Sin control fiscal

24 mayo 2023 2:48 am

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Gilberto Zaraza Arcila

Con mucha dificultad el gobierno logró que le aprobaran una reforma tributaria de 20 billones de pesos. Mientras los corruptos sin ningún obstáculo se roban $50 billones anuales, equivalentes a 2,5 reformas tributarias. La corrupción es el mayor flagelo que padece el país. Es un cáncer terminal que invadió todas las esferas del Estado. Sin  que ningún gobierno haga algo para derrotarla.

Forma parte medular del régimen de componendas y complicidades para saquear el presupuesto y los bienes públicos y disfrutar de impunidad; con la complicidad de  los organismos de control y vigilancia, la fiscalía y la justicia que fueron politizados. Tú me ternas, tú me eliges  y  yo no te investigo, ni te condeno.

Es mejor negocio y menos riesgoso que el del narcotráfico. Como lo dijo el ex senador Juan Carlos Martínez una alcaldía o una gobernación y  yo agregaría una presidencia dan más dinero que un embarque de cocaína a los Estados Unidos.  A través de este mecanismo politiqueros corruptos, gobernantes y contratistas se roban los recursos de la salud, la educación, la conectividad, la alimentación y el transporte escolar…etc ; que causan la muerte por hambre a niños o los dejan en la ignorancia y sin ningún futuro.

 El gobierno del cambio prometió una guerra sin tregua para combatirlo. Pero hasta el momento no se han visto las medidas necesarias. Por el contrario, se equivocó entregando la burocracia y la contratación a los partidos tradicionales para que hagan clientelismo. Y  haciendo elegir a Carlos Hernán Rodríguez como Contralor, repitiendo el error que cometió cuando votó por Alejandro Ordoñez como Procurador. Es un contralor de bolsillo más, entregado a la clase politiquera corrupta  que lo eligió. A los congresistas de cada departamento les entregó la gerencia regional de la CGR para blindar a sus alcaldes y gobernadores que podrán robar tranquilos, porque no habrá control fiscal.

Además, como lo denunció el columnista Yohir Ackerman en la revista Cambio, les entregó contratos de asesoría  por $342 millones con ejecución en 8 meses  a los excontralores generales Edgardo Maya y Sandra Morelli, que tampoco hicieron control fiscal.  Son corbatas innecesarias. Constituye derroche de los recursos públicos, porque les pagan por omitir el cumplimiento de la constitución y la ley.

El Contralor general  es un ficha política, cuando fue Auditor General de la Nación no cumplió con su obligación de vigilar la gestión fiscal de las contralorías (nacional, departamentales y municipales). No mejoró los mediocres resultados de estas entidades, que en vez de perseguir la corrupción, la protegen. Porque no recuperan ni siquiera el 10% de los recursos  que van a los bolsillos de los delincuentes. La relación costo-beneficio no justifica la existencia de estas inoperantes e ineficientes entidades.

 El gobierno está a tiempo de rectificar. Para combatirla, se requiere de medidas radicales y no estatutos anticorrupción que son letra muerte. Se deben promover las reformas constitucionales para elegir mediante un estricto concurso de méritos realizado por universidades privadas de alta calidad  y con cadena de custodia a las pruebas y sin intervención de la clase política, al Fiscal, Procurador, Contralor, Registrador y Defensor. También, a los magistrados de las altas cortes y del Consejo Nacional Electoral. El elegido será quien ocupe el primer lugar y en caso de ausencia  será reemplazado por el que haya ocupado el segundo lugar y así sucesivamente.

Así mismo. Se deben aprobar leyes que eliminen el principio de oportunidad (que no es más que impunidad). Eliminar todos los beneficios como mansiones por cárcel, reclusión en clínicas por  enfermedades fingidas y rebajas de  penas. Aplicar la extinción de dominio del 100% de los dineros obtenidos ilícitamente. Y cumplir con la promesa electoral de traer la Comisión Internacional contra la Impunidad de la ONU; que como demostró en Guatemala con el  liderazgo del  Doctor Iván Velásquez, es muy efectiva, porque van a la cárcel hasta presidentes y vicepresidentes.

Colombia es uno de los países más corruptos y con mayor impunidad en el mundo. Contra estos delitos que dejan en la miseria y la pobreza a la mayoría de la población, la lucha no debe tener contemplaciones y conmiseraciones. Si es necesario se debe aplicar la pena de muerte, que ha sido tan efectiva en otros países. El verdadero cambio consiste en derrotar la corrupción y la impunidad.

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