Gilberto Zaraza Arcila
Uno de los problemas históricos y de las principales causas del conflicto armado en el país, es el de la inequitativa distribución de la tierra. Por su importancia fue el primer punto negociado en el acuerdo de Paz en la Habana en el 2016, que incluye una reforma rural integral.
Según Oxfam Colombia es el país de América Latina con mayor concentración en la tenencia de la tierra. El 1% de las haciendas de mayor tamaño tienen en su poder el 81% de la tierra. El 19 % restante se reparte entre el 99% de las demás fincas. Más alarmante aún, el 0.1% de las haciendas que superan las 2.000 hectáreas, concentran el 60% de la tierra. El 42% de los propietarios de los predios más grandes, no conocen el origen legal de sus terrenos.
De 111.5 millones de hectáreas censadas, 43 millones tienen uso agropecuario, 34.4 millones dedicadas a la ganadería altamente contaminante por la producción de metano, y solo 8.6 a la agricultura, cuando debiera ser al contrario; para no tener que importar 12 millones de toneladas de alimentos anualmente, como ocurre por efectos de los nocivos TLC. Un millón de hogares campesinos viven en menos espacio del que tiene una vaca para pastar.
injusta concentración se ha dado en gran parte por despojo de la tierra a los campesinos especialmente en el gobierno Uribe, donde por la fuerza desplazaron cerca de 6 millones de campesinos y les expropiaron más de 8 millones de hectáreas; como producto del pacto de Ralito en el 2002 ”para refundar la patria”, entre gobernantes, la clase política y los paramilitares. También por la usurpación de baldíos pertenecientes a la nación.
Para solucionar esta situación, durante el siglo XX se intentaron 3 reformas agrarias, que buscaban modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra en un lugar determinado, disminuir la concentración en unos pocos (latifundismo) y la baja productividad agrícola, e impedir la deficiente explotación y la especulación con su precio. La primera en 1936 en el gobierno de Alfonso López Pumarejo, que proponía la extinción de dominio sin indemnización a los propietarios que no explotaran al menos el 60% de su dominio. Eduardo Santos en 1938 la reversó, en defensa de los intereses de los terratenientes. La segunda en 1961 con Alberto Lleras Camargo, que la puso en práctica Carlos Lleras Restrepo a partir de 1966, sin embargo entregó tierras muy distantes y con mala ubicación. Misael Pastrana Borrero hizo una contrarreforma para acabar con los avances logrados. El último intento lo hizo Cesar Gaviria en 1994, pero no fue aprobada.
Es el momento de saldar la deuda histórica con los campesinos aprobando una reforma agraria integral, que permita el desarrollo agropecuario, la reparación de las víctimas, devolviéndole las tierras a los campesinos desplazados (y no asesinándolos por reclamar sus propiedades), resocializar y volver productivos a más de 7.000 desmovilizados de las FARC, y a otros tantos miles desplazados por la violencia crónica. Reforma agraria que posibilite el desarrollo rural integral, con facilidad de acceso al crédito, asistencia técnica, tecnología, inversión en infraestructura con vías de acceso y canales de comercialización, generando cientos de miles de empleos y superando la pobreza atávica de la población rural que es del 61.2% y la pobreza extrema que es del 25.1%, como resultado del abandono que los diferentes gobiernos le han dado al campo. Además que cumpla lo pactado en el acuerdo de paz, de constituir un Fondo de tierras con 3 millones de hectáreas para repartir a los campesinos y formalizar otros 7 millones de hectáreas a campesinos sin títulos de propiedad.
Para eso se requiere realizar un Censo Nacional Agropecuario, que no se hace desde hace 8 años y solo se han hecho 3 en más de 200 años, y poder determinar cuántos dueños hay y qué cantidad de tierra tiene cada uno. Establecer el Índice oficial de distribución de la propiedad rural y tenencia de la tierra. Implementar el Catastro Multipropósito, para que los grandes latifundistas como Álvaro Uribe, paguen los impuestos que deben pagar y no sumas irrisorias como lo vienen haciendo. Aunque los gremios gobiernistas como la Sociedad d Agricultores de Colombia, Fedegan y Fedepalma se opongan. En su gran mayoría los latifundistas y terratenientes son enemigos de la transparencia en la información, porque no pueden demostrar la legalidad de los predios que ostentan.
información será muy útil para el ordenamiento social de la propiedad rural, la planificación rural, para actualizar la Unidad Agrícola Familiar, proteger los suelos agropecuarios, mantener actualizado el inventario del suelo y focalizar la política de fomento, subsidios y financiación agropecuaria. Con gobiernos que defienden los intereses de la oligarquía, estos anhelos de justicia social no se harán realidad, por eso le ordenaron al Congreso no aprobar la ley de especialidad judicial agraria y rural, para resolver controversias y litigios agrarios, con lo que se pretendía dar reversión de los títulos mal habidos. Esto solo será posible en un gobierno progresista, solidario y humanista.
