Jhon Fáber Quintero Olaya
La semana que termina tuvo una convulsión especial en el mundo judicial por cuenta de una interrupción técnica en los servicios digitales de la administración de justicia. Las páginas destinadas a la radicación de documentos e interacción en los diferentes procesos fueron atacadas por expertos siniestros en estas materias, quienes a la postre, evidenciaron su vulnerabilidad. Un verdadero caos se armó por cuenta de este hackeo que incluyó al Ministerio de Salud, la Superintendencia de Industria y comercio, entre otros.
No existe un sistema informático impenetrable y los riesgos asociados al mundo digital post-pandemia son mucho mayores que antes porque la vida cambió con el COVID 19. La información de miles de ciudadanos en manos siniestras ante la inerme posición gubernamental amerita serias alertas sobre las medidas correctivas y de contingencia para superar la crisis. Los expertos han indicado que se trata de un asunto de gran trascendencia y gravedad.
El ataque cibernético no sólo fue a Colombia porque otros países también fueron pasivos de la acción delincuencial. Sin embargo, la afectación en territorio cafetero fue interinstitucional y masiva porque se trató del plenario de la cumbre judicial y órganos de vigilancia y control que tienen datos de centenares de personas. Los daños por esta incursión son incalculables.
A nivel procesal, por ejemplo, se suspendieron términos desde el 14 y hasta el 20 de septiembre de 2023. Los peores momentos del año 2020 se evocaron entre servidores, funcionarios judiciales y abogados, puesto que en forma súbita se congelaron las actuaciones que para esta época del año se encuentran en su mayor dinámica. El caos alrededor de esta medida no se hizo esperar.
Algunos Despachos aplazaron las audiencias que tenían programadas y otros simplemente lo que dependía de estos sitios web amenazados. Las Cortes sacaron comunicados diferentes y la actividad jurisdiccional tuvo una tendencia a relativizarse en este corto periodo con incertidumbre y orientaciones disimiles. El Acuerdo PCSJA23-120989 del 13 de septiembre de 2023, en nuestro criterio, es claro pero la hermenéutica criolla lo complica todo.
El correo electrónico de los Despachos volvió a ser una alternativa de contacto entre los usuarios del sistema judicial, aunque la radicación de tutelas en los últimos días ha sido una verdadera pesadilla. La semi-presencialidad adoptada para el talento humano de la Rama persiste, pero es notoria la alteración a un paradigma de funcionamiento judicial que apenas y viene en implementación desde hace 2 años. Una semana de aprendizaje y para la historia que no tiene soluciones claras a la vista, al menos al momento de escribir estas líneas.
No podemos renunciar a las ventajas del proceso virtual, de la vida digital, pero sin es menester que las autoridades y los ciudadanos entendamos que la vida no es una pantalla y que un dispositivo no es el mundo, por lo que la alternancia de presencialidad y conexión virtual deben complementarse y no excluirse. Una construcción mixta y planeada integralmente contribuirá en el futuro a que la suspensión de términos por circunstancias excepcionales sea cada día más excepcional, máxime cuando se viene el cierre de año y la conocida vacancia judicial.
Adicional: Las amenazas son jueces y servidores judiciales no pueden tolerarse en un Estado Social de Derecho. Mi solidaridad con la institucionalidad de Tuluá por lo acaecido. Esperamos la actuación integral y cohesionada de las autoridades para prevenir situaciones similares.
