EL DISPLICENTE MINISTERIO PÚBLICO

22 diciembre 2020 11:42 pm

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Gilberto Zaraza Arcila

Está conformado por la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las personerías distritales y municipales que tienen como funciones principales: Vigilar el cumplimiento de la constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. Proteger, promover y asegurar la efectividad de los derechos humanos. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas. Defender los intereses colectivos de la sociedad, en especial el ambiente y los recursos naturales. Ejercer el poder disciplinario, adelantar las investigaciones e imponer las respectivas sanciones.

Cuenta con un presupuesto superior a 2 billones de pesos y una nomina de más de 35.000 empleados, realizando de manera simultánea las mismas funciones. Esto como resultado de la politiquería que crea cargos innecesarios para aumentar el clientelismo. Las 3 entidades son organismos politizados, burocratizados, inoperantes y paquidérmicos. Junto a la Fiscalía y la Contraloría conforman la trilogía de organismos que garantizan la impunidad de dirigentes políticos y gobernantes. Esa es la razón para que en medio de la pandemia, la epidemia crónica de la corrupción no se detenga, ni las masacres, ni el exterminio sistemático de líderes sociales y desmovilizados.

Con enorme poder burocrático y de contratación se dedican a devolver favores a gobernantes, congresistas y magistrados que los hicieron elegir, nombrando a sus recomendados y engavetando o archivando investigaciones en su contra. Con este ilícito proceder hacen méritos para que sean promovidos a otras dignidades. Como ocurrió con los dos últimos e indignos procuradores. Edgardo Maya fue elegido Contralor y Alejandro Ordoñez por la destitución ilegal y arbitraria de Gustavo Petro, fue nombrado embajador en la OEA.

Fernando Carrillo que es el procurador del partido liberal y no de la nación, porque hace lo que su jefe Cesar Gaviria le dice, se dedicó a hacer turismo por todo el país viaticando y dándose vitrina en todos los medios de comunicación, con anuncios intrascendentes de apertura de procesos disciplinarios o suspensiones a gobernantes, que terminan en un chorro de babas. Los ejemplos abundan. En el Quindío, suspendió a los alcaldes de Calarcá y Armenia, la ex directora del SETTA Fanny Amparo Martínez, la asesora administrativa de la alcaldía Sandra Aristizabal, a 7 diputados por la elección ilegal del contralor, etc. A todos los reintegró o no ratificó la sanción de primera instancia. Fueron simples shows mediáticos.

Lo anterior, permite deducir o que hay ineptitud y desconocimiento de los procedimientos por parte de investigadores, o hay complicidad. En tal caso, deben ser los funcionarios de la procuraduría quienes a través de la acción de repetición, paguen a los funcionarios suspendidos los sueldos y primas dejados de percibir por errores de la procuraduría.

Si en esta enorme crisis sanitaria, al personal médico y de enfermería no le pagan sus salarios, ni le suministran los elementos de bioseguridad. Si la corrupción no se detiene. Si no para el baño de sangre, ni la violación de los derechos humanos. Si no se realizan labores rutinarias como las conciliaciones bancarias en Armenia; es la demostración palmaria que los funcionarios de la administración y el ministerio publico están prevaricando por omisión en el cumplimiento de sus funciones. Y deben ser investigados y condenados penalmente por la Fiscalía.

En octubre del año pasado antes de las elecciones varias veedurías y ciudadanos le solicitamos personalmente aquí en Armenia, al viceprocurador general Juan Carlos Cortés y al vicefiscal general, la suspensión del alcalde Oscar Castellanos y de Sandra Aristizabal, para evitar que se consumara el constreñimiento electoral a empleados y contratistas a favor de Piedad Correal, Roberto Jairo Jaramillo y Armando Aristizabal, y denunciado mediante un audio en la voz de la candidata a la alcaldía. Ni la Procuraduría, ni la Fiscalía hicieron nada y fueron cómplices de la elección ilegitima del gobernador y el diputado Aristizabal. Piedad Correal fue castigada por los electores ante su confesión de parte en un audio que se volvió viral. Los autores y beneficiarios del ilícito celebraron desde sus cargos y muertos de la risa, el primer aniversario del concierto para delinquir. A Sandra Aristizabal le pagaron nombrándola gerente de telecafé y la piensan postular a la Cámara de Representantes. El delito si paga.

Las 3 ías forman parte del régimen de componendas y complicidades que son el blindaje de impunidad de los funcionarios y políticos corruptos. La nueva procuradora Margarita Cabello Blanco continuará con este contubernio y legado de indignidad. Los Char, los congresistas Pulgar y Bedoya, y todos los investigados incluidos ministros, alcaldes y gobernadores pueden dormir tranquilos. Tienen quien los proteja.

Lo mínimo que debe hacer un procurador integro e independiente es presentar al Congreso una reforma para acabar con entidades paralelas e innecesarias que realizan las mismas funciones. Atacar efectivamente la corrupción y la impunidad, destituyendo oportunamente y sin distingo de filiaciones políticas a gobernantes y congresistas venales. Exigir la aplicación de la extinción de dominio y la acción de repetición a todos los funcionarios corruptos e ineptos, empezando por los de la procuraduría. Impedir que continúe la sistemática violación de los derechos humanos y que los causantes de las mismas sean ascendidos en el ejército y la policía. s mediocres resultados de estas entidades y su relación costo beneficio no justifican su existencia.

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