Gilberto Zaraza Arcila
De acuerdo a lo establecido por el acto legislativo 02 de 2015 y la ley 1904 de 2018, en la actualidad se adelanta la farsa del concurso para elegir Contralores departamentales y municipales. Como el acto legislativo no ha sido reglamentado por el Congreso respecto a los procedimientos y cadena de custodia de las pruebas, esa omisión legislativa permite la manipulación de los concursos. En Colombia no existe meritocracia, porque los politiqueros se apoderaron de los cargos públicos, aun de carrera administrativa, para mantener su clientela que les permita su reelección. Solo se accede a ellos por recomendaciones políticas, previa negociación.
En el país más corrupto del mundo, esos concursos son una burla a los aspirantes. No se garantiza la transparencia, la objetividad, la igualdad, la imparcialidad, ni el criterio de mérito en la ejecución de los mismos. Son concursos de uno. Las asambleas y concejos mediante contratos entregan a universidades públicas politizadas, la realización de los exámenes de conocimientos y demás pruebas. Pero éstos son entregados previamente al gobernante o jefe del partido político con las mayorías en la corporación pública, quien se lo suministra a su candidato y así asegurar su amañada elección. En ocasiones el abuso del poder llega hasta el colmo, de exigir la entrega previa de las respuestas al cuestionario.
Con la elección dirigida de un contralor de bolsillo, que se convierte en una estatua, porque no ve, ni oye, ni hace nada, ni sirve para nada, le garantiza al gobernante de turno que no hará control fiscal y el corrupto gozará de impunidad. Estos contralores, algunos tan desvergonzados e indignos que el día de su posesión dan las gracias públicamente al jefe político o gobernante que lo hizo elegir, o aceptan mientras ejercen el cargo, condecoraciones de alcaldes que fueron sus jefes y que son sujetos de control fiscal; se convierten en verdaderas estatuas inocuas, inútiles, inoperantes.
A través de una alianza ilícita, el famoso contubernio, acuerdan el delito, yo te hago elegir, pero tú no me haces control fiscal. Ambos desde ese momento se convierten en delincuentes, el uno por soborno y el otro por prevaricador. Solo pasa en Colombia, ante la mirada indiferente de la Procuraduría y la Fiscalía. Pero se ufanan y exigen respeto a la democracia y a la institucionalidad, estos sepulcros blanqueados.
Yo sufrí esa afrenta, ese irrespeto hace 6 años cuando aspiré a ser Contralor Departamental. Sandra Milena Gómez y Germán Barco fueron elegidos violando el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y la reglamentación del concurso. A pesar de mi demanda con pruebas contundentes contra Germán Barco, el fallo de los tribunales fue contraevidente. Pesó más el lobby del poder político. Fue vox populi que la Universidad del Quindío entregó el examen con antelación. Para fingir transparencia este año le dieron el contrato a la Universidad del Valle, donde tiene mucha influencia Dilian Francisca Toro, presidenta del partido de la U, y muy amiga del gobernador del Quindío.
Armenia y el Quindío vienen siendo saqueados desde hace mas de 20 años por gobernantes inescrupulosos, que entran pobres y salen ricos como las exgobernadoras Amparo Arbeláez y Sandra Paola Hurtado, o como la rica de cuna pero ambiciosa ex alcaldesa Luz Piedad Valencia, que realizó con su marido un concierto para delinquir y robarse más de $22.000 millones de pesos del latrocinio de valorización. Pero el contralor James Medina cuando se vio presionado por las gravísimas denuncias, olímpicamente se declaró impedido para hacerle control fiscal a quien lo hizo elegir. ¿Por qué no se declaró impedido desde el momento de su posesión?
Ninguno de los contralores cumplió con sus funciones, fueron cómplices del enriquecimiento ilícito de sus padrinos políticos. A sabiendas que a casi toda la contratación le aplican el cvy, el 10% o 15% del valor del contrato. Deberían ser condenados por prevaricato por omisión en el cumplimiento de sus funciones. Solo se salva el Doctor Rodrigo Osorio Belalcazar que ejerció el cargo de Contralor de Armenia con probidad.
La corrupción en Colombia que alcanza el descomunal monto de 50 billones de pesos al año, no se detiene porque los organismos de control, Contraloría y Procuraduría y de investigación como la Fiscalía, fueron permeados y cooptados por la clase dirigente corrupta, que se blindan de cualquier investigación con contralores, procuradores y fiscales de bolsillo.
Al día de hoy, sigue sin saberse el monto del detrimento público, los responsables fiscales y el monto del dinero recuperado, de los elefantes blancos como el Teleférico de Buenavista. La Plaza Minorista. La contribución de valorización. La piscina con olas del Parque La Secreta. El proyecto de vivienda El Refugio en Calarcá. La construcción de los pozos sépticos. Quindío Bilingüe y competitivo….etc. Porque los contralores no hacen uso de los juicios de responsabilidad fiscal, ni de la jurisdicción coactiva.
no les importa la indignación ciudadana ante la corrupción y el abuso de poder, pretendían hacer el enroque para premiar a los prevaricadores, el manizaleño Luis Fernando Márquez -que solo calentó silla-, pasaría de la Contraloría del Quindío a la de Armenia; y la cartagueña Isabel Cristina Carvajal -que solo hizo anuncios mediáticos de hallazgos sin resultados-, pasaría de la de Armenia, a la del Quindío. Su ineptitud es extrema en dos años no fue capaz de determinar el monto total del faltante de la contribución de valorización y el detrimento patrimonial por las obras iniciadas y dejadas abandonadas. Al parecer el caldense se quedó sin respaldo político y como sabe que no es por méritos, no se presentó a las pruebas. Ni siquiera eligen a un quindiano, con tantos profesionales desempleados.
El combate efectivo a este flagelo se logra con la despolitización de la administración pública. Con la elección de estos funcionarios mediante un estricto y diáfano concurso de méritos realizado por universidades privadas, con auditoría externa que garanticen la transparencia de los mismos. Sin intervención de la clase política y de los gobernantes, para que los elegidos puedan ejercer con total independencia y autonomía las funciones y responsabilidades asignadas.
