Gilberto Zaraza Arcila
La convocatoria de una asamblea nacional constituyente es un proceso complejo que tiene varias etapas y trámites que requieren un tiempo prolongado. Según el artículo 376 de la constitución nacional: “Mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si se convoca a una asamblea constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine. Se entenderá que el pueblo convoca la asamblea, si así lo aprueba, cuando menos, una tercera parte de los integrantes del censo electoral”. Es decir, cerca de 13.430.000 electores. La asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos en certamen electoral que no podrá coincidir con otro.
Luego de aprobada por el Congreso pasa a sanción presidencial. Después de sancionada, el presidente la envía a la Corte Constitucional para su revisión. Si pasa la revisión de constitucionalidad, se convoca a las urnas para que el constituyente primario vote sí o no a la realización de la misma, el listado de temas que trataría la asamblea y el número de constituyentes aprobados por el congreso.
A pesar que el presidente se había comprometido a no convocarla en sus campañas presidenciales del 2018 y 2022 – que hizo para morigerar temores-, no solo incumple su promesa, sino que lo hace en el peor de los momentos. Debió convocarla hace un año que tenía las mayorías en el Congreso y el apoyo mayoritario de los colombianos. Hoy no cuenta con esas mayorías.
Además, demuestra que no tiene claro el orden de prioridades. Para concretar el cambio prometido son indispensables las reformas sociales y la lucha contra la corrupción y la impunidad. Dice que la constituyente no es para reformar la constitución, ni para aprobar las reformas que el congreso no aprobará, porque ha recibido dineros de la empresa privada para sus elecciones, y a pesar de toda la burocracia y poder de contratación que el presidente les entregó para que siguieran haciendo politiquería, clientelismo y corrupción que prometió combatir. Lo que demuestra su incoherencia. Y que para aprobarla no se necesita de mayorías; lo que desconoce la constitución y el sistema democrático.
Se debe convocar pero para aprobar las reformas sociales, la reforma a la justicia, la política y electoral, para suprimir el Consejo Superior de la Judicatura, eliminar las facultades electorales de las Cortes, reducir el número de congresistas, eliminar la reelección indefinida, limitar su remuneración, aprobar el voto obligatorio y electrónico, aprobar la financiación 100% estatal de las campañas, eliminar el transfuguismo electoral que destruye los partidos políticos, despolitizar los organismos de control y electorales, la eliminación de la Comisión de “Acusaciones” de la Cámara, aprobar la cárcel para la evasión y la elusión fiscal.
Ojalá este anuncio no termine en otro globo más, como el tantas veces prometido acuerdo nacional, o la intención de traer de la ONU la Comisión Internacional Contra la impunidad, que nunca concretó por falta de voluntad política. En el remoto e hipotético caso que fuera cierto el interés en convocarla y no una presión más al Congreso, y fuera aprobada, es necesario realizar en todo el país un bien planificado trabajo de pedagogía electoral y socialización de los temas a aprobar en la constituyente; para contrarrestar a los partidos tradicionales y los medios de “comunicación” que utilizarán su estrategia de miedo, engaños y desinformación como lo hicieron exitosamente para derrotar en las urnas el plebiscito de aprobación los acuerdos de paz.
