Aldemar Giraldo Hoyos
La misión del Ejército Nacional es conducir operaciones militares orientadas a defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial y proteger a la población civil y los recursos privados y estatales para contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo, que garantice el orden constitucional de la nación. Escrito se ve y suena muy lindo, pero la realidad es otra; lo sucedido en el resguardo indígena Dokabu de Pueblo Rico, el pasado 21 de junio de 2020, quedará para la historia como algo atroz, salvaje, inhumano y cruel.
Siete soldados del pelotón Buitre II de la Octava Brigada del Ejército Nacional secuestraron a una niña de once años, la llevaron a una zona apartada y la violaron; olvidaron que era un ser indefenso, menor de edad, niña e indígena; destrozaron sus prendas de vestir y se repartieron su cuerpo como si se tratase de un trofeo de guerra o una carnada distribuida entre carroñeros.
Desafortunadas e inoportunas las declaraciones de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien insinuó que se trataba de falsos positivos y que buscasen los responsables entre las Bacrim; puso en duda la versión de la víctima al intentar evitar que se juzgara a los señalados, antes de que estos aceptaran los cargos; tampoco faltaron expresiones como: “esas niñas se insinúan mucho o persiguen a los soldados”, como quien dice, los pájaros tirándoles a las escopetas. La niña cometió un pecado: era indígena y pobre y esto disminuye la gravedad de la falta o la maleficencia o maldad del autor ante la sociedad.
Colombia sigue siendo un país que mata el futuro y destroza el porvenir; los niños tendrán que estar encerrados siempre o, en su defecto, acompañados en todo momento por guardaespaldas o esbirros que les impiden disfrutar de la libertad y la inocencia. En estos momentos se encuentran enclaustrados, rodeados de paredes y recibiendo la peor educación de la historia; sin poder empujar a sus compañeros, mirando a través de las vidrieras o anestesiados con la virtualidad. Si son pobres, nada reciben, pues carecen de “datos” y de aparatos que les permitan ver la escuela desde lejos; sin tener la culpa sufren las consecuencias de la irresponsabilidad de los mayores y la indiferencia del Estado; no saben por qué les ponen tapabocas ni por qué les cierran las puertas y ventanas.
La niña violada por los soldados de la patria es el símbolo de todos los menores que han entregado su honor y su vida por el solo hecho de ser infantes, por hacer uso de la movilidad; por creer en los mayores y en los familiares cercanos y por pensar que más allá hay dulzura y bondad. Los abogados y criminalistas pueden calificar este delito con los nombres y apelativos que quieran, pero cuando las víctimas sean sus hijos o nietos, lo verán como lo más horrendo y despreciable; no vacilarán en pedir cadena perpetua o pena de muerte para los victimarios. Como decía mi abuela: “Justicia quiero yo, mas por mi casa no”.
