Secuestro judicial

10 febrero 2024 2:40 am

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Jhon Fáber Quintero Olaya

El derecho a la protesta es una de las herramientas de expresión más significativas e importantes de una democracia. La posibilidad que la ciudadanía tiene de manifestarse a favor, o en contra, de aquellas decisiones de sus representantes constituye una prerrogativa legitima de la soberanía popular. Por tanto, limitarla o prohibirla es propio de regímenes absolutistas o dictatoriales.

Sin embargo, cuando el disenso se vuelve un comportamiento violento no sólo se afectan los derechos ajenos, sino el orden social. Una cosa es exteriorizar una opinión diferente e, incluso, contraria y otra muy diferente agredir al otro por un pensamiento o acción disímil. El pluralismo ideológico también es un valor de la democracia participativa, lo mismo que la seguridad. El Estado no puede renunciar a ninguno de ellos.

Preocupa, en consecuencia, de manera significativa que en los últimos años la expresión popular se haya tornado en actos vandálicos y bloqueos económicos que agudizan los problemas sociales. En esta ocasión el turno fue para la justicia, por cuenta de la elección de la próxima Fiscal General de la Nación. El anunciado encargo de la actual Vicefiscal y la ausencia de mayoría de las ternas remitidas por el Presidente tenían los ánimos caldeados. Finalmente, el episodio acaecido en cercanías del Palacio de Justicia en Bogotá quedará como una mancha en la historia institucional de la Nación.

No es sana la interinidad en los órganos del poder público. La Corte Suprema de Justicia conocía a las candidatas para suceder al doctor Francisco Barbosa desde hace meses, por lo que pudo planear un cronograma electoral que evitara titulares provisionales en el órgano de persecución penal. Así mismo, las denuncias alrededor de familiares de Magistrados trabajando en la Fiscalía y de reuniones privadas con las aspirantes al mencionado público opacaron la legitimidad de un proceso que hoy a todos preocupa. Desde diciembre muchos sabían que en febrero no tendríamos humo en blanco en este nombramiento y no se equivocaron en el vaticinio.

El debate alrededor de las competencias electorales de la Rama Judicial vuelve a la mesa de la política pública, por cuanto el centro de actividad de los jueces no está en los cálculos políticos o de poder, sino en la administración de justicia. El antecedente de la semana que termina lleva a este cuestionamiento porque resulta inevitable la tensión de los sectores interesados en una u otra determinación. ¿Es necesario focalizar a la Corte no por sus providencias, sino por sus nombramientos?

La respuesta es no. Sin embargo, no está bien que en un Estado de Derecho se cosifique a los jueces a través de la presión popular. La crítica y el disenso, por supuesto, son respetables y vértices de las garantías individuales, pero ellas no pueden ser el instrumento para compeler a una institución a tomar partido o bando, máxime cuando se trata de los garantes del orden de legalidad y los derechos establecidos en una Constitución. Una conducta en ese sentido debe ser rechazada unánimemente por el colectivo.

El Presidente de la República debe ser un estadista y no un promotor de actos sediciosos porque en sí representa las instituciones. El artículo 189 del principal contrato social existente en colombiana le defiere, en este caso al doctor Petro Urrego, “la unidad nacional” y volcando la ciudadanía a las calles difícilmente lo va a lograr. El Gobierno no puede pretender, como lo ha defendido en recientes ocasiones, que una elección autónoma e independiente se lleve a cabo con inmuebles públicos sitiados y bajo un clima de agresión y caos. La justicia no se puede secuestrar porque las consecuencias de tan innobles acciones repercutirán en todo el colectivo.

Si se quiere construir paz total se debe empezar por una idea básica: el respeto por la autonomía e independencia de los jueces.

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