Guillermo Salazar Jiménez
Parodiando a los miles de chilenos que protestaron en las calles por un país diferente, Juana, aquella amiga dijo que “no es por 100 pesos, es por 200 años”, después de leer distintos artículos sobre la paz total y la problemática situación que viven miles de colombianos desplazados por la violencia. Agregó que dicha frase encierra el acentuado malestar que hay detrás de las víctimas de la guerra que nos azota desde hace décadas. Estas víctimas representan al otro gran número de colombianos pobres que sufren la violencia de la opresión y la discriminación.
Rusbel Caminante opinó que el interés gubernamental por aliviar la deuda con los desplazados recrea el alto nivel de desigualdad entre los que nada tienen y los que concentran en sus manos la riqueza de todos; por ello dicho alivio no es otra cosa que confirmar el deseo de saldar la deuda social del país. Dedujo que la disputa de los desplazados por sus derechos simboliza la lucha de los pobres por hacer de Colombia una sociedad más justa, digna y amable. Entre otras razones porque la mayoría de los desplazados son campesinos sin tierra y habitantes de barriadas sin empleo, todos empujados al destierro por las armas de actores oficiales y no oficiales.
Deuda con los desplazados es deuda social con los pobres, dijo Juana, aquella amiga, porque preservar la vida es un derecho humano, como lo son a la salud, al trabajo digno y a la educación de calidad. Señaló que resulta fácil advertir que las exigencias de las víctimas de la violencia son iguales a las demandas de los pobres por sus derechos humanos. Leyó en El Espectador que la representante de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, Luz Marina Becerra, expresó que “en medio de tanta ley y tanta conmemoración a las víctimas persiste una deuda sobre acceso a servicios básicos”.
Si los desplazados por la violencia ganan sus derechos a la salud, tierra, trabajo y educación, darán el mensaje de que la paz es posible y que los pobres de Colombia podrán gozarlos algún día. Rusbel Caminante prolongó su idea al afirmar que los voceros de las víctimas entienden muy bien el objetivo de ir más allá de exigir reparación a su sufrimiento, al fin y al cabo, representan los olvidados y explotados. Se trata de obligar al Estado a pagar la deuda social acumulada por décadas de históricas injusticias. Por ello resulta importante valorar la voluntad del gobierno actual por cumplir con el Acuerdo de Paz al tiempo que impulsa reformas sociales que buscan andar por el camino de la equidad para luchar por la paz total. Camino difícil de transitar por la férrea oposición de los dueños del país que temen soltar las amarras de su poder y riqueza para entregar a cuenta gotas los beneficios sociales contenidos en las reformas propuestas. Claro que la deuda con los desplazados es deuda social con los colombianos, si maestro Eduardo Galeano “Toda riqueza se nutre de alguna pobreza”.
