Gilberto Zaraza Arcila
Como la fiscalía y demás organismos de control y electorales, la procuraduría es otra entidad politizada, burocratizada y clientelizada, que se reparten previo acuerdo entre los partidos políticos mayoritarios del Congreso de la República. Que les aprueba reformas para incrementar la burocracia y el presupuesto y así aumentar la clientela política que garantiza elección y reelección de congresistas y gobernantes. Pero además para tener poder para incidir en la elección en otros organismos de control. Como lo están haciendo ahora ante la Corte Suprema de Justicia o el cartel de la toga para que no elija una fiscal independiente.
Estas entidades las pusieron al servicio de los intereses políticos y personales y no de los intereses generales de la nación. Se destacan por los escándalos de corrupción e impunidad y no por cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales. Por ser inoperantes, ineficientes y parcializadas. En la actualidad conformaron una gavilla con el Congreso y el poder judicial para hacer oposición política y persecución judicial y disciplinaria al gobierno progresista. El objetivo es impedir los cambios prometidos para que no haya continuidad de un modelo de gobierno diferente.
Violan la ley de carrera administrativa y le hacen fraude a resoluciones del Consejo de Estado que les ordenó hacer los concursos públicos para llenar miles de vacantes. Todas son suplidas a dedo mediante nombramientos provisionales de recomendados por los congresistas.
La actual procuradora Cabello que es cuota de los Char, se destaca por su sectarismo político, suspendió al alcalde de Medellín Daniel Quintero por participar en política, pero no lo hizo con el alcalde de Barranquilla y la gobernadora del Atlántico, que también lo hicieron. Ni con el gobernador del Quindío a pesar de audio que fue viral y demuestra su descarada participación en el certamen electoral. Suspendió al director de la SAE, y por primera vez en la historia ésta entidad suspende a un ministro, pero no lo hizo con los ministros Karen Abudinen y Diego Molano que cometieron faltas gravísimas. Ni a los integrantes de la policía que violaron los derechos humanos de estudiantes y jóvenes que fueron asesinados, violados y torturados por protestar en el gobierno Duque.
La senadora Esmeralda Hernández la denunció ante la CSJ por irregularidades en la contratación entregando contratos de corbata a amigos y recomendados políticos por más de $2.045 millones. Los informes de ejecución contractual no aparecen publicados en el Secop como lo obliga la ley 80/93. El Sindicato de Trabajadores de la procuraduría también la denunció por tráfico de influencias y por trasladar al funcionario Jonathan Jiménez de Bogotá a Apartadó, por denunciar corrupción en la misma entidad. El ingeniero y excandidato a la alcaldía de Barranquilla Luis Enrique Guzmán la denunció por intimidación y presión para que retirara la denuncia que presentó contra Alex Char, por haberle pagado una coima por $2.500 millones por la adjudicación de un contrato en su alcaldía. Es tan cercana al Clan Char que su hijo Alberto Caparroso Cabello ha sido premiado con contratos por más de $800 millones en la capital del Atlántico.
También fue denunciada por adquirir una sede de 2.183 metros cuadrados en Barranquilla por $20.306 millones cuando el avalúo de la Universidad Nacional determinó para el mismo bien un valor de solo $10.000 millones. Abusa del poder contratando con recursos públicos una maquilladora para que la acompañe con viáticos oficiales por todo el país.
Tiene un doble rasero, estricta y diligente contra la izquierda, laxitud e inercia con la derecha. Son tan deplorables sus resultados en 3 años que la mente la traicionó y reconoció públicamente que “somos modelo en materia de corrupción” (cita textual). Esta inoperante, ineficiente y corrupta entidad debe ser suprimida, la Defensoría y las personerías tienen las mismas competencias.
Desde que Álvaro Uribe cooptó todos los poderes y organismos del Estado para asegurar su impunidad y la de su familia, se viene presentando un estado de cosas inconstitucional. Sin que los medios de desinformación y los gremios económicos tan acuciosos e intensos para descalificar al gobierno progresista, cuestionan y exigen resultados a la Justicia que no funciona, ni elige fiscal. Al Congreso que no elige Contralor después de 9 meses. A la Fiscalía que no investiga, ni acusa a los delincuentes de cuello blanco. La Procuraduría no sanciona a los funcionarios que violan la ley. La Contraloría no muestra resultados en la lucha contra la corrupción. La Defensoría no defiende los derechos humanos. El Consejo Nacional Electoral no investiga y sanciona los delitos electorales. El Consejo Superior de la Judicatura que deja vencer los términos judiciales. Ni al juez Jaime Herrera Niño de dar a conocer después de 3 años el fallo del juicio que ya terminó contra Santiago Uribe Vélez.
P.D. El gobierno de los Estados Unidos si es coherente en su lucha contra las drogas, debe retirar la visa a los magistrados de la CSJ que no elijan fiscal el 8 de febrero y permitan que la narcofiscal Marta Mancera quede como Fiscal general, para felicidad de Uribe, Fernando Sanclemente y todos los narcotraficantes
