Una constituyente a la medida

23 marzo 2024 3:35 am

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Jhon Fáber Quintero Olaya

Las declaraciones del Presidente Petro alrededor de una Asamblea Nacional Constituyente han generado todo tipo de reacciones sociales, jurídicas y políticas en los tiempos recientes de la convulsión patria. El Gobierno ha aclarado que su objetivo no es derogar la Carta Política de 1991, sino generar una discusión sobre la funcionalidad de algunas instituciones y determinadas transformaciones que requiere el País. El artículo 374 de la Ley fundamental permite cambios constitucionales por esta vía.

Existe una posibilidad legal y funcional de iniciar este tortuoso camino, pero no se encuentra una justificación plausible para una discusión esencial sobre los cimientos del modelo constitucional y las bases del Estado colombiano. Las iniciativas legislativas presentadas por el Gobierno en el Congreso no han tenido el impacto esperado, pero este resultado no es atribuible a la organización, sino a la dinámica relacional entre el Ejecutivo y el Legislativo. La ausencia de liderazgo no se soluciona con la creación de normas jurídicas, sino con la reinvención de los esquemas de gestión.

La capacidad de dialogo de los ministros y su persuasión a senadores debe ser el camino para los consensos normativos necesarios y no el cambio radical en las reglas de juego, máxime si se trata de los derechos y garantías ciudadanas. El incumplimiento de un contrato no se soluciona cambiando el negocio jurídico, sino sancionando convencionalmente al incumplido, previa determinación judicial. Por ello, es al menos cuestionable que los tropiezos, en algunos casos por negligencia, lleven a prender un incendio totalmente innecesario cuando la sociedad está totalmente polarizada.

La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente requiere de una Ley previa aprobada en los términos del artículo 376 constitucional. Por tanto, no es una potestad exclusiva del fuera presidencial la convocatoria al pueblo para definir si se cambian o no algunos pilares constitucionales o se implementan transformaciones en la forma de vida del ciudadano. El Congreso, cuya distancia del Palacio de Nariño es evidente, sigue siendo un actor central de cualquier idea de las autoridades elegidas o nombradas y en el Capitolio no tiene buen ambiente semejante invención.

No se duda que la salud debe mejorar y que los trabajadores tienen derechos a unas condiciones dignas de labores o de calidad de vida, pero no pareciera que un vuelco a lo diseñado a comienzos de los 90 sea la propuesta más idónea. El escenario natural para el debate democrático es aquel destinado para la realización de las Leyes y pareciera que es justamente el que se quiere saltar el doctor Petro Urrego, aunque en su ingenio inevitablemente debe pasar por él.

Los críticos de la Administración han indicado que lo que realmente se proyecta es una sustitución del régimen político, la reelección indefinida y la pérdida del equilibrio de poderes. Este fantasma tampoco es veraz, por cuanto los constructores del miedo y la narrativa del Venezuela aprovecharon la Constituyente para disfrazar de dictador a un mandatario elegido por voto popular. Hasta ahora no se advierte que la intencionalidad de los promotores del cambio constitucional sea el aprovechamiento de la coyuntura para desvirtuar los linderos de la democracia, por cuanto se trata de una vía peligrosa y se carece del favor popular para lograrlo. La imposición de la tiranía históricamente ha contado con la convicción ciudadana de ser la mejor decisión, lo cual a todas luces no sucede en Colombia. Por tanto, ni lo uno es acertado y tampoco es verosímil el relato maquiavélico del temor. Sigamos las reglas, discutamos los cambios, pero a partir de las instituciones creadas. Una constituyente a la medida de las reformas no es la opción efectiva para lo pretendido gubernamentalmente. 

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