Preocupa la coordinación

2 diciembre 2023 2:31 am

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Jhon Fáber Quintero Olaya

Los nuevos mandatos territoriales, entiéndase electos, tuvieron su primer encuentro en la bella ciudad de Barranquilla donde pudieron vivir una importante inducción a la tarea que les espera los próximos 4 años. La inasistencia del señor Presidente de la República al evento constituye un lamentable precedente para el principio de coordinación y genera preocupación sobre la articulación entre la Nación y las regiones. Sin embargo, el Gobierno invitó a algunos de los ungidos al Palacio de Nariño, es decir, a quienes consideró como cercanos a su ideología discriminando con mayor fuerza a los otros representantes.

Los cimientos del Estado colombiano, desde su organización territorial, se sustentan en el concepto unitario, pero también en la descentralización territorial. Desde el artículo 1 el Constituyente adopta esta importante fórmula que se armoniza con la previsión del artículo 189, según la cual “El Presidente de la República simboliza la unidad nacional”. Esta convergencia parece distante por las actitudes que provienen del nivel central.

La Carta no se quedó en la colaboración armónica de los poderes establecidos, sino que a nivel territorial edificó la coordinación como un principio el artículo 288, al tiempo que en el artículo 27 numeral 1 de la Ley 1454 de 2011 se dispuso que dentro de su marco: “La Nación y las entidades territoriales deberán ejercer sus competencias de manera articulada, coherente y armónica”. La Corte Constitucional adiciona un elemento a este marco deontológico así: “el principio de coordinación significa que las entidades territoriales deben establecer su estrategia de acción, en armonía con los parámetros establecidos en las leyes nacionales y las decisiones de este Alto Tribunal”.[1]  

El dialogo es presupuesto de orden y de complementación en las necesidades que se tienen a nivel local, logrando que la cooperación institucional permita la solución de ellas. Sin embargo, es compleja la formulación y ejecución de Planes de Desarrollo homogéneos si sus responsables no tienen la capacidad para sentarse y generar consensos en la diferencia. El servicio público debe estar por encima de las vanidades inexorables al ejercicio del poder.

Las grandes capitales anhelan seguridad y un desarrollo en infraestructura que está condicionado a los puentes de lenguaje que hasta ahora brillan por su ausencia. Verbigracia, las obras en ejecución en Antioquia tenían incertidumbre por mensajes ambiguos de la Administración Nacional y el Metro de Bogotá fue un plebiscito electoral de octubre. Los titulares de prensa no pueden seguirse llenando de declaraciones contradictorias y menos de reproducciones de redes sociales que vuelven el escenario social, político y económico en una caldera.

Barranquilla tiene todavía el problema societario de la empresa Triple A y en el Eje Cafetero el Hospital de Cuarto Nivel también vio riesgos financieros y presupuestales. La austeridad económica por cuenta de la actual dinámica y los indicadores del último trimestre prendieron las alarmas de recesión y, por ello, el consenso en las políticas públicas es apremiante, así como la estabilidad jurídica para la inversión.

La coordinación es imperativa para que en el periodo constitucional en curso y el que inicia podamos construir un país en el que la equidad, el progreso y el cambio no sean sólo banderas de un eslogan de gobierno. Esperemos que los espacios de comunicación entre funcionarios no se rompan y que los Ministros estén a la altura de lo que demanda la actual coyuntura social.     

 

[1] Corte Constitucional, Auto 314 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva

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