Gilberto Zaraza Arcila
Mediante la resolución 217A en diciembre de 1948 en Paris fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que solo tres décadas después fue acogida a través de un consenso internacional, para establecer la obligatoriedad a los Estados miembros de proteger los derechos humanos allí establecidos.
Hasta la fecha son nueve los tratados que conforman el cuerpo básico de instrumentos internacionales de derechos humanos. Que incluyen derechos civiles y políticos, económicos y sociales, derechos de la niñez, derechos de los trabajadores migrantes, derechos de las personas con discapacidades, contra el racismo, contra la discriminación de las mujeres, contra la tortura, y contra la desaparición forzada.
Tales derechos son entre otros: El derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. El derecho a la igual protección ante la ley. El derecho a la presunción de inocencia. El derecho a no ser sometido a la esclavitud. A no ser sometido a torturas, ni penas, ni tratos crueles. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso, ni desterrado. El derecho a circular libremente. Derecho a la propiedad individual. Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Derecho a la libertad de opinión y de expresión. Derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, la educación, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido y la vivienda. Derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y vejez, u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia, por circunstancias independientes de su voluntad.
Al hacer un balance del cumplimiento de los mismos por parte de los gobiernos colombianos, podemos concluir que se han rajado y que muy especialmente en los últimos 20 años de gobiernos uribistas, se han incrementado los casos de gravísimas violaciones de los derechos humanos. Por los que Colombia ha recibido numerosas condenas por la comisión de delitos de lesa humanidad, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de organismos internacionales como Human Rights Watch con sede en los Estados Unidos.
A los colombianos nos acostumbraron a vivir en medio de la violencia, la barbarie y el baño de sangre. Por solo mencionar, la violencia política que dejó al menos 200.000 muertos. El conflicto armado que arroja más de 262.000 muertos. Los miles de muertos por la lucha contra el narcotráfico. El genocidio de integrantes del partido político Unión Patriótica, con más de 4.200 personas asesinadas, entre ellos 2 candidatos presidenciales Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo, 5 congresistas, 11 diputados, 169 concejales y 16 alcaldes. Y Las 6.402 ejecuciones extrajudiciales de personas inocentes en el gobierno de Álvaro Uribe.
En el actual gobierno del títere Duque, que solo cumple las instrucciones de su patrón, de elegirle un fiscal de bolsillo que le garantice impunidad, de ordenar a los miembros de la fuerza pública y a sus aliados los paramilitares, de disparar contra personas inermes que reclaman sus derechos, pero que consideran el “enemigo interno”, terroristas o vándalos. Se han incrementado las masacres; 29 masacres y 97 muertos en el 2018, 50 y 176 muertos en el 2019, 90 y 320 muertos en el 2020, y 96 y 335 muertos en el 2021.
Lo mismo ocurre con el asesinato sistemático de líderes sociales de derechos humanos o ambientalistas. 282 en el 2018, 250 en el 2019, 310 en el 2020, 168 en el 2021. También han sido asesinados cerca de 300 excombatientes desmovilizados, de acuerdo con informes de Indepaz. Lo que deja un balance vergonzoso y cruento de 2.228 personas asesinadas. El 2022 siguió la orgia de sangre con 24 muertos en el Departamento de Arauca. Esto confirma que en el país se aplica la pena de muerte que no está aprobada en la constitución, ni en la ley.
Como si fuera poco, Colombia es considerado el país con el mayor número de desplazados internamente en el mundo, con alrededor de 8 millones de personas, según el Informe del Observatorio Global del Desplazamiento Interno. Además, cerca de 6 millones de campesinos fueron despojados de sus tierras, por parte de los paramilitares, y a los que las reclaman los asesinan. Y según datos de la Fiscalía la aterradora cifra de desaparecidos es de 84.330 adultos y 9.964 menores de edad. Los países más modernos y civilizados se caracterizan por el profundo respeto y el estricto cumplimiento de los derechos humanos. Los países más atrasados e incivilizados hacen todo lo contrario. Imponen un régimen del terror y el miedo.
Duque está jugando a ser dictadorcito, impuso el terrorismo de Estado y un régimen fascista. Después de las masacres de la policía, que dejaron a cientos de jóvenes asesinados, mutilados, violados, desaparecidos o detenidos arbitrariamente, donde la policía le dice a las jóvenes “cállese, si no quiere ser violada”; corre a ponerse el uniforme de la policía, a felicitarlos y a declararlos héroes de la patria.
Y para completar su curso de sátrapa, hace aprobar una Ley de “Seguridad” Ciudadana, donde se aprueba la represión, la tortura y la pena de muerte a través de la “legítima defensa privilegiada”, poniendo la propiedad privada por encima del derecho a la vida. Legitima el paramilitarismo, estimulando la autodefensa. Criminaliza la protesta. Hace populismo punitivo incrementando penas. Privatiza la operación, mantenimiento y la seguridad de los centros carcelarios. Se promueve el negocio de las armas. Esta ley incumple las recomendaciones de la CIDH sobre el respeto a la protesta social. A quienes hay que aplicarle las penas máximas es a las fuerzas armadas asesinas y a los vándalos que están en el gobierno saqueando los recursos públicos.
Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque deben ser investigados y condenados por la Corte Penal Internacional, por gravísimas violaciones a los derechos humanos y por delitos de lesa humanidad. Ante este dantesco escenario, no nos puede dar miedo salir a votar masivamente en las próximas elecciones, para cambiar los gobiernos de derecha que solo han dejado violencia, miseria, corrupción, la mayor desigualdad, desempleo e injusticia social.