Gilberto Zaraza Arcila

Por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos los medios de comunicación que siguen empeñados en polarizar e incendiar el país, han desatado una avalancha de críticas contra Petro, declarándolo culpable. Es tanto el odio y el sectarismo político que les duele decirle presidente. 

El país tiene problemas enormes y prioritarios como la violencia del conflicto armado, la inseguridad, la pobreza, el desempleo, la inflación, la pérdida de la soberanía, etc.; antes que la realización de unos juegos deportivos que solo benefician a unos pocos empresarios y deportistas de elite. Y a unos dirigentes deportivos privados corruptos que montaron un negocio por el que se lucran enormemente por entregar unas sedes y derechos de transmisión, cobrando decenas de millones de dólares y exigiendo al país exención de impuestos y poner toda la infraestructura.

Esos organismos deportivos se consideran por encima de los Estados y el ordenamiento jurídico y no permiten la intervención de ningún Estado en sus decisiones y sanciones, porque inmediatamente lo vetan para participar en sus eventos.

Las responsabilidades por esa pérdida son compartidas, pero eximieron de responsabilidad al gobierno anterior, al alcalde Pumarejo y la gobernadora Noguera, que suscribieron el contrato en agosto del 2021, por una suma indeterminada, debieron pagar los derechos de la franquicia y dejar presupuestados los recursos económicos para realizarlos; pero solo dejaron las deudas y los déficits.  

¿Qué es más importante y prioritario gastar entre 770 y 1.000 millones de dólares en esos juegos (eso costaron los de Chile y Perú), o invertirlos en superar la pobreza y miseria de la mayoría de la población de Barranquilla y la Costa Atlántica, sin vivienda, educación, empleo, que aguanta hambre y se muere por falta de agua, alimentos y atención médica?

Tampoco se justifica esa billonaria suma de dinero para que los alcaldes de Barranquilla del Clan Char se enriquezcan más. Que con su partido Cambio Radical se oponen al gobierno progresista y a todas las reformas que se presentan al Congreso. Que pagan a los aficionados a que vayan al Estadio Metropolitano a gritar Fuera Petro. Y que manejan un entramado de corrupción en la contratación como lo denunciaron la periodista Laura Ardila Arrieta en su libro “La Costa Nostra” y el excandidato a la alcaldía Luis Enrique Guzmán Chams, quien denunció ante la fiscalía haberle pagado una coima por más de $2.500 millones a Alex Char. Además, la exsenadora Aida Merlano los denunció por montar una empresa de compra de votos para apoderarse de Barranquilla y el Atlántico.

Y mucho menos se puede premiar a la ciudad más endeudada del país y con mayores vigencias futuras comprometidas, que hace poco se tuvo que acoger a la ley 550 de insolvencia económica.

El país perdió la sede del Mundial de Futbol en 1986, donde serían sedes 6 u 8 capitales. La sede para realizar un gran premio de Fórmula Uno en Barranquilla por incumplimiento de la alcaldía en el pago de 50 millones de dólares por los derechos. Pero nadie hizo ningún escandalo ni culpó a Belisario Betancur, ni al alcalde Pumarejo.

Colombia ha tenido pérdidas más grandes, inconmensurables de territorio, como Panamá, y los 75.000 kilómetros cuadrados de áreas marítimas frente a Nicaragua. La pérdida anual de 50 billones de pesos por corrupción o la de 100 billones de pesos por evasión o elusión fiscal. Y los politizados medios de comunicación no hicieron escándalo, ni responsabilizaron de esas enormes pérdidas a los presidentes, contralores y procuradores de esas épocas.

Como los medios perdieron su independencia y objetividad porque están subyugados por sus dueños los grandes potentados económicos, ocultaron y silenciaron los graves escándalos de corrupción en la financiación ilícita de las campañas presidenciales de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Oscar Iván Zuluaga e Iván Duque, con dineros del narcotráfico, paramilitarismo y de la multinacional Odebrecht.

También, la grave confesión ante la justicia norteamericana en 1989 por parte del Banco de Occidente del grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo, de haber lavado activos del cartel de Medellín por 412 millones de dólares. Por los que pagó solo 5 millones de dólares de multa, gracias al lobby del presidente Virgilio Barco y el ministro de Hacienda Luis Fernando Alarcón, para que no les cerraran el banco. Así mismo, la confesión reciente ante esa misma justicia de haber pagado sobornos al gobierno colombiano por varios millones de dólares, para obtener la concesión de la construcción de la ruta del sol II. Ambos delitos debieron ser investigados por la justicia colombiana y penalizados, pero por el contrario hoy la Fiscalía los encubre.

La aversión de los medios y la clase dirigente contra el gobierno progresista es tan desmesurada que como emperadores romanos solo se contentan con la cabeza del presidente o de sus ministros.