Por Álvaro Ayala

La condena por corrupción contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, no debe parar ahí. Es recomendable crear un tribunal que revise todas las sentencias proferidas por este emblemático miembro del cartel de la toga. De acuerdo con versiones de algunas personas que litigaban por esos meandros, como integrante de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia: “era sinuoso”.

Durante los ocho años que fungió como magistrado del más alto tribunal de justicia colombiana, Ricaurte, hizo y deshizo. Cobró a su antojo y nunca pagó impuestos por ganancias ocasionales. El ex magistrado que me contactó para darme luces sobre esta columna, explica que no hay antecedentes en la historia moderna sobre un aparato judicial más bochornoso que el montado por esa pandilla. Puede tener mucha razón el exmagistrado indignado.

Si Ricaurte negoció, cobró y se lucró con sumas millonarias por tramitar negocios de la sala penal, a la que no pertenecía, ¿cómo sería con los procesos laborales de su despacho en los que tenía el control? Este punto da motivo para dudar del individuo. ¿Cuántos expedientes tramitó mientras fue magistrado? ¿Cuáles falló con veneno? No permitía que alguien ingresara a su despacho con celular para evitar que le grabaran.

Cuando un abogado le recordaba que su proceso llevaba mucho tiempo al despacho, contestaba que era muy riguroso con el orden, pero estaba dispuesto a colaborar y apurar. Otra trampa de nuestro aparato judicial, saltarse la fila y los términos. Los que de derecho saben llaman a esa práctica justicia vejatoria.

A sus sentencias hay que ponerle los reflectores para encontrar sus oscuridades. Ricaurte es un andrajoso jurídico. Con altos estudios y oportunidades prefirió el moho de las rejas antes que la bendición de su hogar y la fraternidad de sus amigos. Está en la cárcel porque él lo escogió. El tipo es rico económicamente, pero un desdichado que utilizó la majestad de la justicia para obtener el oro que finalmente lo arruinó.

La historia dice que políticos y particulares se han corrompido. Pero cuando los jueces creados para combatir la corrupción, se corrompen, la sociedad está en peligro y son altas las probabilidades de caer en un Estado fallido.