terror en el que la forma de pensar, escribir y trabajar son riesgos mortales. La cultura de la bala debe ser reemplazada por la esperanza y el trabajo solidario.
Es por ello que debe protegerse con la toda la fuerza del Estado al señor Fiscal General de la Nación. La desestimación ligera de las denuncias de riesgo contra su vida por parte del Comisionado de Paz son contradictorias con los análisis del Ministerio de Defensa y con el diagnóstico de una civilización que requiere medidas urgentes de seguridad por la multiplicidad de actores en conflicto. Nuestro pasado no permite que las amenazas del doctor Barbosa sean cuestionadas en forma rápida y menos a través de los medios de comunicación.
La palabra no puede seguir siendo un riesgo mortal y la libertad de pensamiento y de acción deben generar la confluencia, la disidencia, pero también el respeto por el otro. La vida es sagrada y, por ello, la investigación de lo acaecido en Ecuador implica un arduo trabajo conjunto y binacional, pero también la protección del titular del Ente Acusador Colombiano es una obligación estatal patria.
Adicional: La publicación de las sentencias varios meses después de los comunicados viene reviviendo, en forma innecesaria, debates sobre temas ya discutidos. La Corte Constitucional debe mejorar su logística para que la comunidad académica discuta sobre realidades y no respecto de noticias incompletas.
