Gilberto Zaraza Arcila
El espectáculo bochornoso que acaba de dar la fiscalía general , solicitando la preclusión de la investigación contra el expresidiario Álvaro Uribe, desconociendo más de 30 pruebas y evidencias, así como las diligencias judiciales adelantadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que considera que la prueba es abundante, clara, unívoca y concluyente, que el imputado es determinador de los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, y por eso ordenó su detención; es una vergüenza mundial que nos catapulta al campeonato mundial de impunidad. La culpa de que Francisco Barbosa este al servicio del uribismo y empecinado en perseguir a quien denuncie algún delito contra Uribe, su familia o integrantes de su movimiento político, es culpa de magistrados sin carácter y valor civil que se doblegaron ante las presiones palaciegas y lo eligieron sin tener la experiencia, el conocimiento, la integridad y la independencia, para tan elevada responsabilidad.
Con esta insólita actuación, el organismo acusador en contravía de la constitución y la ley se convirtió en defensor de oficio del investigado, prevaricando por acción y por omisión. En Colombia no existe independencia de poderes, el legislativo y el judicial están cooptados por el ejecutivo a través del presupuesto, puestos y contratos. Por eso el Congreso se dedicó a legislar para blindar a políticos y gobernantes de este país de cualquier investigación en su contra. Para tal efecto, aprobaron excesivos fueros, leyes garantistas como el principio de oportunidad, que debiera llamarse de impunidad, y la posibilidad que puedan renunciar a su curul para eludir la CSJ, y escoger el juez tipo sastre a su medida. Como si fuera poco crearon la Comisión de “Acusaciones” de la Cámara, para no investigar a los altos funcionarios del Estado.
Somos el único país del mundo donde un movimiento político antidemocrático y autoritario, que obtuvo el poder mediante fraude electoral, captura los 3 poderes del estado, los organismos de control, de acusación y los organismos electorales; estableciendo un régimen fascista y represivo, que en connivencia con el paramilitarismo está dedicado a eliminar de manera sistemática líderes sociales, defensores de derechos humanos, opositores al gobierno, y asesinar a quien participe en una protesta pacífica, sin que la fiscalía investigue estos crímenes.
Uribe que es prepotente, mitómano y megalómano se ha dedicado desde que era presidente a irrespetar la justicia y a interceptarla ilegalmente, porque no le permitieron su reelección indefinida y no le eligieron como fiscal de bolsillo a Camilo Ospina; el autor intelectual de los incentivos económicos para las ejecuciones extrajudiciales. Mantiene lleno de odio con los magistrados que no sean incondicionales a sus caprichos. Cuando era presidente, desde palacio urdieron montajes con narcoparamilitares como alias “Tasmania” y el “Tuso” Sierra, para acusar a magistrados incorruptibles como Iván Velásquez, y Yesid Ramírez y Cesar Julio Valencia recibieron amenazas de muerte por investigar a Mario Uribe y otros congresistas por la parapolítica. A los magistrados independientes que ordenaron su detención, los injurió tratándolos de secuestradores y mafiosos. Su obsesivo propósito es el de acabar las cortes y dejar una sola con magistrados amigos e incondicionales, y destruir la Jurisdicción Especial para la Paz, porque tiene miedo a que se sepa la verdad de sus execrable crímenes.
Se queja de falta de garantías a pesar que ha gozado de exceso de las mismas. 276 procesos en su contra en la Corte Suprema de Justicia, La Comisión de Acusaciones de la Cámara y la Corte Penal Internacional, desde hace muchos años, sin avances en ninguno, demuestran que es un consentido y privilegiado por sus investigadores. Para proteger a sus compinches de las ejecuciones extrajudiciales hizo elegir fiscales y procuradores títeres que cumplían sus órdenes, como Luis Camilo Osorio, Mario Iguarán y Alejandro Ordoñez.
El expresidiario sabe que no es inocente. Como es cobarde renunció a su curul en el senado porque sabía que la CSJ lo condenaría. Es consciente que sus más cercanos colaboradores no delinquieron a su espalda, ni para perjudicarlo. Al contrario recibió beneficios de ese accionar delictivo. Por eso los defiende de manera irrestricta. Fueron condenados o están prófugos, por el cohecho de su reelección, por el robo de AIS, por las interceptaciones ilegales, por asesinatos en colaboración con los paramilitares, etc. Desde hace muchos años existen numerosas denuncias y acusaciones en su contra, y a pesar de las evidencias, pruebas y testimonios goza de total impunidad. Es investigado por la posible participación en delitos como las ejecuciones extrajudiciales, por la conformación del Bloque Metro en su hacienda Guacharacas, las masacres de el Aro y La Granja declaradas crímenes de lesa humanidad, el homicidio del defensor de los derechos humanos Jesús María Valle, autorización de pistas clandestinas a los narcotraficantes…etc.
Una persona honorable que no ha infringido la ley no tiene porque contratar para su defensa a un abogado como Diego Cadena, defensor de narcotraficantes, que mediante presiones hace firmar hojas en blanco a detenidos o mediante el pago de grandes cantidades de dinero, obtener retractación de sus testimonios. Varios testigos en su contra o su hermano, han sido asesinados como Carlos Enrique Areiza, y Uribe los ha considerado “buenos muertos”. Al testigo Juan Guillermo Monsalve lo han intentado asesinar en 2 oportunidades, al no ceder a las presiones para que se retracte de sus declaraciones contra el intocable.
La Fiscalía debe ser autónoma, imparcial y despolitizada. Tiene la obligación de perseguir por igual el delito, investigando y acusando de la misma manera que lo está haciendo con el ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos; los 1.6 millones de dólares que ingresaron a la campaña de su candidato Oscar Iván Zuluaga y su relación con el condenado hacker Sepúlveda. Los vínculos de Uribe en el pago de 6.5 millones de dólares que entregó Odebrecht a su viceministro Gabriel García por la adjudicación de la Ruta del Sol 2. Los 2.000 millones de pesos que ingresaron del narcotraficante el Ñeñé Hernández y el empresario venezolano Gustavo Cisneros para la compra de votos que permitieron la fraudulenta e ilícita elección de Iván Duque. También debe investigar por narcotráfico al exembajador Fernando Sanclemente por los 3 laboratorios para procesar cocaína en su finca en Guasca, teniendo en cuenta el testimonio de su mayordomo, que afirmó que su patrón sabía de la existencia de los mismos. Y la contradicción del exembajador que primero dijo que había un contrato de arrendamiento de tierras por 4 millones, y después manifestó que se trataba de una invasión.
Lo inaudito es que esa misma CSJ doblegada ante el ejecutivo, de manera incoherente, le reitere el voto de confianza y manifieste que si el reglamento no se lo prohibiera aplaudiría efusivamente por su gestión al indigno fiscal. Definitivamente es una tragedia lo que ocurre en esta republiquita bananera.
El único país del mundo donde los presidentes son intocables, es Colombia. En Estados Unidos. Francia, Brasil y Perú, los presidentes han sido depuestos por delitos menores. Las protestas de la ciudadanía hace 2 años obligaron a renunciar al fiscal general del Perú. Como tenemos un régimen de componendas y complicidades a los fiscales Barbosa y Jaimes, no los investigaran por sus delitos. Por indignación los colombianos debemos imitar a los peruanos y exigir su salida.
