Marché en los 80s y su abuelo en los 70s porque exigíamos financiación para la universidad pública. Con la marcha del 10 pasado y las que vendrán gritaremos que el gobierno nacional prioriza las armas antes que la educación, le respondió a su papá, tenemos que ir juntos porque la causa es definitiva para la academia y la sociedad.
Según la Asociación de profesores universitarios, ASPU, cifras publicadas por El Espectador el pasado 29 de septiembre muestran que en 2004 el gobierno destinó $1.4 billones para universidades públicas del total de $2.8 billones; es decir el 50%. En el 2017 entregó $3.2 billones de $8.9, o sea el 36%. La rebaja del 14% para las universidades públicas en este período no se compara con el esfuerzo institucional por enfrentar la creciente demanda en la formación profesional y de posgrado. En 2004 habían 365.985 estudiantes de pregrado en universidades públicas y aumentaron a 576.393 en 2017, es decir 210.408 estudiantes más que equivalen al 57%. En posgrado la situación compromete más la tarea universitaria pública, porque de 16.492 en 2005 pasó a 46.794 en 2017, el 184% más.
La universidad pública enfrenta el dilema de responder a las demandas educativas de la sociedad sin financiación adecuada. A pesar del déficit acumulado ha respondido a su función social sin rebajar los indicadores de calidad y siempre en lucha constante contra la asfixia presupuestal. A la larga lucha universitaria hay que ponerle un límite razonable, por eso las marchas toca a todos: gobierno local, empresa, academia y padres de familia. La exigencia es clara porque se trata de que el gobierno nacional tome las medidas correctivas para cubrir la deuda acumulada de $13.6 billones. Medida en miles de millones la deuda proviene de $2.8 en formación, $225.7 en recursos de apoyo académico, $592.4 en internet, redes y sistemas de información, $174.5 en gastos administrativos y $9.8 billones en infraestructura.
Las anteriores cifras denotan la situación financiera precaria de la universidad pública y la necesidad de defenderla, porque hay otros datos que demuestran la regresiva política estatal. Mientras en 1993 la inversión por estudiante fue de $10.825.000, para 2017 bajó a $4.785.338, en este caso $6.039.662 menos por estudiante. La política de menos plata y más matricula resulta insostenible. Aun así la universidad pública crece con su propio esfuerzo; los programas de pregrado pasaron de 1.078 en 2004 a 1.445 en 2017 y los de posgrado se duplicaron, de 852 en 2004 pasaron a 1.670 en 2017.
La mayoría de los 37.923 profesores de las universidades públicas trabajan en condiciones laborales inapropiadas. El 40% de ellos, 15.104 son hora cátedra, es decir están contratados para dictar clases, sin respetar sus labores de investigación y servicio a la comunidad. 10.249 son profesores ocasionales, el 27%, contratados por 8 meses anuales para rebajar costos a expensas de la calidad. De planta son 12.570.
Acompañar los estudiantes por mayor financiación es defender la sociedad porque sin educación no hay futuro viable.
