Gilberto Zaraza Arcila
Como si no fuera suficiente la grave situación sanitaria, social, económica y de orden público, que padece el país, para hacer entrar en razón a la clase dirigente de la necesidad de enfocarse en cambiar el rumbo en la dirección del Estado y darle solución a tan compleja problemática; de manera insensata y desafiante siguen aprovechando la indignación ciudadana, para seguir legislando a espaldas del pueblo y en beneficio de sus clientelistas intereses personales.
Dicen mentirosamente que no tienen los recursos para atender las justas demandas populares de salud, educación, empleo o renta básica; pero continúan el derroche y el festín de los recursos públicos, en publicidad, viajes y en la compra de un lujoso helicóptero de lujo para uso presidencial por valor de 12 millones de dólares ($45.000 millones), con los que podría haberle dado ingreso solidario a 23.800 familias que están aguantando hambre.
También, están dedicados a crear más innecesaria burocracia en los organismos de control y electorales, que ante sus mediocres resultados no se justifican. Mientras sigue imparable la corrupción, la impunidad y el fraude electoral, sigue creciendo la nomina, los sueldos y el presupuesto de inoperantes e ineficientes entidades.
Como ya lo habían hecho con la Fiscalía, la Contraloría y la Registraduría, ahora lo hacen con la Procuraduría y la Defensoría, con excesivo aumento de la burocracia, con miles de cargos de libre nombramiento y remoción y muy poca carrera administrativa, e incrementos de cientos de miles de millones de pesos en sus presupuestos. Reformas todas que son aprobadas sin mayor discusión, solo mediante repartición de los cargos a cambio del voto afirmativo. Tipificando claramente el delito de cohecho. De la misma forma que lo hicieron para impedir la aprobación de la moción de censura del inhumano Ministro de guerra.
Todas estas entidades politizadas, parcializadas y de bolsillo de este ilegitimo gobierno, (que resultó concentrando más poder que el que tanto criticaba tenía el presidente de Venezuela Nicolás Maduro); con criterios subjetivos, solo están dedicadas a investigar a gobernantes de movimientos alternativos o congresistas de los partidos de oposición, o a quien presente denuncias contra el gobierno o dirigentes de los partidos tradicionales, en especial de la extrema derecha.
Adicionalmente, violando la constitución le confieren más poderes a estas entidades como las funciones jurisdiccionales que pretenden darle a la Procuraduría, con lo cual incurren en desacato al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; que estableció que a un funcionario por elección popular solo le puede quitar sus derechos políticos, un fallo judicial de carácter penal. Así mismo, quieren cambiar los requisitos de experiencia para permitir que el Contralor próximamente pueda ser elegido magistrado o fiscal general.
Estos abusivos funcionarios en vez de estar dedicados a cumplir con sus funciones, están dedicados al tráfico de influencias, utilizando su numerosa burocracia y poder de contratación, para hacer elegir familiares o amigos, u obtener poder en otras entidades del Estado, incluso en las altas cortes, o haciendo favores para futuras aspiraciones personales. O impulsando una inadecuada reforma a la justicia que incluya el control jurisdiccional automático a las sanciones de responsabilidad fiscal. Como el mal ejemplo cunde, hacen lo mismo que el “presidente” concentrar cada vez mayor poder para beneficio personal y de su clase social. Las justas demandas de las clases marginadas no les preocupan a estos deshumanizados burócratas.
Con las facultades judiciales a los procuradores que tácitamente los convierten en jueces, seguramente pretenden hacer lawfare (guerra Jurídica, persecución judicial) para destituir e inhabilitar políticamente a gobernantes o congresistas de la oposición, o que puedan ser rivales en futuras elecciones.
Ante el elevado déficit fiscal lo que hay que implementar es un estricto plan de austeridad y en vez de aumentar los gastos de funcionamiento de un Estado ineficiente, debe reducirlos, eliminando 2 de las 3 entidades que realizan funciones disciplinarias paralelas como son las del Ministerio público (Procuradurías, Defensorías y Personerías), con graves errores de procedimiento por incompetencia o negligencia, lo que hace que frecuentemente tengan que revocar sus decisiones. Suprimiendo la inoficiosa vicepresidencia y el exagerado número de cargos diplomáticos y asesores que son simples corbatas para pagar favores políticos. Con ese dinero se puede generar decenas de miles de empleos productivos apoyando a los jóvenes emprendedores.
Además, son entidades sin autonomía, independencia e imparcialidad, que no cumplen con sus funciones, prevaricando por omisión y por acción en el cumplimiento de las mismas, como ocurre en la actualidad; cuando a pesar de las gravísimas violaciones de los derechos humanos en la desbordada represión policial, en vez de investigar y sancionar a los responsables, está investigando a los gobernantes y congresistas de movimientos alternativos o independientes, por salir en defensa de los derechos de las víctimas.
