Gilberto Zaraza Arcila
El ególatra Francisco Barbosa que fue impuesto como fiscal general por su jefe y amigo Iván Duque para terminar el periodo de su antecesor el corrupto Néstor Humberto Martínez, se quedó 4 años gracias al lobby presidencial y al poder burocrático y contractual de la fiscalía. Logró que magistrados cambiaran la jurisprudencia para determinar que ahora los periodos de estos funcionarios no eran institucionales, sino personales.
Fue elegido sin tener la formación ni la experiencia en derecho penal, sin la integridad, ni la independencia. Fue un craso error de la Corte Suprema elegir a este inepto, narciso, mentiroso, soberbio y corrupto individuo.
Cuando tiene la obligación constitucional y legal de investigar de oficio o mediante demanda o querella los delitos, y acusar ante los juzgados y tribunales a los presuntos infractores; está dedicado a defender de oficio a quienes lo hicieron elegir, a sus amigos y copartidarios de la extrema derecha. Especialmente al expresidiario Álvaro Uribe. Después de 3 años sigue insistiendo en la preclusión de la investigación, a pesar que la Corte Suprema de Justicia que ordenó su detención, estableció que las pruebas son abundantes, claras y contundentes para concluir que es determinador de soborno a testigos y fraude procesal.
No investigó el ingreso de 1.000 millones de pesos del narcotraficante el “Ñeñe” Hernández, ni los 300.000 dólares del venezolano Oswaldo Cisneros, a la campaña de Iván Duque. Ni los laboratorios de cocaína en la finca del exembajador Francisco Sanclemente. Ni los cargamentos de cocaína que salieron de la base antinarcóticos de la policía en el aeropuerto Guaymaral. Ni el embarque de 4.5 toneladas de cocaína en 1750 vacas incautadas en España, procedentes de Colombia y vinculadas con Fedegán y la hacienda el Ubérrimo. Tampoco ha investigado y encontrado los culpables del saqueo billonario a los bienes para extinción de dominio de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Pero con soberbia y cinismo acusa al gobierno de querer legalizar toda la cadena del narcotráfico.
Es sumiso y obsecuente con los poderosos, pero arrogante e implacable con los débiles. Por eso acusó por delitos de terrorismo, concierto para delinquir, homicidio y tortura a los jóvenes que salieron a exigir sus derechos. La corrupción y la impunidad siguen imparables porque la Fiscalía ni la justicia cumplen con sus funciones. Está dedicado a prevaricar por acción y omisión.
Es un fiscal abusador del poder y derrochón. En 3 años logró doblar el presupuesto de la entidad hasta alcanzar 6.4 billones de pesos. Cuenta con avión privado. Dilapida miles de millones de pesos en publicidad e imagen. En eventos internacionales en Cartagena donde se hizo elegir a un altísimo costo, presidente iberoamericano entre 20 fiscales de Latinoamérica. Paga las empleadas de oficio doméstico de su casa con recursos de la entidad y manda en horas laborales a funcionarios y en vehículos oficiales a sacar a sus mascotas al parque a hacer sus necesidades.
Les suprimió la autonomía a los fiscales para adelantar los procesos en estricto derecho. Fue demandado penalmente por su subalterna la valiente fiscal Angélica Monsalve por persecución laboral. Como citó a imputación a miembros de la poderosa familia Ríos Velilla, ordenó su trasladó al Caquetá y después pretendió separarla de la investigación. Además, no se declaró impedido para investigar a su propia esposa, demandada por violar el régimen de inhabilidades.
Está dedicado a invadir competencias y a obstruir al gobierno. A irrespetar e injuriar al presidente. Se convirtió en su mayor opositor. Se opone a todas las reformas, al Plan de Desarrollo, a las negociaciones de paz, a la liberación de los jóvenes…etc. Está interviniendo descaradamente en política. Adelanta campaña presidencial anticipada.
El año pasado el Consejo de Estado le ordenó hacer un concurso de méritos para proveer cerca de 17.000 cargos, que mantiene en provisionalidad para hacer clientelismo y politiquería. A la fecha no lo ha hecho, incurriendo en fraude a resolución judicial. ¿Si tenemos un sistema de pesos y contrapesos, quien controla, investiga, condena y destituye al desbordado fiscal, que cree estar por encima del ordenamiento jurídico?
El gobierno del cambio tiene que eliminar los excesivos fueros y la inoperante y corrupta Comisión de Absoluciones de la Cámara. El presidente y todos los altos funcionarios del Estado deben ser investigados directamente por la Corte Suprema de Justicia.
