Gilberto Zaraza Arcila

El país atraviesa por la crisis social más profunda de su historia, debido a la errática y absurda respuesta gubernamental a la pandemia donde privilegió la economía a la salud, por eso pronto pasaremos de 100.000 muertos. Y al estallido social de los marginados, que quiere resolver por la fuerza masacrando a los que salgan a protestar.

Para salir de la encrucijada se requiere sindéresis y sensatez de la clase dirigente. La crisis social y humanitaria es provocada porque el modelo económico de competencia basado en el crecimiento del PIB y el incremento de las utilidades, es excluyente, concentra la riqueza y aumenta la desigualdad. Es el momento de redireccionarlo para que quepamos todos, se priorice a los pobres, haya más inversión social, más y mejores empleos, educación universitaria gratuita permanente. El gobierno dice que no negocia mientras haya bloqueos, cuando los verdaderos bloqueos son la corrupción, la falta de salud, de educación, de empleo, de vivienda, de movilidad social. Realmente no tiene voluntad e interés en negociar, ni cumplir sus compromisos. Siempre ha dicho que el modelo político y económico de privilegios no está en juego.

inconformidad ciudadana es el resultado del incumplimiento de las promesas de todos los gobiernos, de indolentes dirigentes que han gobernado en beneficio de sus propios intereses y para favorecer a los ricos. Legislando a favor de los poderosos y en contra de los débiles. Hay que cambiar el modelo egoísta e individualista, por uno donde los intereses colectivos primen sobre los personales, para que haya vida digna para todos.

No es justo que 22 millones de compatriotas vivan en la pobreza monetaria, porque según el DANE tienen ingresos inferiores a $331.600. Más de 4.2 millones estén desempleados, sin incluir 20 millones que están en la informalidad, porque viven del rebusque y no tienen ingresos fijos, ni protección social. Cerca de 400.000 bachilleres se quedan cada año sin la posibilidad de ingresar a la universidad. La pobreza monetaria en Quibdó es del 66.1% de la población, en Buenaventura del 66%, en Riohacha 57.1% y en Bogotá del 40.1%( 3.3 millones de personas).

Al contrario, el sector financiero obtuvo el año anterior utilidades de 14 billones de pesos. Como no tienen responsabilidad social, los bancos les expropiaron las casas a más de 500.000 colombianos que se alcanzaron en pagar tasas de interés upaquizadas. Pero, en la crisis que tuvieron por autoprestamos y malos manejos en 1998, el gobierno corporativo nos obligó a contribuir con el 2 por mil de cada transacción financiera para salvarlos de la quiebra.

Como esta es una sociedad clasista, los estratos superiores que se consideran “gente de bien”, descalifican como vándalos a los jóvenes que justamente protestan. Desprecian a los que no son de su clase, no toleran al que piensa diferente, son aporofóbicos. Por eso felicitan, aplauden y se abrazan con la fuerza pública que asesina, hiere, tortura, viola y desaparece, a los valientes jóvenes que con piedras enfrentan las balas y las tanquetas.

La “gente de bien” es egoísta, deshumanizada, y le falta empatía con el prójimo. Carecen de valores como la solidaridad, la fraternidad y la bondad. Son católicos, defienden la vida y se oponen al aborto, pero les gusta la guerra y la muerte por eso votaron en contra de los acuerdos de paz; (pero estuvieron de acuerdo con la impunidad a los paramilitares). Exigen respeto a la democracia, la constitución y la institucionalidad, pero ellos ni el Estado la respetan y la cumplen. Cuando les imponen un comparendo por una infracción de tránsito, se enojan y le dicen al agente”usted no sabe quién soy yo”. Contribuyeron al fraude electoral y al cohecho de la reelección. Se opusieron a la consulta anticorrupción, porque se benefician de ella, de la privatización de la salud, la educación, los servicios públicos y la contratación estatal. Apoyan y defienden al promotor del paramilitarismo, de las ejecuciones extrajudiciales, de las masacres con criterio social. A los pobres los tratan de perezosos que quieren todo regalado, despectivamente les dicen cojan oficio, estudien vagos. Se oponen al asistencialismo, pero reciben dineros de Agro ingreso seguro y subsidios. Son evasores de impuestos.

Como son autoritarios, en medio de sus arrogancia exigen más mano dura, que porque el gobierno supuestamente ha entregado la soberanía y está perdiendo autoridad ante los jóvenes; pero no dijeron lo mismo cuando se entregó la soberanía a los Estados Unidos y la mitad de el país a narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros y bandas criminales que siembran el terror en el Catatumbo, en la Guajira, el Magdalena medio, el Cauca, el Chocó, el Guaviare, Buenaventura, etc. El Estado negocia con guerrilleros, narcotraficantes y paramilitares (porque están armados), pero no con el pueblo desarmado. Son valientes ante jóvenes inermes, pero cobardes ante grupos armados organizados. No ordenan el máximo despliegue de la fuerza pública contra estos últimos, porque paramilitares y narcotraficantes son sus aliados.

alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, desconoce la realidad nacional al solicitar investigaciones rápidas e independientes, por las gravísimas violaciones a éstos derechos. La Justicia, Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del pueblo son organismos politizados, parcializados, inoperantes e ineficientes al servicio del régimen fascista y no garantizan los derechos de las víctimas. Rechazan la visita de organismos de derechos humanos, sin embargo, el “Defensor del pueblo” les solicita un comunicado rechazando el bloqueo de las vías. Y la mentirosa canciller a pesar del asesinato sistemático de miles de líderes sociales, de cientos de masacres, de 275 desmovilizados eliminados y de más de 52 jóvenes muertos en las protestas, dice cínicamente en Estados Unidos y en la OEA, que aquí se respeta la democracia, los derechos humanos y que hay cero tolerancia con la impunidad.

Los jóvenes no pueden seguir ofrendando su vida ante la irracionalidad de los esbirros del régimen que aliados con los paramilitares, no tienen escrúpulos en continuar con la masacre indefinida de los que exigen el derecho a oportunidades de un mejor futuro. Lo que deben hacer es inscribir la cedula para votar a conciencia en las próximas elecciones del congreso y presidenciales, y convencer a sus padres, abuelos y familiares de no votar mas por el que diga Uribe y por los candidatos de los partidos tradicionales, que son sus verdugos. El cambio hay que hacerlo pacíficamente en las urnas, conformando un comprometido y capacitado equipo de testigos electorales en cada una de las mesas y registradurias, para impedir un nuevo fraude electoral, como el que permitió la elección del títere Duque.